Tropelía

¿Cómo alguien en su sano juicio puede pretender que un enfermo mental sea consciente de que está enfermo y pida ayuda? Pero el problema, que considero que vulnera el juramento hipocrático que hacen los médicos de cuidar de la salud de sus pacientes, es que ningún familiar puede ir a pedir ayuda o información al doctor asignado por la S.S. al enfermo, porque, según la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, este se negará en rotundo a darle información de cuál es la situación sanitaria del enfermo, ni siquiera les alertará de su progresivo deterioro. Y si, para colmo, el enfermo va en una fase en la que controla un tanto su trastorno..., apaga y vámonos, porque el médico, entre la falta de tiempo para dedicar a cada enfermo y la versión maquillada de este, no se enterará de nada.

Por vergüenza, por esperanza, por si acaso, por si son figuraciones, por si fuera que no está tan mal como nos parece, por amor..., la familia aguanta lo inaguantable, soporta lo insoportable y vive en continuo temor esperando sus manipulaciones, sus manías, sus ataques de ira descontrolada... hasta que dolorosamente se ven obligados, para preservar su integridad física, a denunciar a sus propios hijos o parejas para que las instituciones inexistentes hasta entonces para hacer algo preventivo, se vean forzadas a ingresarlos.

Y aquí viene el drama: ningún paciente denunciado por padres, pareja o hijos, perdonará jamás que hayan sido estos quienes lo hayan denunciado, quienes hayan proclamado en voz alta que estaban tan mal de la cabeza como para que sean apartados de ellos de manera judicial. Cosa distinta ocurriría si fuese el especialista en salud mental quien lo derivara a ingreso involuntario en un psiquiátrico o en la planta de psiquiatría de un hospital. Peor todavía es cuando ya están diagnosticados (conozco casos muy graves) y tienen un brote de esquizofrenia. Los familiares suelen llevarlos a Urgencias, pero de allí los envían a casa con medicación, sin más.

El crimen que ha perpetrado esta chica de Librilla llamada Emara se podía haber evitado. Estaba diagnosticada de esquizofrenia, pero cuando estaba medicada era una chica normal (¡Ay, Señor, ¿qué será ser normal?!). Era pedagoga, tenía un perro al que sacaba a pasear y bebía Coca Cola, mucha, con los amigos. Se negaba a tomar su medicación y por sus repetidos ataques de violencia, sus padres se vieron obligados a denunciarla, y eso fue algo que ella nunca les perdonó.

El psiquiatra forense, José Carlos Fuertes, hablaba de la actuación pertinente en estos casos: «Un ingreso urgente y un tratamiento muy incisivo que controle esas ideas delirantes hasta que la paciente recupere la normalidad, es controlable, insistía; el problema que tenemos en psiquiatría es que los pacientes no perciben que están enfermos y, cuanto más grave están, menos conciencia de la enfermedad tienen, y encima las normas administrativas que padecemos actualmente están ayudando a que esto vaya a peor».

Insistió en el grave problema presente y vigente por culpa de unas leyes que no protegen al enfermo, ni mucho menos a sus familias, y en el disparate de no poder tratar ambulatoriamente, de forma involuntaria, a una persona sabiendo que no tiene su capacidad de entender, querer y obrar en condiciones adecuadas. Es un problema del legislador y de una sociedad que no se pone en pie de guerra para que esas leyes cambien. Mientras tanto, psiquiatras, familias y una parte de la sociedad con un mínimo de empatía asistimos al dolor que producen estos desgraciados acontecimientos.

Bastaría una orden del juez para obligar al enfermo a tomar la medicación y hacerles entender que antes de estar treinta años en una cárcel, van a estar un año en tratamiento.

Me decía mi amiga, suscribiendo las palabras del psiquiatra, que todo esto es un desafuero, una tropelía triste y patética, pero imagino que necesitaremos muchos más crímenes injustos para que las leyes cambien.