El precio de la absolución

El proceso comenzó con la acusación en torno al proyecto de la tubería del Carmolí, una iniciativa que en su momento fue concebida con la intención de aportar soluciones ante la degradación de nuestro Mar Menor en el año que estallaba la llamada 'sopa verde'. Sin embargo, lo que en un principio parecía un camino de mejora, se convirtió en una batalla legal que ha dejado marcas indelebles en mi vida.

Los titulares de los medios locales han resaltado la controversia, pero detrás de las frías líneas de las noticias hay una historia de desgaste personal que pocas veces se vislumbra. Las audiencias interminables, los testimonios y la exposición constante en la esfera pública han socavado mi bienestar emocional. El estrés asociado con el proceso ha afectado a mi salud y ha permeado cada faceta de mi vida.

Lo que añade una carga adicional a esta situación es el daño reputacional que inevitablemente acompaña a cualquier proceso judicial. Las acusaciones, incluso si resultan infundadas, dejan una mancha en la percepción pública. El precio que se paga por la presión mediática y las especulaciones es incalculable, y la sombra de la duda puede perdurar mucho después de que se haya alcanzado una resolución legal.

Aprovecho este espacio para reconocer la importancia del apoyo durante este difícil proceso. Quiero agradecer a mis abogados, el murciano penalista Aurelio Llanes y Jesús Sedano, especialista en derecho ambiental del despacho de URIA Menéndez, quienes han sido pilares fundamentales en mi defensa, y a mi procurador Manuel Sevilla, que me ha acompañado en este largo camino judicial. También mencionar a Andrés Martínez Francés, el que fuera mi director general de Agua en la Consejería, quien ha compartido esta dura travesía conmigo, enfrentando juntos los desafíos de este proceso.

Más allá de mi experiencia personal en este proceso judicial, es crucial reflexionar sobre la realidad que enfrentan muchos políticos que se ven imputados en procedimientos legales, de los cuales, a pesar de ser absueltos, sufren un desgaste significativo en su vida pública y personal.

En mi sentencia absolutoria, la Sala deja constancia, aun careciendo de relevancia práctica, que la participación en los hechos que me es atribuida no puede ser de autora «acreditada falta de intervención de la misma en la tramitación del expediente administrativo que dio lugar a la emisión de la orden». «Por tanto, en modo alguno podría serle atribuida subjetivamente la comisión del delito imputado a la acusada, al limitarse a admitir la propuesta efectuada por la Dirección General del Agua, que tenía competencia para promover la actuación, y que venía precedida de los correspondientes informes emitidos tanto por parte de dicho organismo, como de la Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente (OISMA)».

La imputación injusta, aunque finalmente conducida hacia una absolución, deja una huella indeleble en la reputación de aquellos que han dedicado su tiempo y esfuerzo al servicio público. El recuerdo de su paso por la administración, en ocasiones, se limita a la sombra de una acusación que resultó infundada. Este fenómeno no solo afecta la percepción pública, sino que también erosiona la confianza en la integridad y dedicación de quienes han servido a la comunidad. El desgaste personal no se limita únicamente al ámbito profesional, ya que la eternización de estos procesos judiciales arrambla con la vida en todos sus aspectos, sumiéndola en un estado de 'stand-by' infinito.

Es imperativo considerar el impacto duradero de estos procesos y abogar por reformas que promuevan una justicia eficiente y equitativa. La prolongación innecesaria de los procedimientos no solo agrava el sufrimiento individual, sino que también cuestiona la efectividad y la humanidad de nuestro sistema judicial.