Una huelga precipitada

En primer lugar, el nuevo texto propone una renovada gobernanza de los recursos humanos basada en la planificación, la estabilidad del empleo y la racionalización de las plantillas. Se articula un sistema de ordenación que permite adaptar los puestos a las competencias necesarias, incorporar mecanismos de movilidad funcional y prever convocatorias periódicas de acceso, promoción y carrera profesional. Por primera vez, se considera al personal investigador, se reconocen derechos a profesionales que participen en proyectos de cooperación, se regula la desconexión digital y se establecen medidas de protección para profesionales víctimas de violencia de género o sexual. Se garantiza el reconocimiento de trienios y carrera profesional en casos de servicios especiales y se clarifica la situación de personal que pasa a desempeñar funciones bajo otro régimen jurídico.

Uno de los puntos más controvertidos es la regulación de las jornadas de guardia. Aunque los sindicatos consideran acertadamente que no se aborda con suficiente ambición su reducción o eliminación, la propuesta representa un avance respecto a la normativa actual, que ellos mismos han aceptado durante años. El nuevo texto introduce límites horarios más claros, diferencia entre tiempo de trabajo y localización, contempla exenciones justificadas y asegura compensaciones sin pérdida retributiva, todo ello en línea con la normativa europea. La crítica de las organizaciones sindicales a la obligación de cinco años de exclusividad para los nuevos especialistas es también razonable. Este y otros aspectos susceptibles de perfeccionamiento están precisamente pendientes de desarrollo reglamentario o de consenso en las mesas sectoriales. Convertir esas materias en motivo de rechazo frontal al conjunto del texto es un ejercicio de maximalismo que deslegitima el proceso negociador y niega la posibilidad de construir mejoras desde el diálogo.

La huelga médica llega en un momento crítico para el sistema sanitario público, marcado por años de recortes, presión asistencial y creciente desigualdad. Resulta preocupante que desde posiciones sindicales se defienda una total compatibilidad entre el ejercicio público y privado, ignorando los límites europeos al tiempo de trabajo. Paradójicamente, no se han alzado voces frente a los abusos salariales ni a las condiciones opacas del sector privado. Defender la profesión médica requiere, además, proteger el sistema público y no debilitarlo con planteamientos corporativos que ignoran el marco regulador y la dedicación necesaria al servicio público de salud.

Sin duda, es fundamental reconocer la complejidad del desempeño médico, caracterizado por una alta responsabilidad clínica, necesidad de toma de decisiones bajo incertidumbre y una exigente formación continuada, pero sin desdibujar la contribución esencial de otras profesiones sanitarias, cuyo desarrollo autónomo y colaborativo es igualmente necesario para garantizar una atención integral, segura y equitativa a la ciudadanía. El Estatuto Básico del Empleado Público define los subgrupos A1 (médicos, psicólogos clínicos, farmacéuticos) y A2 (enfermería, fisioterapia, trabajo social) en función del nivel académico, no del título específico. El Estatuto Marco no puede crear un grupo exclusivo para médicos sin contradecir el marco legal común de la función pública. El reto está en el desarrollo reglamentario posterior. Una huelga en solitario de la profesión médica reivindicando singularidad no va a favor de la necesaria cooperación profesional en un sistema sanitario cada vez más complejo y, en España, excesivamente médico-dependiente.

Es llamativo el respaldo político que algunos gobiernos autonómicos como el murciano han expresado hacia la huelga médica, cuando son precisamente estas administraciones las responsables directas de muchos de los abusos estructurales que los sindicatos aseguran querer erradicar. Sistemas de guardias interminables, contratos precarios encadenados o falta de planificación de recursos humanos han sido prácticas normalizadas durante años en nuestro servicio de salud. El borrador del nuevo Estatuto Marco introduce precisamente limitaciones y controles.

La propuesta provisional del Ministerio no es perfecta, pero, sin duda, es una oportunidad para avanzar hacia un modelo más justo, profesionalizado y sostenible de gestión del personal sanitario. La huelga del colectivo médico de este viernes no parece orientada a mejorarlo, buscando sinergias con otros colectivos profesionales, sino a bloquearlo con un llamamiento sobreactuado que pretende instrumentalizar el descontento médico, que existe y tiene causas históricas que lo justifican, y que, en parte, esta iniciativa legislativa pretende abordar. Quienes pierden con la polarización no son los gestores ni los responsables políticos, sino los propios profesionales sanitarios que, tras décadas de parches y precariedad, necesitan una regulación clara, equitativa, moderna y alejada de una precipitada y, a juicio de la ADSP, politizada, confrontación.