El independentismo tropieza con la piedra de la justicia europea
Los tribunales de la UE han respaldado a las instituciones del Estado ante los recursos de los dirigentes del 'procés'
El empeño de las fuerzas independentistas por involucrar a la justicia europea en la causa catalana –identificada con el 'procés'– ha caído hasta el momento ... en saco roto. El objetivo ha sido doble. Por un lado, ha existido un interés personal por anular o evitar sanciones que incluyen penas de cárcel o inhabilitación. Por el otro, ha primado el cálculo político para obtener a través de las sentencias emitidas desde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) una condena a la supuesta persecución política desde los poderes del Estado español a la vez de un reconocimiento de legitimidad al 'procés'. No es una estrategia innovadora. Ya la puso en práctica la izquierda abertzale en el pasado con un resultado decepcionante para sus intereses.
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La inmensa mayoría de los veredictos emitidos hasta ahora han respaldado punto por punto las acciones del Gobierno y de los tribunales españoles, como por ejemplo la solicitud de retirada a Carles Puigdemont de la inmunidad que lleva aparejada el acta de europarlamentario, una medida que dejó al expresidente de nuevo expuesto a una orden de extradición. El Supremo vio a su vez refrendada el jueves la decisión del juez Pablo Llarena de mantener en prisión preventiva a Junqueras, Turull y Sànchez antes de ser juzgados al considerar riesgo de fuga y de reincidencia.
Y el Constitucional ha visto incluso reforzadas sus sentencias y su legitimidad al considerarse desde Europa que «persigue un objetivo legítimo: la protección del orden constitucional y de los derechos de la ciudadanía».
El turno de la amnistía
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene ahora sobre su mesa una de las tareas más relevantes de cuantas le ha tocado abordar: resolver si la ley de amnistía encaja en el Derecho comunitario y el alcance de su aplicación, un asunto sobre el que se pronunciará a modo de anticipo esta próxima semana el abogado general del TJUE.
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El TJUE aún debe resolver si mantiene este delito de malversación contra Puigdemont, lo que permitiría su extradición
Han sido presentadas cuestiones prejudiciales por el Tribunal de Cuentas, la Audiencia Nacional, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y un juzgado penal de Vilanova i la Geltrú. El Supremo se basó en la literalidad de la propia amnistía para negársela a Puigdemont al interpretar sigue vigente la acusación de malversar por la organización del referéndum ilegal del 1-O. El Tribunal de Cuentas sostiene que se perjudicó los intereses comunitarios y, por tanto, el delito trasciende a la legislación nacional, haya o no ley de Amnistía de por medio. Si el TJUE no lo exonera, Puigdemont se enfrentaría a hasta ocho años de prisión en caso de ser extraditado.
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