El Gobierno carga contra Peinado por «el acoso a la familia» de Sánchez
Con el presidente en Nueva York y a diferencia de la contención sobre su hermano, los ministros salen en tromba a cuestionar el juicio a Begoña Gómez ·
El Gobierno, que pensaba haber sacado cabeza en este inicio de curso agitando la bandera contra «el genocidio» de Israel en Gaza, está viendo cómo ... la semana con Pedro Sánchez en la Asamblea anual de la ONU se le complica por momentos. En menos de 24 horas, el Ejecutivo ha visto cómo el bloque de investidura se resquebrajaba en el Congreso por el pacto con Junts para ceder competencias migratorias a Cataluña y cómo la Judicatura -la Audiencia de Badajoz en un caso y el magistrado Juan Carlos Peinado- enviaban a juicio al hermano y la mujer del presidente por conductas de presunta corrupción amparadas en la influencia política de éste. En una tesitura que la oposición cree más insostenible a cada día que pasa y con los aliados peleados entre sí, el entorno de Sánchez ha salido en tromba a cuestionar la resolución de Peinado, a diferencia de la contención con que el Gobierno evaluó la víspera el auto del tribunal pacense.
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El titular de Juzgado de Instrucción número 1 de Madrid se ha erigido tanto en su bestia negra judicial a ojos del Ejecutivo como, precisamente por ello y por los límites que ha impuesto la Audiencia Provincial madrileña a su instrucción sobre Gómez pese a avalarla en lo fundamental, en el miembro de la Magistratura al que más cerca ha situado de acusarlo de prevaricación. Fuentes de Moncloa exhiben «la estupefacción» y «la incredulidad» que ha suscitado en el Gobierno el auto de Peinado por el que manda a juicio a la mujer de Sánchez por malversar supuestamente dinero público al utilizar para sus fines profesionales a Cristina Álvarez, asistente en el complejo presidencial. Resolución cuya pertinencia en este momento procesal se cuestiona y que esos mismos medios traducen como el corolario de «la persecución y el acoso a la familia» del jefe del Ejecutivo.
El martes, el enjuiciamiento de David Sánchez y del líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, propuesto por la jueza Beatriz Biedma y ratificado por la Audiencia de Badajoz, cogió a la ministra portavoz, Pilar Alegría, en la rueda de prensa semanal posterior al Consejo. Alegría expresó el «respeto» gubernamental al auto del tribunal pacense confiando en que «el tiempo pondrá las cosas en su sitio» y alumbrará «la verdad», pero cuidándose de poner en solfa la profesionalidad de los jueces, a los algunos de los cuales el presidente atribuyó inclinaciones políticas en su entrevista de hace tres semanas en TVE. Veinticuatro horas más tarde, el Ejecutivo no se ha andado con remilgos con Peinado, al que señala por «buscar la humillación» de Gómez citándola este sábado por la tarde en su juzgado para comunicarle su envío a juicio y recurriendo al sarcasmo para valorar el jurado popular al que se enfrentará la encausada: que se llame «a los de la calle Ferraz», ha ironizado la titular de Vivienda, Isabel Rodríguez, en alusión a los manifestantes ultras que han protagonizado concentraciones a las puertas de la sede central del PSOE en Madrid.
«Surrealista, se explica por sí solo», ha descrito la propia Alegría la resolución de Peinado, mientras Félix Bolaños -el interlocutor con los órganos de gobierno de la Magistratura en su calidad de responsable de Justicia- ha situado sus expectativas en que «un tribunal imparcial pondrá las cosas en su sitio» dado «lo garantista» que el sistema de contrapesos judicial español; o lo que es lo mismo, Bolaños ha vuelto a levantar sospechas sobre la falta de neutralidad del instructor, al que en varias ocasiones en estos meses ha colocado implícitamente al borde de la prevaricación, la acusación más grave -es delito dictar medidas a sabiendas de que son injustas- que se puede proferir contra un togado. Y por la que hoy mismo Peinado se ha querellado contra los también ministros de Transporte, Óscar Puente, y de Interior, Fernando Grande-Marlaska, juez a su vez de carrera. «Me gustaría hablar de cosas serias», ha rematado este último la crítica gubernamental.
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