El fiscal general pide que se le retire la fianza porque no está obligado a pagarla

En el recurso presentado el miércoles, la Abogacía del Estado, en defensa de García Ortiz, pide que se anule o, subsidiariamente, se rebaje la caución. El elemento central del escrito del fiscal general es que en realidad García Ortiz no estaría obligado a afrontar el pago de fianza alguna en aplicación de la Ley de Asistencia Jurídica al Estado y a las Instituciones Públicas. Esta norma establece que «el Estado y los órganos constitucionales, estarán liberados de la obligación de prestar garantías y depósitos de dinero en los procedimientos judiciales y administrativos en los que estén involucrados».

En su recurso de apelación los servicios jurídicos del Estado se esmeran en negar la tesis de González Amador (que en su momento llegó a pedir aumentar la fianza hasta los 300.000 euros aunque en las últimas horas ha desistido ya de esa pretensión) de que los daños morales están siendo continuados pues diferentes periodistas y políticos se siguen refiriendo a él como «delincuente confeso». La defensa de García Ortiz recuerda que la Sala de lo Contencioso del Supremo, en los fallos a las demandas presentadas ya por el novio de la presidenta en defensa de su honor contra diferentes aforados del Gobierno, ha zanjado que esa expresión no es más que parte de la crítica política.

Hurtado impuso al fiscal general una fianza de 150.000 euros que posteriormente rebajó a 75.000 euros tras darse cuenta de que había cometido un error en el cálculo porque en la primera cantidad incluía la posible multa, algo que la doctrina constitucional no permite porque supondría anticipar una eventual sentencia condenatoria.

El magistrado rebajó la fianza justo un día después de que García Ortiz, según fuentes del procedimiento, hiciera efectiva la caución de 150.000 euros, después de tener que recurrir a avales bancarios con parte de su patrimonio como garantía, ya que no disponía en efectivo de esa cantidad.

El máximo responsable del Ministerio Público, según estas mismas fuentes, rechazó la ayuda monetaria que numerosos allegados, amigos y personas anónimas le habían ofrecido para enfrentar esta fianza, ya que García Ortiz no quería implicar a terceras personas en este procedimiento.

El pasado lunes González Amador pidió al Supremo (para luego retractarse) que duplicase esa caución hasta los 300.000 euros, al considerar que los daños morales sufridos como consecuencia de la filtración del correo en el que su abogado reconocía que su cliente había cometido un doble delito fiscal y el «relato político» hecho con ese argumento por los contrincantes de Ayuso no han cesado ni un día.

La defensa de González Amador aseguraba que «jamás ha existido en nuestro sistema jurídico y constitucional una vulneración de los derechos fundamentales de un ciudadano tan intensa, lesiva y significativa derivada del comportamiento del fiscal general del Estado».

Fue el pasado 9 de septiembre cuando el instructor Hurtado fijó la fianza original de 150.000 euros en la misma resolución que ordenaba sentar en el banquillo al máximo responsable de la Fiscalía española por un delito de revelación de secretos. Hurtado, en una resolución sin precedentes en la historia judicial, acordó la apertura de juicio oral contra un fiscal general del Estado, acusado de haber maniobrado para entregar un correo a la prensa en el que la defensa del empresario Alberto González Amador admitió un fraude tributario de 350.000 euros en busca de un acuerdo extrajudicial.