Las distintas líneas de defensa amenaza la unidad soberanista en el juicio del 'procés'

Sus declaraciones cayeron como un terremoto en la unidad de acción independentista con respecto al juicio, ya que supuso desmarcarse de la línea de actuación abierta desde que la Fiscalía presentó sus primeras querellas en septiembre de 2017. «Yo no sé lo que es una causa política. Sé lo que es una prueba y la responsabilidad sobre unos hechos. No es mi estrategia poner el acento en aspectos comunicativos, como algunos de mis compañeros», señaló Melero.

En sus respuestas, este reputado penalista que formó parte del núcleo impulsor de Ciudadanos hace 13 años elogió el «prestigio» y la «competencia» del juez instructor del 'procés', Pablo Llarena, pese a la sorpresa que supuso algunas decisiones de un magistrado «de largo recorrido en Cataluña». «(En un momento dado) marcó unas líneas rojas, que eran renunciar a la unilateralidad, acatar el 155 y colaborar con el tribunal. El criterio del tribunal no cambió por el discurso del Rey del 3 de octubre ni por las elecciones del 21 de diciembre. Fue cuando el juez vio que los citados empezaban a no comparecer, Marta Rovira, Carles Puigdemont...», señaló para sorpresa de muchos.

Las palabras radiofónicas de este firme abanderado del patriotismo constitucional, que antes de Joaquim Forn trabajó en la defensa de Artur Mas en la causa por la consulta del 9-N de 2014 (fue recientemente condenado a 13 meses de inhabilitación para cargo público por desobedecer al Tribunal Constitucional), tuvieron eco en la Sala Segunda del Supremo, competente para juzgar el 'procés'.

Desde la Sala recibieron con gratitud estas menciones e, incluso, destacaron que la 'vía Melero' podría ser más provechosa para conseguir la absolución que la difundida por la mayoría de sus colegas de estrado. Más allá de los criterios técnicos y/o jurídicos de las defensas, no hay que obviar que los procesados se enfrentan a altas penas que van de los siete a los 25 años de cárcel, y tratar de deslegitimar al tribunal o plantear un juicio político «es perfectamente lícito pero bastante temerario», advierten fuentes del Supremo.

Melero, por ejemplo, ha avanzado que las pruebas de la Fiscalía solo llevan a la absolución del exresponsable político de los Mossos d'Esquadra durante el 'procés'. «No tiene un relato contrario al mío. El suyo está construido en base a declaraciones, tuits y opiniones de terceros y tendrá un problema para demostrar que los Mossos actuaron como una policía política», consideró.

Una estrategia técnica más alejada de la que ofrecen los abogados de Oriol Junqueras y Raül Romeva o el de Josep Rull, Jordi Turull y Jordi Sànchez. Tanto Andreu van den Eynde como Jordi Pina, respectivamente, creen que sus clientes han sufrido una campaña de criminalización desde todos los ámbitos y que el Estado ha vulnerado sus derechos fundamentales. «Irán al Supremo a luchar, a demostrar que solo obedecieron la voluntad popular y que no alentaron un alzamiento violento contra la fuerzas de seguridad», dice Pina en su escrito.

Más incendiaria es la abogada de Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural. Marina Roig acusa directamente a la Fiscalía de «encubrir la tortura» y «generar impunidad» al no perseguir a los agentes de policía que golpearon a ciudadanos el 1-O. En línea con sus otros dos colegas, denuncia además que se han vulnerado sus derechos para «proteger a toda costa la unidad territorial española». E invoca la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para señalar, de forma explícita, la parcialidad del sistema judicial español. Una mención propia de esa unidad de acción que han pretendido difundir las defensas hasta la irrupción de la 'vía Melero'. Que todo esto se va a acabar jugando en Estrasburgo, en una suerte de segunda vuelta en terreno neutral.

Así, de verse el juicio como una oportunidad para el soberanismo, como una plataforma electoral, podría convertirse también en un riesgo si se visualizan las diferencias en las defensas. Que la vista se convierta en una especia de sálvese quien pueda entre los acusados. Un ejemplo es que no han sido capaces de encontrar un portavoz conjunto.

También se teme que algún procesado -el propio Forn o los exconsejeros Meritxell Borrás o Santi Vila- rebaje el alcance de los hechos de octubre de 2017 o que el juicio se convierta en una lona de combate para saldar cuentas pendientes entre el preso Junqueras y el huido Puigdemont.