La Audiencia Nacional rebaja a 13 años la condena a Villarejo y reitera que no cometió cohecho

En el caso del socio del comisario jubilado en la mercantil Cenyt, Rafael Redondo, la Sala le condena a nueve años de cárcel frente a los 13 de la primera sentencia tras absolverle también del delito de falsedad documental. Igualmente se castiga a otras ocho personas a penas de entre tres meses y dos años de prisión.

En este procedimiento se juzgaron de forma conjunta tres piezas separadas: Iron, relativa a la contratación de Villarejo y su empresa por parte de un bufete de abogados para obtener información de un despacho de la competencia; Land, que se centró en la investigación al entorno del dueño de Procisa por mandato de una de sus hijas en el contexto de una pugna familiar por la herencia; y Pintor, que se centró en el encargo a Villarejo de dos hermanos empresarios -Juan y Fernando Muñoz Támara, marido y cuñado de la presentadora Ana Rosa Quintana- para que recabara información de un antiguo socio y el abogado de este que les permitiera resolver un litigio fiscal a su favor.

La Sección Cuarta de la Sala Penal, en julio de 2023, condenó a Villarejo por estos hechos a 19 años de cárcel, pero en mayo del año siguiente la Sala de Apelación anuló esa primera sentencia y ordenó redactar una nueva en la que se valorase la totalidad de la prueba practicada y se pronunciara sobre todos los delitos objeto de acusación. En octubre de 2024, el tribunal dictó una nueva resolución como se le había ordenado y volvió a castigar a Villarejo a 19 años de cárcel.

Ahora, la Sala de Apelación, con ponencia del magistrado Eloy Velasco, resuelve los recursos contra esta última sentencia, entre ellos el presentado por la Fiscalía Anticorrupción en el que alega diversos motivos, entre ellos que se condenara a Villarejo por cohecho pasivo y a otros acusados del delito de cohecho activo.

Pero el tribunal consideró que no existió soborno (un delito que conlleva mayores penas) por cuanto los encargos al comisario y a su empresa Cenyt no se realizaron en el ejercicio de su cargo en la Policía Nacional ni guardaban relación con sus actividades públicas. Es decir, se da por hecho que los clientes de Villarejo desconocían su actividad policial.