La juez argentina Servini investigará el asesinato y desaparición de García Lorca

El olivo y monolito donde en se buscaron los restos del poeta sin éxito en Alfacar, Granada./
El olivo y monolito donde en se buscaron los restos del poeta sin éxito en Alfacar, Granada.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica denunció los hechos tras aparecer un informe policial de 1965 en Granada que identificó al poeta como «masón» y «homosexual»

MATEO BALÍNMadrid

Nuevo paso en la investigación de la querella por los crímenes del franquismo. La juez argentina María Servini, instructora del procedimiento, ha decidido admitir a trámite la denuncia presentada por el asesinato del poeta Federico García Lorca, del que se cumple el 80 aniversario, después de que haya sido incorporada a la causa por supuestos crímenes contra la humanidad, según fuentes judiciales.

La titular del Juzgado Federal número uno de Buenos Aires admitió la denuncia que presentó en abril la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) y envió el exhorto pertinente a las autoridades judiciales españolas. El colectivo presidido por Emilio Silva decidió denunciar los hechos tras la aparición en abril de 2015 de un informe de la Jefatura Superior de Policía de Granada, fechado en 1965, que alude al asesinato de García Lorca en el entorno de Fuente Grande, en Alfacar (Granada).

En ese documento identifican al poeta como "socialista" por su vínculo con Fernando de los Ríos y otros "jerifaltes de igual signo político". Figura también como "masón", perteneciente a la logia Alhambra con el nombre simbólico de "Homero", y "homosexual". Dice el documento que cuando se produjo la sublevación militar García Lorca se encontraba en Granada, adonde había llegado días antes de Madrid, ciudad en la que residía. Según se recoge en la denuncia, en el lapso de pocos días se practicaron dos registros en su domicilio, a raíz de lo cual se refugió en casa de sus amigos los hermanos Rosales Camacho (antiguos falangistas), donde permaneció hasta su detención, que el documento sitúa entre los últimos días de julio y los primeros de agosto de 1936.

Con una orden de detención del Gobierno Civil, un grupo formado por Ramón Ruiz Alonso (diputado por la alianza de derechas CEDA), Juan Trescastro y otros jefes falangistas locales se dirigieron al domicilio de los Rosales Camacho, acompañado por uno de los hermanos, que debía franquearles el acceso. La casa había sido rodeada por milicias y guardias de asalto, que habían tomado bocacalles y tejados próximos.

"Pasado por las armas"

Una vez efectuada la detención, se condujo a García Lorca a los calabozos del Gobierno Civil. Se interesaron por él, y por su libertad, los hermanos Rosales Camacho y el jefe local y el jefe de Milicias de Falange, además de otras personas cuyos nombres se han ocultado. Tras entrevistarse con el entonces Gobernador Civil de la provincia, no consiguieron la libertad del detenido pero "obtuvieron la impresión de que ya no corría peligro su vida".

Sin embargo, García Lorca fue sacado del Gobierno Civil "por fuerzas dependientes del mismo" y conducido en un coche a Víznar junto a otro detenido, y que en las inmediaciones de Fuente Grande "fue pasado por las armas". La asociación envió estos documentos a la juez Servini, a quien instó a pedir al Ministerio del Interior el informe de 1965 y la identidad de los policías de la tercera brigada de investigación social de la Jefatura Superior de Granada que lo elaboraron.