Vuelven a poner en cultivo la finca Los Pocicos de Caravaca de la Cruz, donde la CHS cerró un pozo ilegal

Este mayo y después de 13 años de denuncias -la primera la interpuso Caralluma en 2012-, recursos y contenciosos, la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) procedió por fin a sellar por primera vez en la comarca del Noroeste un pozo ilegal, el que surtía los cultivos intensivos de la finca de Los Pocicos, en la cañada de Tarragoya, que está en la parte alta del valle del Quípar. Una alegría para los vecinos de las pedanías altas de Caravaca, tras casi dos décadas luchando por la conservación de su territorio, que ha durado demasiado poco.

De hecho, el Consejo de Defensa del Noroeste denuncia que, en apenas dos meses, la empresa que explota esta finca (de unas 40 hectáreas), ubicada entre La Almudema y Los Royos, ha vuelto a poner en cultivo la zona. «Recogieron la cosecha de brócoli que había cuando se cerró el pozo y ya han plantado otra nueva. A pesar de que la CHS cerró un pozo ilegal, continúan otras extracciones o derivaciones ilegales, ya que la finca en cuestión sigue con la agricultura intensiva como si nada. ¿De dónde sacan el agua?, ¿qué hace y al servicio de quién está la CHS?», expresan con hartazgo los habitantes de la zona.

En el valle del río Quípar (y también del Argos), «la situación es crítica y va a peor; si no se detiene todo este proceso de sobreexplotación y contaminación por nitratos ya», el futuro se plantea muy negro para este territorio de la Región. Pues, como describen, el cultivo tradicional de sus tierras (cereal, alfalfa, frutales y hortalizas para autoconsumo) se ha convertido en un actividad nada rentable y prácticamente imposible. «El agua de la que legalmente disponen ya no existe, puesto que fuentes, manantiales y ríos se están desecando». Y cita como ejemplo el caudal de la fuente de La Junquera, que «este verano apenas alcanza los 5l/sg, una cuarta parte de lo habitual», o el Quípar entre Los Royos y La Encarnación, «unos 15 o 20 km en los que el río ha sido absorbido, eliminado, desecado y contaminado por grandes empresas hortícolas», lo describen y muestran una foto. Lo mismo que ha ocurrido, denuncian, con algunos tramos del río Argos, que «siempre tuvo agua».

Para constatar sus afirmaciones se remiten a los datos de caudales publicados por la propia CHS, así como a los análisis de contaminación de las aguas de fuentes, que ellos mismos han replicado en distintas zonas y que contienen, en casos como el del río Quípar, «una contaminación de 100mg/l de nitratos, similar a la de la rambla del Albujón en el Mar Menor».

Nativos y habitantes de los dos valles fluviales que están dispuestos a defender sin tregua, consideran «una tomadura de pelo la actuación de la CHS. Con sanciones ridículas frente a enormes beneficios por los varios ciclos de cultivos durante los largos años de trámites administrativos y judiciales y cuya resolución no les exige la restitución de las tierras a su estado anterior». Aclaran que, sin el pozo, el derecho de riego concedido por la Comunidad de Regantes de Cañada de Tarragoya, «que es un recurso bastante precario, es imposible que saquen adelante tantas cosechas anuales».

Son infinitos los ejemplos de abusos que se topan en su día a día en las pedanías altas de Caravaca y que documentan con vídeos y fotografías casi a diario: un pantano conectado a una derivación ilegal del agua del Quípar en la zona de la rambla de las Peñicas; regadíos ilegales en Benablón (valle del Argos); relleno de una rambla y roturaciones de monte en Oícas de Arriba (Archivel); van enumerando sin fin.

Para poner coto a estos abusos, que «están convirtiendo el Noroeste de la Región en el nuevo y peor Campo de Cartagena, debido fundamentalmente a los efectos acumulados de la agricultura y la ganadería intensivas, sin control», vuelven a reiterar a la CHS que si no hace una auditoria completa de las transformaciones a regadío en la zona, «como mínimo que controle las superficies y número de ciclos de cultivo anuales para evaluar los volúmenes reales de agua que se bombean y saber cuáles están fuera de control o detectar posibles extracciones ilegales», además de la apertura de expedientes que se resuelvan con sanción, el cierre efectivo de todos los aprovechamientos ilegales y la restitución del terreno a su estado original.

«Solo entre 2022 y 2024, fueron más de 200 hectáreas las que se transformaron de secano a regadío en Caravaca», afirma el Consejo de Defensa del Noroeste (CDN). Más de 500 hectáreas ilegales se encontraban a finales de 2024 bajo la lupa del Seprona -informó el propio alcalde en una reunión mantenida en octubre pasado- y unas 1.000 calcula el CDN, contabilizando casos de los que el Seprona no tenía conocimiento y que ellos le transmitieron hace un año.

Sea como fuere, lo que resulta evidente es que acuíferos, fuentes y manantiales están amenazados, pese a que albergan una valiosa biodiversidad ligada al agua, donde investigadores de la UMU han encontrado una nueva especie de molusco para la ciencia en la fuente de las Tosquillas (Barranda) y otras que están en estudio.