Vox quiere relegar a los extranjeros en las subvenciones y ayudas públicas
En una moción parlamentaria, demanda que las convocatorias den prioridad a los ciudadanos con nacionalidad española
Vox ha registrado en la Asamblea Regional esta semana una moción en la que elevarán al Pleno su solicitud para «establecer como requisito a las subvenciones y ayudas sociales a otorgar con fondos autonómicos» contar con la nacionalidad española. Además de eso, demandan que se desarrolle un «marco normativo» que regule esa priorización, «garantizando que los recursos públicos se destinen en primer lugar a quienes han contribuido activamente al sistema». Para la formación de Santiago Abascal, «se prioriza a los inmigrantes ilegales, que viven en hoteles, casas rurales y pisos financiados por las arcas públicas», a pesar de que la actual normativa exige contar con permisos de residencia para poder concurrir a cualquier convocatoria pública.
Este es uno de los caballos de batalla de Vox junto a las partidas que reciben patronal y sindicatos. El martes, según denunció ayer el PSOE, en la Junta de Portavoces de la Asamblea, el PP votó a favor de la tramitación, por el procedimiento de urgencia y con lectura única, de la proposición de ley de Vox para eliminar las aportaciones a los agentes sociales. «De esta forma, el Partido Popular y Vox impiden que el resto de formaciones políticas puedan hacer propuestas (enmiendas) y que, en caso de aprobarse, se imponga el criterio de la ultraderecha», afirmó Isabel Gadea, la portavoz regional del PSOE.
«Absoluta opacidad»
Gadea atribuyó este movimiento a las negociaciones para el Presupuesto de 2025: «El PP y la ultraderecha han llevado sus negociaciones con absoluta opacidad. La ciudadanía debe conocer la verdad, no están negociando unas cuentas, están negociando la imposición de la agenda reaccionaria», según la portavoz socialista.
Desde el PP respondió la portavoz autonómica Miriam Guardiola, quien advirtió a los socialistas de que «lecciones sobre presupuestos, las justas». Recordó que Pedro Sánchez gobierna con unos Presupuestos caducados de la legislatura anterior y negociados con un prófugo de la justicia, en referencia a Puigdemont, y avalados por Bildu.
