Vox, una losa en los hombros del PP

No obstante, esta estrategia choca de plano con otras declaraciones de los mismos dirigentes populares en el sentido de que se va a cumplir en su totalidad el acuerdo firmado con Vox para los Presupuestos de 2025. Un pacto que maniata a los populares y que no termina con el cierre del centro de menores de Santa Cruz, si es que se lleva finalmente a cabo, sino que contiene algunos otros puntos incómodos que pueden causar contestación social y provocar sofocos a los populares.

El acuerdo suscrito en la Asamblea por Joaquín Segado y Rubén Martínez Alpañez constaba de 20 puntos (algunos de ellos, con varios epígrafes). La inmigración ocupaba un apartado especial, con el cierre de Santa Cruz como medida estrella, pero con otros compromisos que están por materializar, como «poner en marcha con carácter inmediato un protocolo para la determinación de la edad de los inmigrantes que se autoperciben como menores, que incluirá, entre otras, la realización de pruebas médicas».

Asimismo, el Gobierno regional tendrá que «eliminar y tramitar la devolución por incumplimiento» de todas las subvenciones que reciban aquellas ONG's «que colaboren o se lucren con la inmigración ilegal». Este punto está algo indefinido y dependerá de lo que Vox considere por colaborar con la inmigración ilegal. En ese sentido, la formación de Abascal tiene entre ceja y ceja a Cruz Roja, con el que la Comunidad mantiene varios programas consignados en las cuentas públicas vigentes, que no se han eliminado, aunque no se especifica que tengan que ver con atención a inmigrantes. Algo parecido sucede con Cáritas, entidad de la Diócesis, que ha sufrido ataques desde VOX últimamente.

Otro de los puntos del acuerdo que causará dolores de cabeza a López Miras es el número 18, que establece el compromiso de «iniciar el procedimiento de revisión y reforma de la Ley 3/2020 de recuperación y protección del Mar Menor antes de octubre de 2025». El PP siempre ha dicho que es innegociable la protección de la laguna salada, lo que conlleva limitaciones a la agricultura en su entorno, mientras que Vox defiende que la degradación del ecosistema no tiene que ver con los cultivos, sino con los deficientes saneamientos de los municipios ribereños, por lo que aboga por acabar con las restricciones a los agricultores. En cualquier caso, tal y como está redactado, lo firmado obliga a los populares a modificar la ley, pero no necesariamente en el sentido que quiere Vox. Este grupo iniciará el periodo de sesiones en octubre con esta reforma legal bajo el brazo.

Menos trabajo costará a los populares llevar a la práctica el punto 11 del documento firmado por Segado y Alpañez: «PP y Vox se comprometen al impulso, durante el año 2025, del proyecto de ley de Universidades y de una nueva Ley de Familia». En cierto sentido, el Gobierno regional se asegura con este punto la aprobación durante el trámite de dos iniciativas que pretende llevar a la Cámara próximamente.

Así que al PP de la Región le quedan aún, cuanto menos, varios meses con el acuerdo de Presupuestos con Vox en la mochila. Y con la advertencia de sus dirigentes de que exigirán la dimisión del consejero que no cumpla, «y si no dimite, pediremos su cese. Y si no lo cesa, López Miras tendrá un problema».

Otra cosa serán los acuerdos futuros, principalmente para los presupuestos de 2026. «Ya veremos», indicó Joaquín Segado cuando LA VERDAD le preguntó si habrá más cuentas públicas en esta legislatura. Desde la Consejería de Hacienda, que dirige Luis Alberto Marín, admiten que aún no se trabaja en unos nuevos presupuestos, cuando normalmente se dictaba en verano la orden para empezar a elaborarlos.

Con amigos como Vox, no hacen falta enemigos. Eso deben pensar en el Partido Popular al observar un informe que han realizado sobre las votaciones en la Asamblea Regional en los dos años que llevan transcurridos de la legislatura, que deja un dato llamativo: los diputados de Vox y los del PSOE unen sus votos en una de cada tres mociones debatidas.

En concreto, de las 152 iniciativas debatidas en los plenos y las comisiones, los socialistas y el partido de Abascal compartieron postura en 56, lo que supone el 36,8%. En algunas ocasiones, se ha unido a ellos el Grupo Parlamentario Mixto, formado por diputados de Podemos e Izquierda Unida.

Yendo más al detalle, la mayoría de veces en los que PSOE y Vox juntan sus votos es para rechazar mociones de los populares con las que no están de acuerdo por diferentes motivaciones, en algunos casos antagónicas. Así, entre las iniciativas rechazadas por socialistas y Vox figuran propuestas del PP para exigir la reforma del modelo de financiación autonómica, o para crear una comisión de investigación sobre el cambio de reglas de explotación del Trasvase Tajo Segura.

En otras ocasiones, Vox ha sido clave para que salgan adelante mociones de los grupos de la izquierda. Por ejemplo, los nueve diputados encabezados por José Ángel Antelo votaron a favor de la creación de una comisión de investigación sobre el aeropuerto de Corvera, presentada por Podemos, así como de otra moción que exigía al Gobierno regional el pago de las ayudas al vehículo eléctrico, pese a que todo lo que tenga que ver con la movilidad sostenible causa cierta alergia en Vox al considerarlo como parte fundamental de la demonizada Agenda 2030.

Del mismo modo, una de las alianzas más sonadas entre Vox y el PSOE durante esta legislatura en la Asamblea Regional tuvo como víctima el Centro de Estudios Murcianos de Opinión Pública (Cemop). Las dos formaciones sacaron adelante, con la abstención de Podemos, una iniciativa socialista que obligaba a la Cámara a sacar a concurso público los barómetros que realizaba periódicamente el órgano de la Universidad de Murcia. Y es que tanto PSOE como Vox ya venían coincidiendo en atacar al codirector del Cemop, Ismael Crespo, a quien acusan de estar influenciado por el PP.