Vélez declarará como investigado por presunta prevaricación y malversación

José Vélez, delegado del Gobierno, líder del PSRM-PSOE y anterior alcalde de Calasparra, deberá declarar como investigado ante el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Caravaca de la Cruz por un supuesto delito de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos en la adjudicación de la explotación de la plaza de toros de la localidad para la celebración de unos festejos taurinos. El magistrado dictó ayer una providencia en la que cita a Vélez el próximo 17 de febrero para que preste declaración.

El instructor también llama a declarar, en la misma condición, a los concejales socialistas en el Ayuntamiento de Calasparra Antonio José Merino y Jordi Arce (gerente del PSRM-PSOE), que deberán pasar por el juzgado un día antes (16 de febrero). El delito de malversación de caudales públicos es, precisamente, el que el PSOE estudia reformar, a petición de ERC, para rebajar el castigo cuando no se haya producido un lucro personal.

Los promotores de esta denuncia son los concejales Carlos Alajarín, de Ciudadanos, y Alonso Torrente, de Calasparra Viva, que ya en ocasiones precedentes han impulsado actuaciones judiciales contra Vélez y Arce. Los hechos aparentemente delictivos que se relatan en la querella se centran en los años 2017, 2018 y 2019, y están relacionados con la organización de los festejos taurinos de las fiestas patronales de Calasparra.

Los querellantes señalan que en la localidad existe una plaza de toros, La Caverina, de propiedad privada y que se ha venido encargando desde hace años de organizar la Feria Taurina del Arroz, que coincide con las fiestas patronales. En 2017 y 2018, el dueño del coso contrató los servicios de la firma Chipé Producciones para gestionar las corridas de toros.

Pues bien, según la acusación, esos dos años el Ayuntamiento habría suscrito un convenio con esa firma para que le cediera los novillos y, de esa forma, poder celebrar los tradicionales encierros. Por el préstamo de las reses le fueron abonados al empresario 30.000 euros en 2017 y 37.000 euros en 2018, según la querella.

Esas cantidades se pagaron, presuntamente, soslayando la Ley de Contratos del Sector Público y, además, sin que conste estudio alguno de mercado o de valoración del servicio, por lo que no se justifica ni el precio ni el hecho de que, de un año para otro, pasara a costar un 23% más.

La situación se complicó más en 2019, a raíz de unas desavenencias entre el dueño de la plaza y el administrador de Chipé Producciones, que motivaron la ruptura de la relación. Entonces, el Consistorio arrendó el coso taurino por dos meses, a cambio de 35.000 euros -sin que tampoco conste supuestamente informe de valoración alguno-, y a continuación le cedió supuestamente los derechos de explotación a Chipé Producciones. «No consta ninguna resolución de Alcaldía, ni expediente de contratación, ni publicación alguna en los boletines oficiales por la que se pueda tener constancia a través de qué procedimiento el Ayuntamiento cedió a favor de Chipé Producciones, ni tampoco consta contraprestación alguna de la empresa al Consistorio», reza la querella.

Seguidamente, el Consistorio pidió a esa mercantil que le volviera a ceder los novillos para los encierros y, esta vez, le pagó a cambio 18.150 euros. La cantidad puede parecer anormalmente baja, en comparación con los dos años precedentes, pero los querellantes destacan que la explicación está en que para ese momento el Consistorio ya le había cedido al empresario, gratuitamente, la explotación de la plaza por la que había pagado 35.000 euros. De forma que, en realidad, Chipé Producciones habría recibido una compensación total de más de 53.000 euros. «Y todo ello, sin que exista informe pericial, tasación o valoración alguna que justificase el pago de esas cantidades y sin que tampoco se tramitara expediente alguno para la concesión de la explotación de la plaza de toros y de la Feria Taurina del Arroz, impidiendo al resto de empresas del sector poder optar a dicha explotación».

El letrado que impulsa esta actuación judicial en nombre de los dos ediles, Juan Rigabert, solicitó al juzgado que recabara información sobre los convenios de colaboración suscritos entre el Ayuntamiento de Calasparra y las mercantil Chipé Producciones en los años 2017 y 2018, el contrato de arrendamiento de la plaza de toros y la posterior cesión del arrendamiento o gestión a la citada empresa. Una petición a la que la Fiscalía no se ha opuesto y a la que ha accedido el instructor. El PP también se ha personado en la causa, según precisaron fuentes judiciales.

El próximo 17 febrero también deberá comparecer como investigado el administrador único de la empresa Chipé Producciones. Un día antes, se tomará declaración a los funcionarios que ejercían como secretarios municipales.

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