La UPCT redactará el plan regional frente a las riadas

El plan regional es un documento que servirá de complemento a la normativa estatal para orientar desarrollos urbanísticos hacia zonas con menor peligro de inundación y regular los usos del suelo para fijar medidas que contribuyan a reducir el impacto de las riadas. La Politécnica deberá tener en cuenta la nueva revisión de la cartografía de territorios afectados por la acumulación de agua que prepara la Confederación Hidrográfica del Segura, pero también el real decreto que prepara el Ministerio para la Transición Ecológica para restringir todavía más las construcciones sobre estos puntos negros.

Fomento, que desempolvó esta iniciativa tras la dana de octubre de 2024, no prevé que el plan esté en vigor antes de 2028. La Consejería se marca como objetivo en esta estrategia «impedir mediante obras hidráulicas», que propondrá la UPCT, «que las aguas lleguen a ciertos lugares», así como liberar los suelos inundables de «todo uso que sea incompatible con la inundación o aprender a convivir con las inundaciones, estableciendo medidas que hagan menos vulnerables los usos y actividades que no haya más remedio que ubicar en zonas inundables».

La CHS ya mostró «preocupación» con este asunto hace unas semanas, cuando comentó a este periódico que «se está detectando que en algunos casos los ayuntamientos no están siendo muy vigilantes» a la hora de exigir a los promotores urbanísticos las medidas de protección necesarias para prevenir daños por inundaciones. El nuevo documento deberá favorecer «una actuación coordinada de todas la Administraciones Públicas y los agentes sociales para reducir las consecuencias negativas de las inundaciones sobre la salud de las personas y los bienes, el medio ambiente, el patrimonio cultural, el paisaje, la actividad económica y los equipamientos e infraestructuras».

Durante los próximos años, los expertos de la Politécnica ofrecerán información y un diagnóstico territorial y sectorial, especialmente en lo que se refiere a los problemas de vulnerabilidad frente avenidas cuando existe una ocupación urbanística del suelo. Deberán fijar qué zonas en los municipios podrán ser ocupados para actividades o equipamientos públicos en función de la vulnerabilidad detectada en la cartografía de zonas inundables.

Fomento marca también como prioridad «el incremento de la capacidad resiliente de los suelos que padezcan algún tipo de inundación», por lo que habrá que apostar por la implantación de «sistemas de drenaje sostenible y determinadas disposiciones que faciliten la rápida evacuación de las aguas acumuladas, así como el control de la velocidad de escorrentía y los calados excesivos».

El contrato, adjudicado en esta ocasión por 150.000 euros, ya tuvo un primer intento de salir adelante en 2020, pero entonces el concurso quedó desierto. La Consejería no retomó hasta finales del año pasado esta estrategia con la que ya cuentan comunidades como Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña, La Rioja, Navarra y País Vasco. La UPCT también deberá plantear cómo se podría adaptar el entorno del Mar Menor para acoger más áreas que sirvan de filtros verdes para retener la entrada de nutrientes contaminantes al agua.