La UCO remarca la «absoluta dejación de funciones» de la Administración en la rama murciana de la Púnica

Este primer testigo en comparecer ante la Sala recordó que el 'caso Púnica', que consta de diversas piezas separadas, entre ellas la murciana, se puso en marcha tras una advertencia procedente de Suiza ante las sospechas de blanqueo de fondos invertidos en ese país por Francisco José Granados, exconsejero del gobierno madrileño, y el empresario David Marjaliza. El agente explicó que Marjaliza estaba especialmente vinculado a actividades relacionadas con la construcción y gestión de colegios privados y contratos de eficiencia energética. Contactos que, según sostuvo, se extendieron al exalcalde Alonso y sus vínculos con el empresario De Pedro.

Para poner de manifiesto esos presuntos vínculos la Fiscalía interrogó al instructor de la UCO sobre una conversación entre ambos captada el 22 de septiembre de 2014. En ella ambos empiezan hablando de una reunión que De Pedro va a mantener poco después con otra persona -según reveló el testigo el entonces consejero de Educación y más tarde presidente regional Pedro Antonio Sánchez, cuyos cargos fueron archivados-. «Lo que tienes que decirle es, oye, páganos mucho que te vamos a hacer esto, y ábrenos la puerta para hacer otras cosas».

Este testigo realizó un repaso general sobre la rama murciana de la Púnica antes de pasar la pelota a otros dos miembros de la UCO que se dedicaron en exclusiva a investigar los hechos en esta comunidad. El instructor hizo hincapié, no obstante, en que en el caso del contrato suscrito por la trama con el Instituto de Turismo «la dejación de funciones fue absoluta» y remarcó que la propia documentación -incluida la memoria justificativa- fue elaborada por la parte privada, que, según sostuvo el testigo, llegó incluso a fijar el precio. Un coste, insistió el teniente de la Guarda Civil, que a tenor de las grabaciones captadas, fue «desproporcionado».

El tribunal abrió además la puerta a la reducción de una plausible condena a José Fidel Saura, entonces jefe de gabinete de Ruiz. Los magistrados aceptaron la documentación presentada por su letrado, Francisco Luis Valdés-Albistur, para justificar la ansiedad que ha podido generar en el procesado la demora de este procedimiento judicial y que conllevaría una atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.