La UCAM lleva al Tribunal Constitucional su batalla legal contra la Comunidad

Fernando López Miras y José Luis Mendoza, en la apertura del Congreso Internacional de Cofradias celebrado en la UCAM en noviembre del año pasado./Juan Carlos Caval / AGM
Fernando López Miras y José Luis Mendoza, en la apertura del Congreso Internacional de Cofradias celebrado en la UCAM en noviembre del año pasado. / Juan Carlos Caval / AGM

Después de ver rechazada su querella contra seis técnicos de la Consejería de Cultura, la universidad privada denuncia que se han vulnerado sus derechos fundamentales

Ricardo Fernández
RICARDO FERNÁNDEZMurcia

La Fundación Universitaria San Antonio, que rige los destinos de la UCAM y a cuyo frente se sitúa José Luis Mendoza, no va a dar fácilmente su brazo a torcer en la batalla legal que desde hace largos meses mantiene contra altos funcionarios y técnicos de la Consejería de Cultura; unos empleados públicos a quienes culpa de los reveses que ha venido sufriendo la institución docente en materia urbanística y que están condicionando gravemente la expansión del campus de Los Jerónimos.

El golpe que le asestó recientemente la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, confirmando el archivo de la querella que la UCAM había presentado contra seis funcionarios de la Administración regional, no parece haber debilitado la determinación de Mendoza para seguir arremetiendo por la vía legal hasta que se agoten las opciones. Sin ir más lejos, las defensas de los empleados públicos que se vieron señalados por la universidad privada tuvieron ayer conocimiento de que esta institución va a elevar el asunto hasta el Tribunal Constitucional.

Concluida la fase jurisdiccional, debido a que la resolución de la Audiencia no admitía recurso y adquiría con ello carácter de firmeza, la representación legal del campus privado se jugará una nueva baza con la denuncia de la supuesta vulneración de derechos fundamentales en este proceso. En concreto, en un escrito presentado hace unos días ante el tribunal murciano, la UCAM sostiene que se ha violado su derecho a una tutela judicial efectiva, a un proceso con todas las garantías y a la no indefensión.

Denuncia la violación del derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías

«Alegaciones sin respuesta»

Aseguran los letrados de la institución docente que la Audiencia Provincial, en el auto por el que confirma el archivo de la querella, «no da respuesta a ninguna de las alegaciones contenidas en nuestro recurso». Una circunstancia que, señalan, constituiría «una vulneración de los derechos constitucionales recogidos en el artículo 24.1 y 24.2» de la Carta Magna.

Otro de los argumentos sobre los que se sostiene el anuncio de la UCAM de llevar el asunto al Constitucional es que, en su momento, el tribunal murciano procedió a suspender la deliberación y fallo del recurso interpuesto por la Fundación San Antonio y que más tarde, después de un periodo que esta parte califica como «muy prolongado», se volvió a señalar fecha para analizar la cuestión, «sin que se volviera a comunicar a las partes, por razones que se ignoran, algo a lo que, al menos en nuestro criterio, tenemos derecho a conocer, como es la nueva fecha fijada para votación y fallo».

La UCAM recuerda que fue la defensa de los funcionarios de Cultura querellados la que interpeló al tribunal acerca de una supuesta reunión, extraoficial, que uno de los magistrados habría mantenido con José Luis Mendoza, y la que atribuyó a esa aparente circunstancia el hecho de haber suspendido la reunión para la deliberación. «Ignora esta parte si, como se afirma de contrario, la letrada de la Administración de Justicia facilitó ese dato erróneo o, por el contrario, si es la contraparte la que realiza unas declaraciones que pudieran no corresponderse con la realidad, no siendo cierta esa información», insisten ahora los abogados de Mendoza.

La última baza

El recurso de amparo ante el Constitucional parece la última baza legal de la universidad privada contra los seis funcionarios a los que achaca estar entorpeciendo gravemente la ampliación del campus, por más que la labor de estos técnicos, entre quienes se cuentan la ex directora general de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura, María Comas Gabarrón, así como frente al exjefe del Servicio de Patrimonio Histórico, Miguel San Nicolás, ha resultado avalada por las sucesivas resoluciones del Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia y de la Audiencia Provincial. Ninguno de estos órganos ha apreciado base legal alguna para investigar penalmente a estos empleados públicos, que el mes pasado recibieron numerosas muestras de apoyo por parte de sus compañeros de la Administración regional y de los sindicatos al quedar libres de sospecha.

La nueva andanada de la UCAM viene a anunciar que a este asunto todavía le queda al menos un capítulo por escribir, en esta ocasión por parte de los magistrados del Tribunal Constitucional.

 

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