El TSJ confirma la condena a la Autoridad Portuaria de Cartagena por excluir de la bolsa de trabajo a una trabajadora
La Sala de lo Social considera probado que Muñoz impidió la contratación de una empleada, que ocupaba el primer puesto en la bolsa, por ser hija del delegado del comité de empresa
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región ha confirmado una condena a la Autoridad Portuaria de Cartagena (APC) por excluir de la bolsa de trabajo a una empleada, hija del delegado del comité de empresa. La Sala de lo Social considera probado que la entonces presidenta Yolanda Muñoz dejó claro en una reunión que no quería que se contratara a la empleada, pese a ocupar el primer puesto en la bolsa de trabajo, y que llegó a afirmar que su padre «tendría que venir de rodillas a su despacho». Esta es una de las presuntas irregularidades que tiene encima de la mesa el Juzgado de instrucción número 1 de Cartagena, que indaga en una presunta trama de corrupción en el seno de la APC y que llevó a la dimisión de Muñoz.
En esta resolución, a la que LA VERDAD ha tenido acceso, el TSJ confirma la sentencia dictada en febrero del pasado año por el Juzgado de lo Social número 1 de Cartagena. En ella, el magistrado daba la razón a la trabajadora y dejaba claro que «su contratación fue rechazada por la presidenta». La Justicia obligó a la APC a abonar a la trabajadora 8.695 euros por los salarios no percibidos y otros 6.250 euros en concepto de indemnización.
Esa sentencia fue recurrida por la Abogacía del Estado, en representación de la Autoridad Portuaria. La propia Muñoz, sin ser parte del procedimiento, trató de adherirse al recurso a través de un escrito presentado por el abogado Pedro José Noguera, pero la Sala cerró la puerta a esa posibilidad. La Abogacía del Estado, en su recurso, descartó que el motivo para no contratar a la trabajadora fuera esa conflictividad entre la presidencia del órgano y el comité de empresa. Remarcó que se debió a «la existencia de dudas de legalidad sobre si se estaba respetando el orden de la bolsa de la policía portuaria».
La sentencia ahora confirmada remarca que Muñoz llegó a afirmar que su padre «tendría que venir de rodillas a su despacho»
El TSJ sostiene, sin embargo, que la trabajadora aportó «unos serios indicios de que la decisión de no ser contratada (...) respondía a unos móviles espurios que hacían sospechar que tenía un origen en la situación de conflictividad» entre la presidenta y el comité. Hace hincapié, además, en que la empresa «no ha logrado contrarrestar esos serios indicios de discriminación por parentesco» y, además de confirmar el fallo, condena a la APC al pago de las costas (unos 600 euros). La sentencia aún puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.
