El Ayuntamiento de Totana se libra de devolver 2,5 millones por un convenio de 'Tótem'

El Ayuntamiento de Totana se ha librado, por ahora, de sufrir un serio revés. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia ha revocado la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 4 de Murcia que obligaba al Consistorio a devolver la cantidad de 2.485.846 euros (más intereses) al promotor gallego Manuel Núñez Arias, uno de los empresarios condenados por cohecho en grado de tentativa en el 'caso Tótem'. Este entregó esa cantidad por el convenio urbanístico de El Raiguero, anulado a raíz de dicha operación contra la corrupción urbanística por la que el exalcalde del Partido Popular Juan Morales fue a la cárcel. No obstante, no parece que la batalla judicial termine aquí. La mercantil Inmonuar tiene la posibilidad de presentar un recurso de casación ante el Supremo.

En una resolución con fecha de 4 de noviembre de 2019, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ estima el recurso del Ayuntamiento de Totana contra la sentencia anterior, que ordenaba reintegrar los 2,5 millones que se recibieron al entender el magistrado que, dado que la sentencia del 'caso Tótem' nada dispuso sobre el destino de las cantidades entregadas por el convenio anulado, eran de aplicación «las normas urbanísticas generales».

La Sala de lo Contencioso del TSJ, que preside la magistrada Consuelo Uris, corrige al juez y considera que el recurso que la empresa inició para solicitar por la vía judicial la devolución de los fondos, al no tener éxito su propósito por los canales administrativos, nunca debió ser admitido por importantes defectos de forma.

La historia del convenio C-82, que así se denomina técnicamente el que afecta al paraje del Hinojar, en la pedanía totanera de El Raiguero, se remonta a octubre del año 2006, cuando Juan Morales lo rubricó con Inmonuar, una sociedad unipersonal tras la que se encuentra el promotor Núñez Arias. En la zona se quería levantar una urbanización de 5.040 viviendas, que se fue al traste arrastrada por la crisis y el 'caso Tótem', en la que tanto Morales como Núñez fueron condenados. El Consejo Jurídico ya consideró, en un dictamen, que la solicitud de reintegro de los 2,5 millones no estaba justificada.

Asimismo, la Audiencia Provincial ya archivó unas diligencias abiertas contra los responsables del Ayuntamiento de Totana por una querella presentada por el constructor Núñez Arias por la no devolución de ese dinero, al considerar que los hechos no fueron constitutivos de un delito de apropiación indebida ni, tampoco, de prevaricación.