«Tiré los cuerpos a un contenedor»

A principios de septiembre del año pasado, la asociación SOS Desaparecidos activó una alerta por la desaparición de Soumaila Zampou, de 37 años. Siete meses después, la misma organización dedicada a la búsqueda de personas lanzó otro aviso en el que se buscaba a Ali Maman Saley, de 40 años. Los dos hombres de origen subsahariano tenían algo en común. A los dos se les perdió la pista el mismo día, el 28 de agosto de 2021, en Murcia.

Los avisos llegaron a través del Centro Nacional de Desaparecidos por la denuncia que interpuso en una comisaría un amigo de ambos. Los carteles con sus nombres, sus rostros y las descripciones de la ropa y objetos que portaban el día que se les vio por última vez se difundieron en los días que siguieron a la activación de las alertas. Han pasado diez meses desde que se les perdió la pista y es imposible que nadie les haya podido ver, al menos con vida. La noche del 28 y la madrugada del 29 de agosto fueron presuntamente asesinados en una vivienda de la pedanía murciana de Sangonera la Seca a manos de F. M. A., alias 'Kiko', tal y como señalan las diligencias de los investigadores del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional.

El supuesto asesino, en apariencia, un traficante perteneciente a un clan de la localidad de Cabezo de Torres, les golpeó, les dio muerte con «un cuchillo de gran tamaño» –tal y como señaló en su declaración ante los agentes uno de los miembros de la organización–, los quemó y arrojó los cuerpos a un contenedor. «Les até las manos, me quedé solo con ellos... se me fue de las manos. Luego los tiré a un contenedor», reconoció 'Kiko' a los policías que lo interrogaban. Una venganza al verse engañado en una venta de droga parece que fue el motivo por el cual acabó con la vida de los subsaharianos. Soumalia y Ali se dedicaban, presuntamente, a sustraer importantes cantidades de droga, pagando a sus proveedores con dinero simulado.

Esta tipología de 'vuelco' de droga es la que sufrió el clan de Cabezo de Torres, perdiendo «un kilo o dos de sustancia estupefaciente, por un valor aproximado de unos 50.000 euros», según fuentes policiales. Este hecho hizo que los traficantes, al verse estafados y comprobar que el dinero con el que les habían pagado el intercambio de droga era falso, planearan llevar a los africanos hasta una finca, propiedad del principal acusado, situada en el carril del Naranjal de Sangonera la Seca. En ese caluroso día de finales de agosto, y mediante engaños, uno de los integrantes de la organización los introdujo en la vivienda. Una vez estuvieron en una estancia de la casa, de manera sorpresiva y con el rostro parcialmente tapado, salieron de una habitación los miembros del clan portando palos y cuchillos. Los ataron con bridas y cuerdas, y los llevaron a una nave abandonada que hay en el exterior de la vivienda. «Allí, le dieron muerte y quemaron sus cuerpos», exponen las diligencias policiales.

Tras la denuncia de la desaparición de Soumalia en extrañas circunstancias, el Grupo de Homicidios averiguó que él y otro hombre podían haber establecido alguna relación con un grupo de narcotraficantes. Así, se inició la 'operación Nerón', una ardua investigación, cuya explosión se produjo el miércoles de la semana pasada. Ese día, un dispositivo formado por hasta 80 policías de diferentes unidades centrales y de élite, como el Grupo Operativo de Inspecciones Técnicas (Goit), se trasladaron hasta la finca de Sangonera la Seca para hacer una entrada y registro de la propiedad. En el despliegue se hizo uso del georradar y una excavadora con los que los agentes levantaron el suelo de la propiedad en busca de los cuerpos.

También registraron los contenedores de la pedanía para hallar algún vestigio. No lo hallaron. Sin embargo, la inspección ocular realizada por la Policía Científica trasladada desde Madrid, y las gestiones de los investigadores, concluyen que la vivienda fue el lugar donde se dio muerte a los desaparecidos.

Los agentes detuvieron a cinco hombres y a una mujer, tal y como adelantó LA VERDAD el pasado sábado. Desde entonces, se ha arrestado a tres personas más, todos ellos de nacionalidad española; a cinco de ellos se les imputan dos asesinatos, detención ilegal, tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal. Tras pasar a disposición del Juzgado de Instrucción número 4 de Murcia, cuatro de los investigados fueron enviados a prisión, entre ellos, el principal acusado.