Expertos dan por hecho los recortes al Estatuto de Autonomía de la Región en el Congreso por la dudosa constitucionalidad de varios puntos

El Ministerio de Presidencia ya dio unas pistas en el informe realizado sobre el Estatuto, que adelantó LA VERDAD, sobre el principal cambio que habrá que realizar: la eliminación de la disposición que establece que la reforma será sometida a referéndum cuando acabe su tramitación en el Congreso y en el Senado.

El departamento de Carmen Calvo veía «manifiestamente inconstitucional» esta disposición, pues recuerda que el Estatuto en vigor no contempla esa posibilidad. «Tal y como está previsto el precepto, implica someter a referéndum una norma ya aprobada y en vigor, pero no se concretan los efectos de dicho referéndum. Cabe entender que, en caso de que el texto no fuera ratificado en la votación, la reforma del Estatuto debería entenderse derogada. Sin embargo, nuestra Constitución no admite esta modalidad de referéndum abrogativo, que sí existe en otros ordenamientos», recordó Presidencia.

Expertos constitucionalistas de la Región coinciden con el criterio del Ministerio. Ya en su momento, cuando el Estatuto se aprobó en la Asamblea con total consenso, advirtieron de que este referéndum plantearía problemas. El profesor de la Universidad de Murcia Germán Teruel recuerda que desde el principio vio «un disparate» la previsión de consulta popular. «El punto más claramente inconstitucional. No tiene encaje en nuestro ordenamiento ese referéndum, que tendría unos efectos abrogativos de una norma ya aprobada. Para reformas futuras, el nuevo Estatuto sí podría preverlo», explica.

Germán Teruel reflexiona también sobre la carta de nuevos derechos recogida en el texto (orientación sexual, declaración de la voluntad vital anticipada, acceso a las fuentes de energía renovables, memoria democrática,...). A su juicio, se está generando confusión entre la ciudadanía, «pues son puro relleno de escasa eficacia jurídica, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que establece que los verdaderos derechos son los que emanan de la Constitución Española». Así, «se trata de meros principios rectores que informarán las actuaciones de los poderes públicos autonómicos», sentencia el profesor de la UMU.

También Luis Gálvez, catedrático de Derecho Constitucional y miembro del Consejo Jurídico, expresa sus dudas sobre el encaje de este referéndum, «que entiendo que será para la siguiente reforma, no para esta, como ha pasado en Canarias». Además, advierte este jurista de que los referendos «son armas de doble filo», y en una comunidad como Murcia podría implicar «una escasísima participación e incluso que las fuerzas que se oponen al Estatuto puedan movilizar a su militancia para promover un rechazo mayoritario».

Otra disposición a la que Gálvez augura un escaso futuro en el trámite parlamentario es aquella que denuncia el déficit de financiación de la Región y reclama mecanismos para compensarlo. «¿Cómo va el Estado a reconocer que ha incumplido el principio constitucional de suficiencia financiera de las comunidades autónomas en relación a la Región de Murcia?», se pregunta el catedrático. El Ministerio de Hacienda hacía también una advertencia en ese sentido, pidiendo la retirada de esta disposición final primera.

Sobre las posibles invasiones de competencias, no ve problema Gálvez, que augura que se solventarán añadiendo la coletilla «en los términos que marque la legislación estatal».

Una vez admitida a trámite la propuesta de reforma estatutaria, la Comisión Constitucional del Congreso debe constituir una ponencia, que revisaría el texto presentado y abriría el plazo de la presentación de enmiendas.

El PP teme que el PSOE rompa el consenso de la Asamblea, aprovechando su mayoría con los nacionalistas para meter artículos en relación con los tránsfugas. El diputado socialista Juan Luis Soto asegura que «cualquier cambio que se planteé se negociará con el resto de fuerzas». Javier Sánchez Serna, de Unidas Podemos, avanza que su idea es enmendar el texto para incluir mecanismos contra la corrupción. Vox, que rechaza de plano el Estatuto, no participará en la tramitación.