Solo el 12% del regadío ilegal cercano al Mar Menor ha vuelto a secano o forestal
La CHS culmina el cierre del grifo a las 8.500 hectáreas sin derechos y la Comunidad cifra en 1.034 las restituidas ya a su estado original
Dos años y nueve meses después de la aprobación de la Ley de recuperación y protección del Mar Menor, los plazos marcados en esta normativa ... para la tramitación de los expedientes administrativos y la intervención de dos administraciones públicas (la central y la regional) han desembocado en que solo el 12,3% de la superficie destinada a regadío ilegal en la cuenca haya sido ya devuelta a su estado original: secano o uso forestal. La Comunidad Autónoma, que tiene las competencias en el control de la contaminación por nitratos, informó este miércoles de que ha certificado que, a fecha del pasado viernes, habían sido restituidas 1.034 hectáreas de «cultivos sin derecho de riego según la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS)».
Esa cifra supone cerca del 20% de las 5.175 hectáreas sobre las que el organismo de cuenca ha enviado documentación a la Consejería de Medio Ambiente. La CHS, que depende el Ministerio para la Transición Ecológica, ha intervenido sobre 8.368 hectáreas y ha ido notificando a la Comunidad sus avances en la desconexión del suministro a las fincas que carecen de derecho para el uso privativo de aguas.
Fuentes de la Consejería, que dirige Juan María Vázquez, detallaron a LA VERDAD que la Confederación le ha remitido 305 expedientes sobre esta cuestión. Y destacaron que el Gobierno regional «ha iniciado la tramitación del 100%» de esos procedimientos administrativos, que afecta a «parcelas que no disponen de derechos» de uso privativo del agua. Además, destacaron que la Confederación mandó los primeros expedientes en marzo de 2020; que la ministra, Teresa Ribera, prometió terminar el cierre de los regadíos sin licencia en abril de 2022; y que la Ley obliga a cumplir requisitos y plazos.
Inversión estatal de 8 millones
Algunos son que conste una resolución firme de la Confederación ordenando el cese del riego y dar a los interesados un periodo de alegaciones y de entrega de una memoria o proyecto de restitución del terreno. La Administración tiene tres meses para dictar y notificar la orden de restitución. Y hay que sumar la realización de las obras por cuenta del infractor o, llegado el caso, por la Comunidad. Antes, Medio Ambiente puede responder a la inacción del propietario con hasta tres multas en otros tantos meses.
La Consejería achaca el bajo ritmo a retrasos de la CHS y a los plazos legales; el Ministerio defiende la eficacia de sus controles
Sobre la labor de la CHS, fuentes de la Oficina Técnica del Mar Menor, que dirige Francisca Baraza, destacaron a este diario que «ya ha desconectado el suministro de agua a más del 95% de las cerca de 8.500 hectáreas ilegales detectadas». Esa superficie es un 14% de toda la dedicada a regadío antes del inicio de las inspecciones: casi 59.000 hectáreas.
Acerca del cierre del grifo a las parcelas 'piratas', en la Oficina destacaron que el Ministerio estableció como prioridad el «refuerzo de la vigilancia e inspección para el control del cumplimiento de la normativa vigente». A esta línea de trabajo, incluida en el Marco de Actuaciones Prioritarias para la Recuperación del Mar Menor, ha destinado ya 8,12 millones de euros, el 31,2 % del presupuesto previsto.
El refuerzo de personal y medios técnicos ha sacado a la luz decenas de desalobradoras y pozos sin autorización en el Campo de Cartagena y ha puesto coto a la extracción clandestina de agua del acuífero, su desalación y los posteriores vertidos de aguas contaminadas por nitratos.
Denuncia de WWF y Anse
Las inspecciones sistemáticas y masivas de explotaciones hortofrutícolas arrancaron tras una denuncia de la Asociación de Naturalistas del Sureste (Anse) y WWF en 2018. Alertaron sobre la existencia de unas 10.000 hectáreas sin autorización y forzaron la intervención de la Fiscalía, que investiga a decenas de infractores.
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