Solo 37 médicos se han registrado como objetores de conciencia frente a la eutanasia
Algunas asociaciones profesionales creen que el rechazo a la ley será minoritario pese a la posición crítica del Colegio Oficial
Pese al rechazo que la Ley de Eutanasia ha generado en un sector de la profesión médica, lo cierto es que de momento tan ... solo 37 facultativos se han declarado objetores de conciencia en el registro habilitado por la Consejería de Salud. Se trata de una proporción muy pequeña si se tiene en cuenta que el Servicio Murciano de Salud cuenta con más de 4.000 médicos, de los que unos 1.000 pertenecen a la red de Atención Primaria. En el primer caso de eutanasia registrado en la Región de Murcia, del que ayer informó LA VERDAD, no hubo objetores entre los profesionales implicados.
La Ley de Eutanasia establece la creación de un registro de objetores de conciencia en cada comunidad autónoma, al que deben dirigirse todos aquellos sanitarios que no quieran participar en la prestación de ayuda para morir. La Consejería puso en marcha este fichero el 25 de junio, justo el día en que entró en vigor la norma. Han pasado ya más de tres meses, y solo 37 médicos -y dos farmacéuticos hospitalarios- se han inscrito.
Este dato tiene varias lecturas posibles. «Hay una proporción no sé si mayoritaria pero sí importante de médicos favorables a una Ley de eutanasia tan garantista como la que se ha aprobado. Creo, efectivamente, que no van a ser muchos los objetores, y que hay muchos profesionales dispuestos a ayudar a sus pacientes en este proceso, con todas las garantías», reflexiona Mario Soler, médico de familia en Molina de Segura y presidente de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública (ADSP) en la Región de Murcia. Con él coincide Jesús Abenza, vicepresidente de la Sociedad Murciana de Medicina Familiar y Comunitaria (Smumfyc): «No creo que vaya a haber muchos objetores, dado que la ley responde a una necesidad y una demanda social».
ASÍ LO VEN
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José Antonio Peñalver. PSOE: «Avanzamos en derechos sociales» El PSOE subraya que la Ley de Eutanasia es un texto «impulsado por el Partido Socialista» con el que se «avanza en derechos sociales». El diputado regional José Antonio Peñalver se congratula de que, «a pesar de las reticencias del Gobierno regional, la Ley se esté cumpliendo». Se trata, defiende Peñalver, de una norma «garantista que responde a una amplia demanda social». El PSOE estará «vigilante para que todo aquel ciudadano de la Región que lo necesite, pueda ejercer ese derecho con total libertad y plenas garantías», advierte el diputado, portavoz de Sanidad en la Asamblea Regional.
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Joaquín Segado. Partido Popular: «Se vulneran derechos fundamentales» Mientras la Consejería de Salud ha situado a la Región entre las primeras comunidades en aplicar la eutanasia, el PP carga contra la norma y recuerda que ha presentado un recurso al Constitucional. Para Joaquín Segado, portavoz del PP en la Asamblea, la norma «vulnera derechos fundamentales». El PP aboga por «consensuar una ley de cuidados paliativos que verdaderamente preste ayuda y atención a los enfermos y sus familias». Pablo Casado anunció el domingo que derogará la Ley de Eutanasia si llega al Gobierno. La oposición a la norma la lidera Madrid, que no aprobó hasta ayer el decreto que regula su aplicación en dicha comunidad.
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María José Ros. Ciudadanos: «Se trata de evitar sufrimiento» Ciudadanos aplaude «que se aplique la ley reguladora del derecho a la eutanasia en la Región de Murcia», ya que esta formación política defiende «el derecho de todas las personas a poder disponer sobre su propia vida». La norma permite evitar «el sufrimiento innecesario e involuntario». Se trata de una legislación, en definitiva, «que amplía los derechos de todos y no priva de ningún derecho a nadie». La coordinadora de Cs en la Región, María José Ros, recuerda que se establecen supuestos muy concretos, de forma que solo pueden acogerse quienes tengan «sufrimientos intolerables por enfermedades graves e incurables».
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Lourdes Méndez. Vox: «No es una buena noticia» Para Vox, la aplicación de la ley debería «haberse paralizado hasta que no se hubiera resuelto el recurso» presentado por esta formación política. «Si el Estado tiene la obligación de proteger la vida, no cabe el deber impuesto por esta ley para procurar la muerte. El cambio que se produce con esta ley es muy profundo; ya no es el valor de la vida el que informará nuestro ordenamiento jurídico», señala la diputada nacional Lourdes Méndez. Por todo ello, «no consideramos una buena noticia» el primer caso de eutanasia en la Región, subraya.
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Elvira Medina. Podemos: «Los derechos civiles se abren paso» Podemos señala que «a pesar de los impedimentos del gobierno de López Miras, los nuevos derechos civiles, como el derecho a una muerte digna, se están abriendo paso en la Región». La secretaria de derechos sociales de Podemos, Elvira Medina, destaca que se trata de una ley «que cuenta con un amplísimo consenso social y que supone el derecho a elegir para personas que padecen enfermedades incurables y agonías muy prolongadas». «Los que siempre se llenan la boca de libertad para justificar privilegios, deberían ser un poco más respetuosos cuando se trata de la libertad ante la vida y la muerte de los que más sufren», advierte.
Sin embargo, en el escaso número de inscripciones puede influir también el desconocimiento de muchos profesionales, que o bien no saben aún qué pasos deben dar para declararse objetores o no tienen claro qué harán si les llega un paciente a la consulta solicitando ayuda para morir. «Estamos todavía pendientes de una sesión informativa sobre este tema en el hospital. La eutanasia es algo que tenemos aún un poco apartado, desconocemos cuál es el procedimiento establecido. Ser objetor o no depende muchos factores, y como no ha llegado ningún caso, no se ha discutido», reflexiona un médico de La Arrixaca.
Críticos con el fichero
La objeción, además, puede declararse en cualquier momento, de acuerdo a los protocolos que ha elaborado la Consejería de Salud. No será obligatorio estar inscrito previamente en el registro para renunciar a acompañar a un paciente en el proceso. Esto puede llevar a que muchos profesionales no sientan la necesidad de recurrir todavía a este trámite.
El Colegio de Médicos considera «innecesario» el registro, y también inadecuado, al entender que choca con el derecho del profesional a no declarar su ideología o creencias. «Debe garantizarse la confidencialidad», advierte Gumersindo González, presidente de la Comisión Deontológica de la institución colegial.
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«La mayoría estamos dispuestos a acompañar al paciente hasta el final»
El registro de objetores de conciencia a la Ley de Eutanasia depende de la Dirección General de Planificación, Investigación y Atención al Ciudadano. Se trata de un fichero confidencial, de acuerdo a la Ley de Protección de Datos. Los profesionales pueden solicitar el certificado que acredite su condición de objetor de conciencia sin necesidad de tener que comunicarlo en su centro sanitario ni en su área de salud. Ni la dirección del centro ni los jefes de servicio tendrán acceso a esa información.
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