Solo el 5,7% de las explotaciones agrarias próximas al Mar Menor han pasado la inspección
Concluye el plazo para realizar la auditoría sobre el cumplimiento de la ley sin que la mayoría de las fincas obligadas lo hagan
La obligación que establece la Ley de Protección y Recuperación del Mar Menor de que las explotaciones agrarias y ganaderas de las zonas 1 y ... 2 del Campo de Cartagena reguladas en dicha norma debían pasar una inspección privada sobre el grado de cumplimiento de la norma ha resultado un completo fracaso, a tenor del número de fincas que han pasado el control.
Ayer concluyó el plazo que fijaba la ley para que las explotaciones agropecuarias realizaran las auditorías y tan solo una mínima parte lo ha hecho, según indicó la única empresa que tiene la certificación de la Administración para realizar estas inspecciones y confirmó la Comunidad Autónoma.
«En el Campo de Cartagena, hay más de 3.000 explotaciones y nosotros solo hemos inspeccionado unas 30», explicó a LA VERDAD la responsable de SAU Consultoría Estratégica, Adela Martínez-Cachá, la única sociedad catalogada en la Región como entidad colaboradora de la administración agraria de la Región de Murcia (Ecarm) y autorizada para realizar las auditorías que marca la ley.
La Consejería achaca los pocos informes a que solo hay una entidad acreditada para realizarlos
Los datos ofrecidos por la Consejería de Medio Ambiente y Mar Menor son distintos, pero igual de contundentes sobre el incumplimiento de la obligación de realizar las inspecciones privadas.
Según estos datos, las explotaciones de las zonas 1 y 2 del Campo de Cartagena con más de diez hectáreas de regadío que debían pasar la auditoría son 864 y, de ellas. la Consejería solo ha recibido 49 informes, lo que representa el 5,7%.
Martínez-Cachá explicó que «el problema es que las empresas no solicitan nuestros servicios». Al ser la única Ecarm acreditada debería tener trabajo de sobra, pero no es así.
Fuentes de la Comunidad explicaron que «el hecho de que las explotaciones no hayan pasado la auditoría no significa que incumplan la ley, puesto que los servicios de inspección de la Comunidad siguen operativos».
Dos Ecarm más, a punto
Las mismas fuentes achacaron el bajo porcentaje de explotaciones auditadas a que solo hay una Ecarm autorizada en la Región, de lo que responsabilizaron a la Administración central por «la compleja y rigurosa tramitación» que precisan estas entidades colaboradoras.
En la actualidad, además de la Ecarm autorizada, hay otras dos que están a punto de obtener la acreditación, según la Consejería que dirige Juan María Vázquez.
Ante el bajo grado de cumplimiento de las inspecciones privadas, el presidente en funciones de la Comunidad, Fernando López Miras, anunció a principios de julio, en el discurso del fallido debate de su investidura, que aprobaría una prórroga para los agricultores y ganaderos del Campo de Cartagena obligados a contratar una Ecarm para evaluar si se habían adaptado a la ley. Pero la investidura no salió adelante y la ampliación del plazo comprometido tampoco.
Los promotores inmobiliarios celebran la suspensión
La suspensión, al menos durante el próximo mes, de la moratoria urbanística establecida en la ley de protección del Mar Menor, que ha impedido durante los tres últimos años nuevas construcciones fuera de los suelos urbanos consolidados en los municipios ribereños mientras no se aprueba el Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor, fue recibida ayer con alivio por los promotores inmobiliarios. «La moratoria no ha tenido ningún efecto beneficioso sobre la laguna en estos tres años; no ha habido nuevos desarrollos, la actividad urbanística está paralizada y el Mar Menor ha empeorado», defendió ayer el presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Región de Murcia, Juan Ramón Blázquez.
Para Blázquez, la situación de «parálisis e indefensión jurídica ha hecho mucho daño a la Región, que se está quedando a la cola de España en turismo residencial. Los hoteles no van a venir solos», reclama.
El portavoz de los promotores no supo ayer cuantificar cuántos proyectos podría estar afectados por la moratoria de los tres últimos años y tampoco cree que el jueves comiencen a plantearse «en masa. En esta situación de indefinición e inseguridad, es complicado», considera Blázquez, quien defiende que se permita a la Región «avanzar en turismo residencial de una forma sostenible y ordenada. Lo que debemos hacer, y hacemos, es esforzarnos en hacer bien las cosas». En cuanto a las grandes promociones urbanísticas en el término municipal cartagenero afectadas por la moratoria urbanística, destacan las urbanizaciones Novo Carthago, con más de 7.000 viviendas; el plan parcial El Vivero de La Manga, donde había previstas 634 viviendas; parte del plan parcial Los Belones Este, con algo menos de 500 viviendas, así como la urbanización La Loma de Mar de Cristal, con otros 1.000 pisos. Dichas promociones están afectadas por procesos judiciales, embrollos legales entre propietarios o dificultades financieras que harían casi imposible que salgan adelante de no estar vigente la moratoria.
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