El sindicato de docentes de la Región sostiene que el curso no empezará en septiembre con un «mínimo» de seguridad

El Sindicato Independiente de Docentes (Sidi) sostuvo este martes de que el curso escolar no puede comenzar a partir del 7 de septiembre con un «mínimo» de seguridad para la comunidad educativa frente al coronavirus por la «dejación» de funciones de las administraciones.

En un comunicado, Sidi reprochó la «dejación de funciones» por parte de la ministra de Educación, Isabel Celaá, que está «desaparecida y ausente» cuando debería estar coordinando y proponiendo medidas, y denunció la política de «echar balones fuera» de la Consejería de Educación y Cultura.

En su opinión, el departamento autónomo delegó su responsabilidad en los equipos directivos para controlar la pandemia en los centros sin dotarles de los medios humanos y materiales necesarios. Por ello, este sindicato consideró necesario haber realizado un estudio durante los últimos tres meses sobre el personal y material de prevención y protección necesario para el comienzo del curso, y organizando los espacios, sistemas y medios para impartir educación telemática y mecanismos de seguimiento y evaluación de los alumnos y nada de eso ha realizado.

Además, considera que la Consejería debería haber previsto el incremento de docentes que permita la reducción de ratios y reparto de las tareas de formación telemática y tutorías presenciales individualizadas, lo que supondría un aumento de unos 4.000 docentes desde el 1 de septiembre que permita la adecuada planificación educativa, frente a los 500 anunciados por la Comunidad.

En este escenario, Sidi propone la ampliación de espacios donde impartir la docencia, la formación de los docentes en nuevas tecnologías, la dotación de medios informáticos a los docentes, a los centros y a los alumnos que los necesitasen. Asimismo, este sindicato abogó por establecer como sistema habitual la educación a distancia de manera telemática, con tutorías y evaluaciones presenciales quincenales de manera individualizada con cada alumno, realizando un seguimiento quincenal de su labor a distancia.

Por otra parte, Sidi reclamó al Ministerio de Sanidad regular y establecer legislativamente como obligatorio el teletrabajo en todos aquellos trabajos en que así fuera posible, lo que permitiría conciliar la vida familiar y que los padres se involucraran en seguimiento de la formación de sus hijos durante el tiempo que dure la pandemia.

Finalmente, advirtió de que los trabajadores y docentes de los centros educativos están amparados por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y por el Código Penal para no ir a su puesto de trabajo si «hay riesgo grave de contraer una enfermedad» o exigir responsabilidades civiles o penales a la consejería en caso de contagio por falta de medidas de prevención.