El Seprona denuncia en el juzgado los lixiviados que salen de la balsa Jenny
El atestado de la Guardia Civil recoge que los metales pesados son arrastrados a dos ramblas que desembocan en el Mar Menor
La balsa Jenny, propiedad de la Comunidad Autónoma de Murcia desde hace tres lustros, sigue envenenando el medio ambiente y más concretamente el Mar Menor. Constancia de ello deja el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil en un atestado que ha presentado en el juzgado de guardia de Cartagena para que, si se considera oportuno, se abran diligencias por un delito contra el medio ambiente.
El informe policial, al que ha tenido acceso 'La Verdad', pone de manifiesto «el afloramiento en superficie de lixiviados presuntamente ácidos», en la zona norte de la balsa Jenny, como ya desveló 'La Verdad' el pasado 14 de octubre. Los agentes indican que este fenómeno responde «al contacto con los residuos mineros peligrosos que subyacen bajo la tierra vegetal entremezclada con residuos de la termometalurgia del plomo y otros», que no se eliminaron completamente cuando la Administración regional decidió trasladar los restos allí acumulados a la corta minera Los Blancos II.
Con las intensas precipitaciones registradas en septiembre, el agua de lluvia se infiltró en esa zona, «provocando la meteorización químico-física de los residuos, lo que dio lugar a la formación de lixiviados ácidos con elevadas concentraciones de metales pesados, que afloran en superficie», tal y como se lee en el atestado del Seprona.
Bajo los canales de drenaje
Pese a que la antigua balsa Jenny está rodeada por canales perimetrales de drenaje, los especialistas de la Guardia Civil han comprobado que estos apenas sirven de nada en estas circunstancias, pues los lixiviados afloran por debajo de los mismos, en concreto en un plano de ruptura de pendiente en esa zona norte. Finalmente, acaban en las ramblas de Mendoza y de Ponce, cuyos cauces desembocan en el Mar Menor.
Igualmente resaltan que, dado que la parcela referida se encuentra sobre el acuífero Cuaternario, es lógico concluir que esos mismos lixiviados están fluyendo por el subsuelo, «a modo de escorrentía hipodérmica», y que «sin ningún tipo de dudas» están provocando «la contaminación de las aguas subterráneas y los perfiles edáficos (suelo) por los que discurre».
El atestado indica que los agentes del Seprona, que realizaron la mencionada inspección el pasado 2 de octubre, utilizaron tiras reactivas para medir el grado de acidez del vertido y obtuvieron resultados de entre 3 y 4 de PH (el 0 es el más ácido y el 14, el más básico). Los vertidos se manifestaban en forma de precipitados blancos y amarillos, en forma de sales, y en toda la zona se sentía un fuerte olor a óxido, según hacen constar en el informe remitido al juzgado de guardia.
Los especialistas de la Guardia Civil no ocultan la peligrosidad que implican estos residuos, sobre todo teniendo en cuenta que los sondeos que se realizaron el año pasado desvelaron elevadas concentraciones de cadmio, de hasta 97 veces por encima del límite máximo establecido, y zinc, con valores que superaban 2.456 veces ese tope.
La valla está rota y no hay constancia de que la zona esté bien impermeabilizada
El hecho de que los terrenos en los que se ubicaba la antigua balsa Jenny sean propiedad de la Administración regional, desde hace largos años, no parece que sea una garantía de un buen y seguro mantenimiento de la zona. Los funcionarios del Seprona que realizaron la inspección el 2 de octubre se encontraron con que la valla que circunda la zona está rota en varios puntos. Además, vieron que la denominada capa PEAT de impermeabilización del terreno había quedado al descubierto en una zona, lo que permitió comprobar que se trataba de una simple tira de dos metros de ancho y que no había constancia alguna de que haya otra inferior que evite los vertidos al subsuelo. La balsa Jenny viene siendo motivo de conflicto desde hace varias décadas.
