Pedro Antonio Sánchez va a juicio con una petición de 4 años y 6 millones por 'Auditorio'

Cuatro años y medio de prisión, diecinueve años de inhabilitación especial para ocupar cualquier cargo o empleo público y una multa de seis millones de euros son las peticiones de pena con las que el expresidente de la Comunidad y antiguo alcalde de Puerto Lumbreras, Pedro Antonio Sánchez, se encamina hacia el banquillo de los acusados por el llamado 'caso Auditorio'. La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Lorca, Consuelo Andreo, acaba de dictar un auto por el que ordena la apertura de juicio oral contra el exprimer edil lumbrerense por presuntos delitos de prevaricación continuada, fraude de subvenciones y fraude en concurso ideal con prevaricación. Sánchez estará acompañado por la secretaria municipal, Caridad García Vidal, acusada de prevaricación continuada y fraude en concurso con prevaricación; el arquitecto Martín Lejarraga, por iguales delitos, y el representante de la constructora Ecisa, Vicente Gimeno, como sospechoso de fraude y prevaricación.

El auto de apertura de juicio oral no implica, en este caso, que sea inminente el arranque de la vista, toda vez que algunas secciones de la Audiencia Provincial están poniendo fecha a más de un año vista.

Además de las penas reclamadas para Sánchez, el Ministerio Público solicita dos años y tres meses de cárcel y 16 años y medio de inhabilitación para la mencionada funcionaria, de forma muy similar a las penas que demanda para el arquitecto y el constructor, aunque en este último caso la condena de inhabilitación a la que se enfrenta sería de ocho años.

Por lo que se refiere a las acusaciones particulares en este proceso, que ejercen el PSOE lumbrerense y Podemos, las penas reclamadas para el expresidente murciano son de dos años de cárcel, aunque podrían elevarse hasta cinco si se contempla de forma alternativa un posible delito de falsedad documental, y una veintena de años de inhabilitación especial. Los cargos que le atribuyen son los de un delito de prevaricación continuada, otro de prevaricación y uno más de fraude de subvenciones, aunque subsidiariamente le añaden los de falsedad y fraude a la Administración.

Las diligencias por el 'caso Auditorio' se iniciaron en 2015, al objeto de determinar una larga serie de supuestas ilegalidades que se habrían cometido en 2005 en torno a la redacción del proyecto del Teatro-Auditorio de Puerto Lumbreras, su adjudicación, su construcción y la recepción de las obras.

La investigación judicial ha permitido, según el fiscal y las acusaciones privadas, obtener indicios que apuntan a que el encargo del proyecto se hizo de manera verbal al arquitecto que acabó diseñando ese centro cultural, lo que habría motivado las quejas del Colegio Oficial de Arquitectos de la Región. Ello habría llevado al entonces alcalde, con el aparente apoyo de la secretaria municipal, a simular la convocatoria de un concurso.

Las obras se acometieron en una parcela distinta a la que había servido para realizar el proyecto y para conseguir la subvención de Cultura, e incluyeron trabajos no previstos, como tres edificios y un garaje.

Todo ello, según el fiscal, motivó que el proyecto fuera «inviable técnica y económicamente desde su inicio» y que las obras quedaran sin finalizar. En concreto, solo se habría ejecutado poco más de un 61%, por lo que se habrían necesitado otros 2,4 millones de euros para concluirlo.