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La Consejería de Salud elevó este viernes a la Fiscalía las conclusiones de una inspección interna que ha detectado un posible «fraude económico» en el que estarían presuntamente involucrados el jefe de servicio y un jefe de sección de la central de compras del Servicio Murciano de Salud (la Unidad de Aprovisionamiento Integral). También estaría implicado un radiólogo intervencionista de La Arrixaca. En concreto, la investigación interna apunta a un sobrecoste de 700.000 euros en la compra de tapones de embolización para uso vascular periférico, unas prótesis que se utilizan en radiología vascular intervencionista para cortar, por ejemplo, hemorragias en arterias.
Salud informó en un comunicado de la presentación ante la Fiscalía Superior de Justicia de las conclusiones de un expediente interno que ha detectado «posibles irregularidades por parte de tres funcionarios, relacionadas con el aumento de la facturación en la adquisición de un producto sanitario». Al parecer, estos tapones de embolización se facturaban a un precio más elevado que el que correspondería al producto realmente utilizado. En total, en 2023 se produjo un incremento de 700.000 euros en el gasto en la compra de estas prótesis vasculares con respecto a 2022. Un tapón de embolización puede costar entre 300 y 1.500 euros, en función del modelo.
Salud aclaró que los hechos bajo investigación se refieren a «un posible fraude económico», sin que esto afecte a la calidad de la atención a los pacientes. «La trazabilidad del producto está asegurada, y la investigación se centra en la facturación de dichos productos sanitarios», explicaron en este departamento.
La Consejería informó de que los tres funcionarios presuntamente implicados en esta trama han sido suspendidos cautelarmente de empleo y sueldo, «hasta que haya pronunciamiento del Ministerio Fiscal o en su caso de la Autoridad judicial competente». Salud no concretó quiénes son los funcionarios apartados, aunque LA VERDAD pudo confirmar que se trata del jefe de servicio y de un jefe de sección de la UAI, además de un médico del servicio de Radiología Vascular del Virgen de La Arrixaca.
El hecho de que las presuntas irregularidades salpiquen a responsables de máximo nivel de la central de compras ha llevado a iniciar una auditoría general. «La Consejería de Salud ha iniciado una auditoría de la actividad de la Unidad de Aprovisionamiento Integral del Servicio Murciano de Salud tras haberse detectado, por el Servicio de Inspección de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios, posibles irregularidades vinculadas al suministro de determinado material sanitario», informó este departamento.
En su comunicado, la Consejería detalló los hechos: «A raíz de la evaluación rutinaria llevada a cabo por el Servicio de lnspección de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios, dependiente de la Secretaría General de la Consejería de Salud, se detectó un incremento de 700.000 euros en el ejercicio del año 2023 del consumo de un producto sanitario, con respecto a 2022, lo que podría suponer un posible fraude económico».
«Como consecuencia de ello se inició una inspección de oficio con el objeto de analizar las causas y comprobar la justificación de este aumento». Las actuaciones llevadas a cabo y diversas diligencias han concluido con la presentación de una denuncia ante la «Fiscalía Superior de Justicia de la Audiencia Provincial de Murcia, siguiendo el procedimiento establecido en el reglamento que regula la inspección sanitaria». Además, «se procederá a iniciar el procedimiento de reintegro de los presuntos pagos indebidos».
Salud no informó de cuál es la empresa proveedora de los productos cuya facturación está bajo sospecha porque se trata «de información reservada». Una de las cuestiones que deberá investigar la Fiscalía si abre diligencias es cómo se llevó a cabo una facturación por productos que en principio eran más caros que los realmente adquiridos.
LA VERDAD trató este viernes sin éxito de contactar con el jefe de servicio de la UAI suspendido cautelarmente de funciones.
La investigación de esta presunta trama vinculada a la compra de prótesis vasculares se conoce días después de que LA VERDAD desvelase que un auxiliar administrativo del SMS ha sido suspendido cautelarmente por haber accedido a una vacante de administrativo en la Unidad de Aprovisionamiento tras manipular presuntamente la bolsa de trabajo, falseando los puntos. Fuentes consultadas por LA VERDAD señalan que no consta que estas irregularidades y la trama de presuntos sobrecostes guarden relación. Salud descartó que haya altos funcionarios bajo sospecha en este caso y circunscribió los hechos investigados en la bolsa a cuatro trabajadores, uno de ellos el auxiliar ya suspendido de forma cautelar.
La vicesecretaria general y responsable de Sanidad del PSOE, Marisol Sánchez, exigió este viernes a la Consejería de Salud que «dé la cara, explique las tramas del Servicio Murciano de Salud y diga dónde ha ido a parar el dinero». «Huele a podrido. Las noticias que estamos conociendo del SMS son muy graves. Ahora entendemos por qué no le salen las cuentas al Servicio Murciano de Salud», señaló. El PSOE solicitará «de inmediato» la comparecencia del consejero de Salud, Juan José Pedreño, en la Asamblea Regional. «El Gobierno de López Miras tiene que explicar qué está sucediendo en el Servicio Murciano de Salud y tiene que asumir la responsabilidad de lo que ha ocurrido, caiga quien caiga», advirtió Marisol Sánchez.
Los sindicatos reclamaron también explicaciones. Satse centró sus exigencias en las presuntas irregularidades detectadas en las bolsas de trabajo, un asunto del que informó LA VERDAD la semana pasada. Satse solicitó «una investigación exhaustiva sobre la presunta trama de manipulación de las bolsas de trabajo» del Servicio Murciano de Salud. «Esta situación representa un ataque directo contra la igualdad de oportunidades y pone en entredicho la transparencia y la credibilidad de un sistema que afecta a miles de profesionales», señaló el sindicato en un comunicado.
Mientras, Juan Crevillen, responsable de Sanidad de UGT, pidió que se depuren todas las responsabilidades por posibles «sobrecostes o desviaciones» en las compras de material y productos sanitarios. Tanto UGT como CC OO y Satse han reclamado a la Dirección General de Recursos Humanos del SMS que aclare cuál es la situación de las bolsas de trabajo.
La diputada regional del PP Mari Carmen Ruiz Jódar respondió al PSOE que «la Consejería de Salud ha actuado con el máximo rigor y transparencia». Ruiz Jódar destacó que «ha sido la propia Consejería la que ha puesto el asunto en conocimiento de la Fiscalía, actuando con diligencia y agilidad ante lo sucedido».
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