El retraso judicial se reduce, pero aún no logra los niveles previos a la Covid

Contra viento y marea, los juzgados de la Región lograron, en el tercer trimestre de este año, aliviar levemente el retraso que arrastran. Los tiempos medios se redujeron entre julio y septiembre a una media de 7,5 meses de espera para obtener una respuesta en primera instancia, según los últimos datos recabados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La cifra –aunque levemente superior a la que se manejaba en el segundo trimestre del año– supone una rebaja de hasta un 13,7% respecto a los tiempos que se registraban en el mismo periodo del 2020, un ejercicio claramente marcado por la Covid. Los juzgados murcianos, sin embargo, no han logrado recuperar el nivel de retraso, ya alarmante, que manejaban antes de que la pandemia lo trastocase todo y continúan entre los más lentos del país.

Como viene ocurriendo desde hace años, los murcianos son, después de los castellanomanchegos, los españoles que más deben armarse de paciencia para encontrar una primera respuesta a su demanda judicial. Con una media de 7,5 meses –en Primera Instancia–, los tiempos de respuesta en los tribunales murcianos son los segundos más elevados del país, según el balance ofrecido desde el CGPJ. Solo en Castilla-La Mancha el retraso es aún mayor –hasta 7,9 meses–. La media nacional es de medio año.

Aunque la situación ha mejorado notablemente respecto al año pasado, los juzgados, con sus 7,5 meses de espera media para dictar una primera resolución, están ahora aún más retrasados que antes de la pandemia. En 2019 la espera media rondaba los 6,7 meses y en 2018 los tiempos eran algo mejores: 6,3.

Si hay una jurisdicción sensible a los estragos que la crisis de la Covid está causando en las calles esa es, sin duda, la Social. Estos órganos, unos de los más saturados y lentos del país, son los que más sienten el embate de la pandemia. En el tercer trimestre del año, según los datos desgranados por el Poder Judicial, estos órganos tardaban de media casi un año –11,8 meses– en despachar un asunto. La tardanza aumentó llamativamente –en 2019 era de 9,8– a raíz de la crisis sanitaria y la práctica paralización judicial. El retraso registrado entre julio y septiembre supone una mejoría –de un 4,5%– respecto al mismo periodo del año anterior, pero la tardanza sigue siendo aún demasiado dilatada en una jurisdicción que debe decidir sobre despidos, reclamaciones de salarios, conflictos colectivos...

La situación sigue siendo también especialmente preocupante en los juzgados de lo Civil ya que, aunque estos órganos han logrado mejorar sus tiempos, la espera media roza los 10,3 meses.

El análisis de los tiempos de respuesta de los tribunales murcianos no puede desligarse, no obstante, de la baja ratio de jueces que arrastra la Región de Murcia y de su elevada litigiosidad. Entre julio y septiembre los juzgados murcianos ingresaron la friolera de 46.105 asuntos. La cifra, aunque supone un 22,9% menos que en el mismo periodo del año anterior, se traduce en más de 512 casos diarios. La tasa de litigiosidad –que marca los asuntos ingresados por cada mil habitantes– se disparó hasta 30,37.

Con estos números, como viene siendo habitual, Murcia volvió a encaramarse al 'ranking' de los territorios con mayor actividad judicial. Con 30,7 asuntos por cada mil habitantes, la Región fue la quinta comunidad autónoma con mayor litigiosidad, solo superada por Canarias (37,3), Andalucía (32,6), Baleares (31,9) y Madrid (30,7). La presión en la comunidad se encuentra a años luz de territorios como País Vasco (21,3), La Rioja (21,8) o Extremadura (23,2). A nivel nacional, según el análisis del Consejo, la ratio es de 29,8 asuntos.

Aunque la resolución aumentó un 10,8%, más de 126.000 asuntos permanecen en los tribunales pendientes de una respuesta.

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