La reforma del Estatuto recoge el 'derecho al agua' y un guiño a la memoria histórica

La reforma es fruto del acuerdo unánime de los cuatro partidos representados en la Asamblea Regional (PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos), algo absolutamente inusual, cuyos respectivos portavoces (Víctor Manuel Martínez, Joaquín López, Óscar Urralburu y Miguel Sánchez), serán quienes esculpan sus nombres en el olimpo parlamentario de Murcia, junto al de Fernando López Miras, el presidente del Gobierno bajo cuyo mandato rezarán las crónicas que se promulgó la ley más importante en los 37 años de la vida autonómica, con el mérito añadido –para todos ellos– de que se aprobará durante la primera legislatura sin mayoría absoluta en la Cámara. Los astros se han alineado. Solo un cataclismo político podría evitar que se apruebe el nuevo Estatuto, pendiente de detalles irrelevantes que, de no superarse, tampoco serían insalvables. La Asamblea se disolverá en los primeros días de abril, para iniciar el proceso electoral del 26 de mayo, así que la reforma del Estatuto deberá votarse antes, primero en comisión (ya está convocada para el miércoles, 27) y después en Pleno (posible fecha: 1 de abril). Queda poco tiempo, pero la firme voluntad de consenso parece –hoy por hoy– superior a cualquier obstáculo. Aunque los portavoces no sueltan prenda, con el fin de no malograr su empeño reformador, es seguro que del 95% de acuerdo alcanzado –y confesado por ellos– hace quince días se ha pasado ya al 99%. Lo que falta es un pelo. El texto resultante, de unos ochenta folios, deberá sancionarse posteriormente por el Congreso de los Diputados, donde la unanimidad con la que se le remitirá desde Cartagena garantiza la mayoría cualificada necesaria para su publicación en el BOE.

A Canarias, que acaba de aprobar su reforma estatutaria, se ha mirado en la gestación del 'nasciturus' cuando surgía algún escollo en las negociaciones, mantenidas por los cuatro portavoces con la lealtad debida a sus partidos pero con una discreción rayana en el secreto. Los 'padres' del Estatuto originario, el de 1982, también calcaron párrafos enteros de los de Asturias y Cantabria, que estaban más avanzados.

A la vista del borrador en circulación, que se ha sometido a la consulta de expertos, los cuatro puntos cardinales del futuro Estatuto vienen determinados por el agua, la reclamación solemne de una financiación autonómica justa, la posibilidad de modificar la configuración territorial (y eso mantiene abierta la vía a que Cartagena se convierta en una segunda provincia) y un catálogo de derechos que supondrán, en el supuesto de no quedar reducidos a una mera enunciación retórica, un avance de calado en el reconocimiento de libertades individuales inexistentes o ya incluidas en alguna ley regional pero de menos rango que el Estatuto, como el derecho a la identidad de género y a la no discriminación a causa de la orientación sexual, que la reforma en ciernes deja blindado frente a eventuales mayorías parlamentarias extremistas que quisieran derogarlo.

Aunque el 'derecho al agua' (artículo 21) nada asegura en realidad, su inclusión en el Estatuto supone toda una novedad política, un hito en la política regional, donde el agua suele arrojarse a la cara del adversario y raras veces concita la unanimidad: «Se reconoce el derecho de los ciudadanos a disponer de agua de calidad en cantidad suficiente para garantizar el abastecimiento de la población y el desarrollo adecuado de actividades económicas y sociales». Y más: «Los poderes públicos regionales promoverán las actuaciones que correspondan ante los órganos del Estado para que se reconozca el derecho de la Comunidad Autónoma a disponer de los sobrantes de aguas de cuencas excedentarias, atendiendo a criterios de sostenibilidad».

Es fácil situar en este apartado una de las dificultades de la negociación, finalmente saldada con párrafos del gusto de unos y otros ('disponer de los sobrantes de aguas de cuencas excedentarias' equivale a trasvases, pero sin mentarlos y supeditándolos a 'criterios de sostenibilidad'. Todos contentos).

Al menos ayer permanecía en el texto consensuado el precepto de más enjundia y el que acentúa el carácter exigente de Murcia ante la Administración del Estado. Se trata de una disposición adicional en la que PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos «reconocen» que la Región ha sido maltratada por «la inequidad» del sistema de financiación autonómica y «comparten» la urgencia de mutualizar la deuda pública, para que puedan financiarse suficientemente los servicios públicos básicos (sanidad, educación y Dependencia). El texto va más lejos, al instar a las instituciones autonómicas (Consejo de Gobierno y Asamblea) a vigilar el «equilibrio económico» con las restantes comunidades autónomas, de forma que en ningún caso puedan producirse «privilegios económicos o sociales en perjuicio de Murcia».

La bifurcación en una segunda provincia que satisficiera la reclamación de los sectores de Cartagena que la demandan desde tiempos inmemoriales no figura en la carta autonómica. Pero tampoco está vedada, pues se define como ámbito territorial «el de los municipios comprendidos dentro de los límites de la actual provincia de Murcia», pero «sin perjuicio de la modificación que de dicha configuración territorial pudiera realizarse».

Quizá el elemento más renovador del nuevo Estatuto, y por consiguiente el impulso más modernizador que se quiere imprimir a la sociedad regional venga dado por la relación de derechos y deberes, que habrán de plasmarse en disposiciones legales específicas pero que ya quedan proclamados en la norma principal: los derechos a vivir con dignidad el proceso de la muerte, a la protección integral a las mujeres víctimas de la violencia machista, a la identidad de género, a la garantía de que el embarazo y la maternidad no podrán causar una discriminación de la mujer, el derecho a que las parejas no casadas inscritas en el registro gozarán del mismo reconocimiento que las parejas casadas, amén de otros derechos que, por ambiguos, merecen una menor atención. No es el caso, antes al contrario, del derecho que también se reconoce a «optar por una formación religiosa y moral conforme a las propias convicciones», siempre controvertido en el debate ideológico por la dualidad educación pública-educación privada.

Los partidos llegan lejos asimismo en su compromiso apriorístico con los menos favorecidos. El proyecto de Estatuto emplaza a la Asamblea Regional a aprobar una ley que establezca los requisitos para el acceso por parte de quienes lo necesiten a «los suministros básicos necesarios para una vida digna».

Tarde o temprano, quienes hayan sufrido persecución debido a su conciencia, ideología o defensa de su identidad cultural o de los valores democráticos deberán ser rehabilitados. Es un guiño de PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos a la memoria histórica, llamada indistintamente 'memoria democrática', que obliga a los poderes públicos a velar por su mantenimiento «como patrimonio colectivo que atestigua la defensa de la identidad y la cultura del pueblo murciano y la lucha por las libertades democráticas».

El listón está alto. Los cuatro partidos harán historia en los próximos días con la aprobación por unanimidad de un nuevo Estatuto, salvo un encallamiento que a esta hora nadie prevé y nadie desea. El consenso alcanzado, y el articulado de la ley –que será la más importante en la historia de la Comunidad–, habrán justificado por sí solos la novena legislatura de la autonomía regional.