La PAH recurrirá a la ONU la ley contra la okupación si «se vulnera el derecho a la vivienda»

El portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Francisco Morote, manifestó la intención de la plataforma de «ir a Ginebra y denunciar» cuando se publique, como ley aprobada, el Proyecto de Ley por el que se establecen medidas de lucha contra la okupación de las viviendas en la Región de Murcia, por considerar que «contiene muchos elementos contrarios a este y otros dictámenes emitidos por el propio Comité y que vulneran el derecho a la vivienda».

La PAH mantiene que no hay motivo para modificar de urgencia la ley de la vivienda con el pretexto de evitar la okupación ilegal. El portavoz de la plataforma anunció en la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua de la Asamblea Regional que recurrirán al alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas con sede en Ginebra si se vulnera el principio de derecho a la vivienda.

Así lo declaró durante su intervención en la Comisión, donde aseguró que «nos parece muy revelador cuál es el espíritu que mueve a los responsables de ese real decreto, después de saber que la vivienda es un derecho fundamental, ver cómo la ley en Murcia pasa a llamarse Ley de Vivienda y de Lucha contra la Okupación en la Región de Murcia», manifestó Morote.

Para la PAH, este decreto ley parte de premisas que les parecen «radicalmente falsas», como «la urgente necesidad que es el mecanismo que justifica la utilización del decreto ley como fórmula legislativa, o circunscribir el hecho de la okupación de viviendas a la intervención de mafias», tal y como afirmó su portavoz. «Nos resulta evidente que más del 95% de los casos denunciados se corresponden con situaciones de vulnerabilidad que vienen derivadas de los enormes niveles de pobreza existentes», aseguró Morote.

En este sentido, Morote hizo alusión a que la Región de Murcia es la cuarta autonomía de España en cifras de riesgo de pobreza y exclusión social, por encima del 31%. «Eso va unido a los bajos salarios y el muy elevado número de casas desocupadas o abandonadas. El Gobierno de la Región ha demostrado una falta total de sensibilidad, lo que provoca la inmensa mayoría de casos de okupación», afirmó.

Morote también denunció que en los últimos 25 años no se haya aumentado el número de viviendas de parque público en la Región. «No conozco ninguna medida que vaya en la dirección de construir viviendas públicas, en la medida que la gente no tenga que okupar para tener acceso a una vivienda», declaró.

El portavoz de PAH afirmó que es «evidente» que el contenido jurídico del decreto ley «criminaliza la pobreza» y «no hace nada por solucionar el problema de la vivienda». Asimismo, denunció que el Gobierno regional sigue incumpliendo la ley 20/2016, «sigue sin estar aplicable a pesar de habérselo reclamado por unanimidad en pleno», concluyó Morote.

Por otro lado, ante la Comisión también compareció el decano del Colegio de Abogados de Cartagena, Antonio Navarro, que consideró que habría que diferenciar las distintas vertientes del fenómeno 'okupa'. Por un lado, apuntó que parte de este fenómeno se produce debido a las mafias, que «han convertido la okupación en un negocio más, en estos casos, los 'okupas' serían víctimas de ellos». Por otra parte, destaca el delito de usurpación de la vivienda o aquel en el que el 'okupa' no tiene recursos para acceder a una vivienda.

Navarro hizo una llamada de atención en el caso de los delitos por usurpación de la vivienda. «En el tema de la okupación hay un gran damnificado que son las comunidades de propietarios», dijo antes de explicar que cuando en una comunidad de propietarios hay pisos ocupados, «la comunidad de propietarios no tiene ninguna acción para actuar, no puede poner una denuncia, no tiene capacidad penal para hacerlo». En cuanto al problema de las mafias, Navarro señaló que la solución habría que acometerla legislativamente «con la mayor dureza que se pueda acometer» para impedir que se produzca este fenómeno.

Por último, recalcó que la cuestión es distinta si las personas que okupan lo hacen para poder acceder a una vivienda. «Aquí habría que plantearse si la persona ha agotado todas las vías para poder acceder a una vivienda social», indicó. Según ha dicho, le parece «buena idea» legislar en este sentido, pese a que la Comunidad «tiene muy poca capacidad para tratar esta materia».