Rechazo frontal del sector hotelero a las nuevas condiciones del registro de viajeros

El régimen sancionador llega a imponer cuantías de hasta 30.000 euros para los establecimientos que lo incumplan. Esto añadirá «más presión al trabajo diario y podría repercutir en el servicio ofrecido a los turistas, afectando negativamente a su experiencia», sostienen desde HoyTú, la Federación Regional de Hostelería y Turismo de la Región. En esta organización aseguran que será un «golpe» al sector, que estará obligado a recopilar 42 datos tanto de los viajeros como de la empresa y la propia transacción.

Esto dicen que supondrá más carga burocrática y muchas dudas en cuanto a su aplicación, así como diferentes problemas que se están encontrando a la hora de instalar el programa a través del cual tienen que hacer llegar al Ministerio de Interior sus registros. A eso añaden el carácter «intrusivo» de la información que se recaba a los clientes. «Genera inseguridad al turista, más trabajo al sector y dudas sobre la custodia de los datos», opina Bartolomé Vera, presidente del área de hoteles de la patronal turística regional.

Desde Ashomur, la Asociación de Hoteles de Murcia, su presidente, Felipe Saldaña, habla de «escepticismo» en cuanto a los resultados que se pueden obtener con este sistema, que supondrá una «complejidad añadida». Más contundente es José Catalá, presidente de Hostetur, la Asociación de Hoteles y Alojamientos Turísticos de la Costa Cálida: «Es un atropello institucional», asegura Catalá. No habla sólo del incremento en la cantidad de datos que tienen que recabar, sino también incide en sus características: «Se nos está empujando a hacer un trabajo casi policial».

El cliente será también uno de los perjudicados, mantienen los profesionales consultados, que consideran que un trámite como el del 'check in' (el registro a la llegada al hotel), que apenas dura habitualmente unos minutos, se puede prolongar más de lo deseado. Bartolomé Vera admite que hay «preocupación» sobre si puede desincentivar las reservas, pero Felipe Saldaña espera que no vaya a ser así: «Es una medida para todo el ámbito nacional. Todos tenemos que cumplirla. Pero pagaremos justos por pecadores».

Desde el Gobierno regional, el posicionamiento es de respaldo al sector. Según el director del Instituto de Turismo de la Región de Murcia (Itrem), Juan Francisco Martínez, aún hay muchos hosteleros que les siguen trasladando consultas sobre el funcionamiento de la plataforma que tendrán que manejar. «Si apostamos por la simplificación administrativa, tiene que haber simplificación para todo», dice Martínez, que lamenta que no se disponga de más información al respecto de cómo será el desarrollo de esta herramienta.

Una preocupación común es cómo custodiar la información que se recopile de sus clientes y qué hacer con ella una vez que ha sido trasladada al Ministerio de Interior, puesto que la normativa en materia de protección exige un tratamiento especial. Datos personales y bancarios son los que más complicaciones les pueden exigir. De hecho, el Real Decreto obliga a los titulares de los alojamientos turísticos, que serán los responsables de su custodia, a crear un registro informático con los datos recopilados durante un plazo de 3 años a partir de la finalización del servicio o la prestación contratada. Entre la batería de campos que tendrán que cumplimentar de sus clientes, se incluye incluso la relación de parentesco existente.

A punto de que llegue el momento a partir del cual sea obligatorio este sistema, muchos también se están encontrando con problemas a la hora de instalar la aplicación Ses.Hospedajes, como explican desde HoyTú. Algunos alojamientos apuran aún estos días para adaptarse a su funcionamiento, entre quejas y críticas a una herramienta que supone «un cambio estructural», como sostiene José Catalá. Las diferentes asociaciones profesionales echan en falta que el Gobierno central no les haya pedido su opinión ni haya tenido en cuenta las aportaciones que pudieran haber realizado. «No se nos ha escuchado para nada», mantiene el presidente de Hostetur.

Para el sector es un retroceso en un momento de avances tecnológicos que permiten una identificación y localización rápida de cualquier individuo sin tener que aumentar la carga de trabajo burocrático en su día a día. «Entendemos que el actual fichero ofrece ya suficiente control», asegura Bartolomé Vera sobre la información que, de forma regular, ya ponen a disposición de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. José Catalá lamenta que «la tecnología ha hecho avances importantes y esto son varios pasos hacia atrás».

El nuevo decreto afecta además a agencias de viajes, plataformas digitales y empresas de alquiler de vehículos. Quedan fuera del mismo los apartamentos turísticos. «No sabemos cómo afectará eso a nuestra competitividad», se pregunta Felipe Saldaña. En la misma línea, Bartolomé Vera cree que si el objetivo de la norma es ayudar a identificar a los delincuentes, para ellos será tan sencillo como irse a uno de los apartamentos que se anuncian a través de internet y otras conocidas aplicaciones digitales.

Las críticas que llegan desde el sector turístico en la Región son comunes al resto del territorio nacional. La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos critica que el real decreto «atenta contra los derechos fundamentales de privacidad y es contrario a varias directivas comunitarias». Más allá de eso, también creen que será un lastre para su actividad «en un entorno global donde la competencia por atraer turistas es feroz», introduciendo «barreras que desincentivan la llegada de turistas nacionales e internacionales».

Mientras tanto, desde el Ministerio de Interior se cifra en 18.584 el número de personas que figuraban en bases de datos de señalamientos nacionales o internacionales y que han sido localizadas desde que se pusiera en marcha este registro de información.

Ante las críticas del sector, el Ministerio defiende que este registro «es un instrumento policial de cara a la prevención y lucha contra el terrorismo y el crimen organizado», que «protagonizan los mayores ataques a la seguridad ciudadana». Además, defiende este departamento que en todo el proceso de elaboración y aprobación se ha respetado el principio de transparencia y eficiencia y no se han incluido «cargas administrativas innecesarias o accesorias», contando además con un informe del Consejo de Estado que «nada tiene que oponer a la regulación que se propone».

Interior también se encuentra trabajando en una orden ministerial para regular el proceso y lograr que todas las compañías afectadas tengan más facilidad para introducir el conjunto de datos recogido en la normativa. Por otro lado, ya existe un borrador de la orden en referencia a los sistemas de automatizaciones, ya que serán «objeto de evolución» porque es probable que tenga lugar mejoras «en el futuro».

Desde la creación de la plataforma se han registrado en todo el país 61.540 establecimientos hoteleros, 1.994 agencias de viajes, 222 plataformas y 1.720 empresas de alquiler de vehículos. Sumando todas estas empresas, se han registrado 4,77 millones de datos de usuarios.