Las quiebras de particulares que llegan a los juzgados de la Región de Murcia se triplican en solo un año

Los juzgados de la Comunidad registraron en 2023 el mayor incremento de peticiones de esta figura de todo el país, hasta un 223% más. Esta curva claramente ascendente viene a confirmar la tendencia que ya se viene apreciando desde finales de 2020 en los concursos de acreedores y que se explica, principalmente, por las quiebras de particulares. De los 1595 concursos que llegaron a los tribunales entre enero y diciembre del pasado año, 1.395 correspondían a personas naturales no empresarios. Los de empresarios, tanto individuales, como los de personas jurídicas, dibujaron, sin embargo, una curva descendente.

Este incremento ha situado a la Región de Murcia como la tercera comunidad autónoma con mayor número de familias que solicitan el concurso de acreedores por cada 100.000 habitantes. Solo Cataluña y Canarias (con ratios de 107,8 y 91,2, respectivamente) registraron, en este periodo, una tasa mayor a la murciana (de 89,8). La otra cara de la moneda son autonomías como País Vasco o Castilla y León, con las ratios más bajas del país (29 y 45,2, respectivamente). Más de 33.200 personas en todo el país se declararon en esta situación para tratar de buscar una solución a un pago de deudas que no pueden afrontar.

Los datos que el Poder Judicial puso este miércoles encima de la mesa dibujan la actividad de un año marcado por las sucesivas huelgas que atenazaron los juzgados durante meses –primero la de los letrados de la administración de justicia y luego la de los funcionarios–. Esa estadística también pone de relieve un aumento, aunque atenuado, de los despidos. El año pasado se registraron en la Región 4.968 demandas de despido. La cifra supone un 17% más que un año antes y una media de hasta 13 demandas de despido al día.

De acuerdo con el balance, además, en este periodo se presentaron en los juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción de la Comunidad 35.504 procedimientos monitorios, lo que supone un aumento interanual del 8%. Estos procedimientos se inician para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles. El informe del Poder Judicial también recoge otros aspectos vinculados a los efectos de la crisis económica, como las reclamaciones de cantidad, que prácticamente permanecieron estables –bajaron un 1,2%–.

El informe del Poder Judicial pone de relieve, además, que la Región de Murcia sigue soportando la segunda mayor tasa de demandas de ejecución hipotecaria –desahucios– de todo el país. El pasado año, sin embargo, estos procedimientos bajaron hasta un 36,4%, alcanzando 872. El descenso en la entrada de demandas de ejecución hipotecaria se vio traducido, además, en un bajón de los desalojos acordados por los jueces. El pasado año se practicaron 779 lanzamientos en la Comunidad, 58,1% menos que el año anterior. Este descenso puede haberse visto influenciado por los meses que los juzgados permanecieron a medio gas por las huelgas.

Según recalcó el CGPJ, los lanzamientos afectan a distintos tipos de inmuebles, no solo viviendas y, en el caso de éstas, no solo a vivienda habitual. Los casos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), esto es por impagos del alquiler, ya suponen el 52,1% del total de lanzamientos practicados en la Comunidad. El pasado año se dieron 406 de estos desalojos en la Región, un 60,1% menos que solo un año antes. Otro grueso importante de desalojos –hasta 315– se debieron a ejecuciones hipotecarias, muchas de ellas derivadas de no abonar la hipoteca.

El Poder Judicial también aborda en su informe el fenómeno de la ocupación. La Justicia murciana registró el pasado año 59 juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas, un 53,2% menos