La exconsejera García declarará en la causa contra Valcárcel por un presunto enfrentamiento con Cerdá

Inmaculada García, quien durante ocho años fue su consejera de Hacienda y, seguidamente, de Economía, Empresa e Innovación, ha sido citada a declarar como testigo en las diligencias del llamado 'caso La Sal II', que impulsa la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Murcia, Isabel María Navarro, y en las que el expresidente popular aparece hasta el momento como único encausado. Será este próximo jueves, día 17, cuando tenga que comparecer en la Ciudad de la Justicia, junto a quien fue su directora general de Presupuestos, Isabel Martínez Conesa. Dos mujeres a las que bien cabría incluir en la popular expresión «de armas tomar», y que pueden aportar datos relevantes sobre uno de los aspectos más relevantes de esta investigación judicial: la 'comfort letter' o carta de garantía suscrita en abril de 2006 por el Ente Público del Agua (EPA), por la que la Comunidad Autónoma asumía graciosamente, ante el Banco Español de Crédito, la responsabilidad de los impagos en los que pudiera incurrir la firma privada Hydromanagement, que iba a construir la desaladora de Escombreras.

Los nombres de Inmaculada García e Isabel Martínez Conesa los introdujo en la causa el antiguo Interventor Jefe de la Administración regional, Eduardo Garro, cuando declaró a su vez como testigo en estas diligencias, el pasado 24 de junio, y el Fiscal Anticorrupción, Juan Pablo Lozano, le interrogó acerca de esa 'comfort letter'.

Garro explicó al respecto que se había enterado de su existencia un día que se reunió con Martínez Conesa en su despacho, por otro motivo, y esta le expresó «sus dudas» sobre un documento que les habían remitido, en apariencia desde la Consejería de Agricultura, para avalar el préstamo de 111 millones que una firma privada había pedido para levantar una desalinizadora en Escombreras. «No sé qué hacer con esto», le habría dicho la directora general.

Al jefe de la Intervención tampoco debió convencerle el asunto, ya que se fue a expresarle sus reservas al vicesecretario de la Consejería de Hacienda, Luis Martínez Atienza, y este a su vez se las transmitió a la propia consejera, Inmaculada García. «¡Esto no se puede firmar!», habría sido la reacción de la titular del departamento, según la declaración judicial de Garro.

Ni corta ni perezosa, García habría echado mano del teléfono y habría convocado a una reunión a su compañero de Consejo de Gobierno, el entonces omnipotente consejero de Agricultura, Antonio Cerdá, para expresarle su opinión sobre el asunto. Que, en resumidas cuentas, se reducía a hacerle saber que nadie en su departamento iba a asumir la responsabilidad de firmar esa 'comfort letter'. «La discusión fue sobre si aquello se podía firmar o no se podía firmar», confirmó Garro en el juzgado. «Entonces surgió la necesidad de modificar la Ley del EPA», añadió.

Lo que en apariencia vino a decirle García a Cerdá fue que, si quería avalar ese préstamo, que lo hiciera su departamento. De manera que la Administración regional acometió una reforma de la ley que regulaba el Ente Público del Agua (EPA), para permitirle hacer algo insólito: avalar con fondos de la Comunidad un préstamo de 111 millones a una empresa privada, cuando el límite máximo de los avales autonómicos estaba fijado en ese momento en 24 millones. Y fue el entonces gerente del EPA, Amalio Garrido, quien acabó prestando su firma, el 19 de abril de 2006, como puede constatarse en el documento que se reproduce en esta página. Garrido es uno de los principales imputados en el 'caso La Sal I', junto con el exconsejero Cerdá.

Este jueves, Inmaculada García e Isabel Martínez Conesa deberán aclarar en el juzgado si tales hechos se produjeron en la forma descrita. Y a nadie escapa que la primera tendrá además que explicar si el entonces presidente, Ramón Luis Valcárcel, era consciente de la existencia de ese aval y cuál fue su intervención en las cuestiones financieras que llevaron a la Comunidad a acabar comprometiéndose a pagar el «leonino precio» de 600 millones de euros por el alquiler, por 25 años, de la desaladora de Escombreras.

También sobre tan llamativa cuestión le preguntó el fiscal Lozano al exinterventor Garro. «Si por una cosa que cuesta 125 millones acabamos pagando 600, ¿eso es un precio de mercado? ¿Eso es un gasto eficiente? ¿Alguien ha hecho los números y analizado el perjuicio a las arcas públicas?», interpeló. Garro le aclaró que sí, que pensaba que sí, y que lo habría hecho la Dirección General de Patrimonio, aunque no con carácter previo a la adquisición de la planta, sino cuando la situación era ya tan ruinosa, en torno al año 2017, que ya solo cabía instar la disolución del Ente Público del Agua.

El día 24, quien tendrá que comparecer en el juzgado es el mencionado Amalio Garrido, y el 27 lo hará Cerdá, quienes tendrán que dar explicaciones sobre la 'comfort letter' y sobre otras muchas cuestiones. El exconsejero además vendrá a comparecer después de que Valcárcel, en su declaración de junio, viniera a dejarlo a los pies de los caballos, como último responsable, cuando aseguró que Cerdá «era consciente de que la desaladora no era un proyecto de este presidente».