Propietarios del edificio Martinique de La Manga solicitan a Costas una concesión temporal
Los dueños de los pisos y los locales se enfrentan al problema de inscribir los inmuebles, lo que afecta a la hora de la compraventa
Algunos propietarios del edificio Martinique han solicitado a la Dirección General de la Costa y el Mar, del Ministerio para la Transición Ecológica y el ... Reto Demográfico una concesión administrativa para ocupar el Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) ante la imposibilidad de inscribir su piso o local en el Registro de la Propiedad. Como ocurre con los chalés que invaden la playa, los dueños de propiedades que ocupan el espacio público se encuentran con esta problemática a la hora de vender o comprar el inmueble.
Según los afectados, en el caso del edificio Martinique se trata tan solo de los picos de los voladizos de una hilera de balcones de esta torre de 11 plantas en la orilla del Mar Menor. «Puedes tenerlo sin problemas toda la vida, pero si quieres registrarlo, comprarlo o venderlo, ya encuentras el primer obstáculo», comenta un vecino del edificio.
El edificio se construyó en 1979, por lo tanto, anterior a la Ley de Costas de 1988, cuyas disposiciones transitorias reconocen el derecho de sus propietarios, que en su momento construyeron con el permiso legal de las administraciones, a la ocupación del DPMT por un plazo de treinta años. Para obtener ese permiso temporal, deben pedir una concesión administrativa a Costas que no resulta rápida ni fácil. «Vinieron unos topógrafos a medir para elaborar los informes necesarios y, sobre el resultado positivo, esperamos la concesión en breve», explica Antonio Guillén, propietario de un local en la torre Martinique.
El Plan de Protección del Mar Menor refleja «la necesidad de restaurar dunas y recuperar» el dominio público
El propietario afectado explica que «no hay derecho a que un edificio con todo en regla, que paga el IBI, te limiten la propiedad». «En su momento, el Gobierno no hizo nada por valorar la idiosincrasia de la zona, hicieron tabla rasa respetando lo anterior, y ahora pagamos las consecuencias», afirma.
Costas indica que «estos expedientes administrativos resultan bastante complejos y de una larga tramitación, ya que incluye exposiciones públicas, alegaciones y la posibilidad de recursos administrativos y judiciales». Asegura que «en cualquier caso, la actuación de la administración no es arbitraria, porque se rige por la aplicación de la ley y tiene obligación de respetar los derechos de los propietarios, reconocidos por la Ley de Costas, por eso se instruyen expedientes individualizados».
Último deslinde en el 2000
Según el último deslinde de la costa, realizado en el año 2000, las edificaciones que ocupan el DPMT en La Manga suman 245 edificios y 1.235 viviendas, con diferentes niveles de invasión, desde el pico de un voladizo en las plantas de una torre hasta grandes chalés. El Plan de Protección del Borde Litoral del Mar Menor, de 2021, refleja «la necesidad de restaurar dunas y recuperar el DPMT».
Y señala «la presión urbanística» en zonas como Veneziola (6 edificios y un restaurante en espacio público), el sur del Estacio (13 edificios), playa de Las Antillas (7 edificaciones y un hotel), playa de Lebeche (36 edificaciones), playa Cavanna (11 edificaciones, un hotel, un parking, tres restaurantes y un centro deportivo), entre otra larga lista de puntos rojos.
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