PP y Cs prevén aprobar en un mes la segunda ley de Simplificación

Martínez, Sánchez y Domingo Segado (PP) registran la ley./P.S.
Martínez, Sánchez y Domingo Segado (PP) registran la ley. / P.S.

Ambos partidos abren el curso en la Asamblea con su texto conjunto para legalizar 20.000 empresas y catalogar los polígonos industriales

Gregorio Mármol
GREGORIO MÁRMOLCartagena

Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs) pusieron en marcha la actividad parlamentaria en el último año de la legislatura con el registro en la Asamblea Regional de la proposición de Ley de Aceleración Empresarial, también conocida como segunda norma de Simplificación Administrativa. Con ella prevén sacar de la «alegalidad» a unas 20.000 empresas de la Región.

Los portavoces del PP, Víctor Manuel Martínez, y de Ciudadanos, Miguel Sánchez, destacaron que otro de los objetivos de la norma negociada por ambos partidos durante los últimos cuatro meses y consensuada con la Croem es incentivar la inversión en campos como el turístico y simplificar los trámites administrativos para montar negocios, «sin menoscabar la legislación ambiental», dijeron.

Esencialmente, el texto contempla los usos provisionales para la ordenación del territorio establecidos legalmente, la legislación de los polígonos industriales, la simplificación administrativa, la administración electrónica y la agilización de los trámites para los contratos de suministros. Los ayuntamientos «tendrán la última palabra» sobre esos trámites, según ambos portavoces.

PSOE y Podemos rechazan la norma por su afectación al medio ambiente, pero no podrán frenarla

Martínez subrayó que la ley intenta solucionar el «limbo jurídico» en el que se encuentran empresas activas pero que aún no han obtenido licencias por incurrir en defectos urbanísticos subsanables en la mayoría de los casos.

Además, tendrá incidencia en los polígonos industriales, que pasarán a ordenarse en tres tipologías, según sus servicios, para facilitar y agilizar posibles inversiones.

Martínez advirtió de que «en ningún caso» esta proposición de ley deroga normativa ambiental ya vigente, sino que apuesta por la sostenibilidad y agiliza los trámites para que la puesta en marcha de un proyecto empresarial no sea una «carrera de obstáculos».

Miguel Sánchez añadió que es una ley «innovadora y valiente» y confía en que el texto sirva de ejemplo a otras comunidades «que quieran proporcionar seguridad jurídica a su tejido empresarial».

La previsión de los proponentes es iniciar este mes la fase de enmiendas por parte de todos los grupos políticos y aprobar el texto definitivo en octubre. PP y Cs tienen mayoría suficiente para ello.

PSOE y Podemos rechazarán esta proposición de ley por su afectación medioambiental. El portavoz socialista, Joaquín López, avanzó su oposición «frontal» a cualquier norma que «pueda atentar contra el medio ambiente» y esté basada solo en «criterios económicos».

El secretario general de Podemos, Óscar Urralburu, también valora el texto como «un ataque al medio ambiente» y sostiene que el PP y Cs «hacen lo que sea» para beneficiar a las empresas que «se saltan la ley».

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