Los presuntos jefes de una red de trata afrontan 118 años de cárcel
La Audiencia juzgará a 9 supuestos integrantes de un grupo acusado de prostituir a extranjeras en Fuente Álamo
Hasta 118 años de prisión reclama la Fiscalía para cada uno de los presuntos cabecillas de una organización que al parecer explotó sexualmente a ... numerosas mujeres extranjeras en el prostíbulo de una finca de Fuente Álamo. El Ministerio Público, en su escrito de conclusiones provisionales, remarca que este grupo, presuntamente liderado por una mujer paraguaya, obtuvo «notables ingresos económicos» aprovechándose de la difícil situación económica de algunas extranjeras, a las que obligaban a prostituirse sin días de descanso y sin poder elegir los clientes o los servicios sexuales que llevaban a cabo. La trama, destaca la fiscal, aprovechaba la «desesperación» de algunas de sus víctimas, que tenían hijos o padres dependientes que necesitaban de sus ingresos económicos.
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La Audiencia Provincial deberá sentar en el banquillo en los próximos meses a los nueve presuntos miembros de este grupo, que fue desarticulado por la Policía Nacional a finales de 2021. La Fiscalía, en su acusación, cuenta con el relato de varias de las víctimas que, como testigos protegidos, se atrevieron a denunciar las situaciones de supuesta explotación sexual y trata que se daban en la Casa Amarilla y la Casa del Amor, dos prostíbulos situados en una casa de campo del paraje El Palmero, en Fuente Álamo.
La fiscal explica que esas casas de alterne fueron regentadas, al menos desde 2017, por la supuesta cabecilla de este grupo, Cintia C. F. –que está siendo defendida por el abogado Eduardo Romera–; su esposo, Jipson F. R., y su hijo, William F. F –que acaba de recuperar la libertad provisional–. Para ello contaron, además, con la supuesta intervención de otros familiares y allegados.
La fiscal explica que las víctimas eran obligadas a prestar servicios en jornadas que comenzaban a las cuatro de la tarde y terminan en torno a las cuatro o las cinco de la madrugada del día siguiente. Destaca que en esas casas de alterne no había horas de cierre mientras hubiera clientes que demandaban servicios. Las mujeres eran supuestamente forzadas a trabajar aunque estuvieran enfermas o con el periodo, siendo multadas o amenazadas con ser expulsadas de la finca –donde también vivían– si no lo hacían.
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Cintia y su hijo supuestamente presionaban a las mujeres para que mantuviesen relaciones sin preservativo si los clientes lo pedían y se quedaban con un porcentaje de los servicios que, remarca el Ministerio Público, llegaba a alcanzar el 50%. La Fiscalía acusa a los procesados de supuestos delitos de trata, favorecimiento de la inmigración clandestina y explotación de la prostitución ajena, entre otros.
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