Ortuño exige explicaciones a la delegada del Gobierno por la agresión a Miras y esta niega haberlo instado a hablar con los agricultores
El portavoz del Ejecutivo asegura que el presidente recibió a los manifestantes que zarandearon su coche a petición de la Delegación, que rechaza «categóricamente» haber solicitado este extremo
El portavoz del Ejecutivo regional, Marcos Ortuño, dijo este jueves que la delegada del Gobierno, Mariola Guevara, «debe responder» por la agresión sufrida en la tarde de este miércoles por el coche oficial en el que viajaba el presidente Fernando López Miras, a la salida del Parlamento autonómico, donde había asistido a un Pleno.
Sin llegar a hacer suya la petición de dimisión de la delegada del Gobierno, realizada a primera hora de la mañana por el portavoz del PP, Joaquín Segado, Ortuño se limitó a calificar los hechos de la Asamblea de «gravísimos, violentos e inadmisibles». Además, aseguró que si el presidente Miras hubiera tenido «la mitad de la mitad, de la mitad de protección que Pedro Sánchez» en su visita a la desaladora de Torrevieja, no habría ocurrido lo que pasó. Asimismo afirmó que «la Delegación del Gobierno no ha estado a la altura» y que, a su juicio, «se podía haber evitado» lo ocurrido.
Ortuño también explicó que la Delegación del Gobierno conocía la convocatoria de la protesta «desde la mañana» y que el presidente López Miras se vio obligado a recibir en la Asamblea a los manifestantes violentos a instancias de esta institución, que envió un mensaje a la presidenta del Parlamento autonómico con el que sugería que ésta era la única forma de desactivar la protesta.
El portavoz el Ejecutivo criticó «la inacción, la falta de previsión y la incapacidad» de la Delegación del Gobierno y cuestionó que la única opción que se pusiera sobre la mesa fuera la reunión de Miras con los violentos. «Era el único plan» de la delegada.
Esa reunión se produjo después de que los manifestantes hubieran zarandeado el coche del presidente y de que los representantes de los agricultores que participaron en las protestas ya hubieran mantenido contactos con todos los partidos políticos. En el caso del PP, les recibió Segado.
Pero ese encuentro, aclaró Ortuño, no significa que el presidente López Miras esté dispuesto a negociar con los manifestantes. «No vamos a negociar fruto de la coacción y la violencia», dijo, pese a admitir que la próxima semana esos mismos agricultores serán recibidos por la consejera Sara Rubira.
La postura oficial del Gobierno regional es que no negociará con los violentos y que los interlocutores válidos son UPA, Asaja y COAG. Sin embargo el vicepresidente José Ángel Antelo recibió este jueves a un grupo de agricultores del Campo de Cartagena «para mostrarles su apoyo frente al Pacto Verde Europeo y la Agenda 2030».
Antelo también se comprometió con los agricultores independientes a que «desde el Gobierno regional van a seguir apoyando sin fisuras la viabilidad de nuestro campo», como demuestra el Plan Plurianual de 18 millones de euros anunciado este miércoles por el presidente Miras en la Asamblea Regional.
Consultado sobre la opinión de las organizaciones agrarias profesionales de que ese Plan Plurianual para cinco años es insuficiente, el portavoz dejó la puerta abierta a seguir negociando con los interlocutores válidos. Sin embargo evitó responder qué le parece que el vicepresidente hable con los violentos al margen del Gobierno al que pertenece. Ortuño sugirió que esa pegunta debe responderla Antelo. «En un Estado de derecho hay que condenar estas conductas que no tienen cabida», dijo sin más explicaciones.
Sobre la convocatoria de protesta del campo del próximo miércoles 21, Ortuño no entró a valorar la negativa de las organizaciones agrarias a que asistan los representantes políticos. «Nosotros hemos estado y escuchado a organizaciones agrarias», se limitó a señalar.
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El PP reclama la dimisión
El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, exigió la dimisión de la delegada de Gobierno porque considera que «su nefasta gestión permitió» que este miércoles «se cercara la sede« de la Asamblea Regional. Segado denunció que los hechos «son muy graves», ya que «la delegada del Gobierno conocía la convocatoria de la manifestación. Y si no lo conocía es una grave irresponsabilidad».
Asimismo, el portavoz pidió conocer el dispositivo que preparó la Delegación del Gobierno para proteger la Asamblea Regional y cuáles eran las instrucciones que tenían «los pocos policías que estaban destinados para el dispositivo que había montado la Delegación de Gobierno».
Además, Segado subrayó que «varias docenas de vehículos, tanto tractores como camiones y remolques, paralizaron el Paseo Alfonso XIII de Cartagena y ocuparon zonas peatonales, impidiendo la entrada y salida a la Asamblea Regional, así como la circulación de los vehículos».
El portavoz criticó que, según aseguró, «para proteger al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en una visita a la desaladora de Torrevieja, en la que el manifestante más cercano estaba a un kilómetro y medio gracias al cordón policial y con varios centenares de agentes de policía que impidieron que alguien se le acercara».
Segado incidió en que «podemos entender que haya grupos de agricultores y ganaderos que quieran manifestarse, que quieran mostrar su malestar ante la situación que están viviendo y entendemos y compartimos esa posición», pero, «las formas deben ser las que nuestra ley y nuestro marco legal marcan y nuestra Constitución bendice».
La Delegación niega «categóricamente» haber instado a Miras a reunirse con los agricultores
Por su parte, desde la Delegación del Gobierno negaron «categóricamente» haber enviado un mensaje a López Miras para que se reuniera con los agricultores. La Delegación del Gobierno muestra su «estupefacción» por tales afirmaciones y defiende la actuación de la Policía Nacional «con un dispositivo que, en los momentos de mayor tensión, estaba formado por más de 50 agentes y que en todo momento garantizó la integridad del Parlamento Regional, sus diputados y trabajadores», según fuentes oficiales.
Además, aseguraron que la Policía Nacional identificó a cerca de sesenta propietarios de tractores que participaron en las protestas y que se enfrentan a posibles sanciones por infracciones de las leyes de seguridad ciudadana y seguridad vial. Además, se identificó a los responsables de determinados altercados que podrían acarrear sanciones administrativas o penales.
La delegada del Gobierno anunció su comparecencia este viernes para ampliar la información antes de su reunión con las asociaciones mayoritarias de agricultores para coordinar el dispositivo de seguridad de cara a las manifestaciones convocadas para el próximo 21 de febrero.
