Los pequeños productores temen un freno a la fotovoltaica por la «insuficiente» red eléctrica

La Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier), que agrupa a 5.000 socios vinculados con el sector, ha advertido de que la situación general de «colapso» de las infraestructuras de transporte a nivel nacional es «especialmente preocupante» en la Comunidad. El motivo es que el número de proyectos de construcción de subestaciones y otras instalaciones es «absolutamente insuficiente», según indicó a LA VERDAD el presidente de Anpier, el murciano Miguel Ángel Martínez-Aroca.

Según informa en su página web la compañía Red Eléctrica, en la Región hay ocho proyectos de ampliación de la red de transporte de energía eléctrica. Estos servirán, entre otras cosas, para el «apoyo a la red de distribución» y a la producción renovable, el almacenamiento, la integración de las energías limpias en el sistema y la «resolución de restricciones técnicas».

La compañía operadora de la red de alta tensión, que forma parte del grupo Redeia, incluye estos proyectos de la Región en un mapa nacional. Y ubica en él, en concreto, subestaciones repartidas por ocho municipios: Jumilla (Peñarrubia), Abanilla, Campos del Río, Murcia (Espinardo), San Pedro del Pinatar, Totana, Torre Pacheco (Balsicas) y Cartagena (Fausita).

El Gobierno regional también está presionando para incrementar la extensión y la capacidad de esta malla de conducción de la energía. En noviembre, el consejero de Medio Ambiente y Universidades, Juan María Vázquez, se reunió con la delegada de Redeia en la Región Este, Maite Vela, y repasaron proyectos como el de la nueva subestación de Espinardo y el de Abanilla, «para la integración de renovables».

Antes, en octubre, Vázquez mantuvo un encuentro con la entonces secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, y actual ministra para la Transición Ecológica. En él, reclamó la «urgente necesidad» de inversiones en la red, para «el desarrollo de proyectos industriales estratégicos». A propósito del Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica, que está elaborando el Ministerio a través de Red Eléctrica y que se extenderá hasta 2030, el consejero planteó dieciocho infraestructuras energéticas valoradas en 250 millones de euros.

Se trata de cuatro nuevas subestaciones y la ampliación de otras siete, así como seis proyectos para la descarbonización del Valle de Escombreras y la construcción de tres corredores que acaben con el 'desierto energético' en las comarcas del Noroeste y del Guadalentín: Totana-Escombreras, Baza (Granada)-Caravaca de la Cruz-Campos del Río y Noroeste-Pinilla (Albacete). «Esto nos permitiría incrementar en casi un 30% nuestra capacidad de generación de energías renovables, lo que facilitaría la instalación de nuevas plantas» e inversiones por importe de 4.500 millones de euros, añadió el consejero Vázquez. Al problema de la amplitud y capacidad de la red se une, según Anpier, el retraso en acciones públicas que permitan «casar» la creciente oferta de energía renovable, especialmente de origen solar, con la demanda. Esta, insiste, «debe crecer a través de la electrificación de la economía». Eso incluye tanto las viviendas como la industria y el transporte, unos ámbitos en los que Anpier reclama apoyo estatal en forma de subvenciones y agilización de trámites para la sustitución de calderas de gas, cocinas de butano y vehículos con motores de combustión por sistemas que no usen combustibles fósiles. Algunas alternativas son las bombas de calor, las vitrocerámicas y los coches, camiones y autobuses eléctricos.

En el sector recuerdan que a los problemas de insuficiencia de la red y de la demanda hay que unir la caída del precio de la electricidad, vinculada al tirón de la energía renovable (que ya supone el 43% a nivel regional y el 56% en toda España, donde la eólica supera a la fotovoltaica). El resultado, explica Martínez-Aroca, es que cada vez está más «en riesgo la rentabilidad» de las instalaciones solares fotovoltaicas ya operativas y de las proyectadas, sea en fase de construcción o de tramitación administrativa.

Los pequeños y medianos productores están «sufriendo una acumulación de factores negativos, entre ellos el 'precio cero' de la electricidad por la baja demanda» y la «imposibilidad de conexión» a la red de transporte. Como consecuencia, los titulares de las explotaciones, que ya sufrieron durante años el 'impuesto al sol', temen no recuperar sus inversiones; y los promotores de nuevas centrales solares ven cómo «los bancos están endureciendo las condiciones de acceso a la financiación de los proyectos, exigen más garantías a los demandantes de créditos e incluso cierran el grifo» de los préstamos.

En Anpier temen que la Región de Murcia sea escenario de una fuga de inversiones a otros «mercados emergentes en energías renovables», tanto de fotovoltaica como de hidrógeno verde y otras fuentes. Los proyectos, que también encaran dificultades relacionadas con la burocracia, podrían volar a «otras comunidades donde el Gobierno central sí que está invirtiendo en el despliegue de redes», y a otros países de la Unión Europea, como «Alemania, Irlanda y Portugal, que sí están apostando por medidas de impulso de la electrificación, con acciones sencillas pero efectivas, como la concesión de ayudas directas de 300 euros por cambiar placas de butano o de gas ciudad por vitrocerámicas», señaló a este diario Martínez-Aroca.

Para que la Región mantenga el «espectacular» crecimiento de la solar fotovoltaica, que representa ya el 36% de su 'mix' energético frente al 17% nacional (la eólica le supera con un 23%), Anpier considera que el Gobierno central debe adoptar «con especial intensidad y urgencia» una serie de medidas, en línea con las necesarias a nivel nacional.

Esta asociación reclama «una mejor organización de la capacidad de la red, desarrollando la misma en las regiones donde el recurso energético renovable es mayor (sol y viento); y dar prioridad al desarrollo de pequeñas plantas solares fotovoltaicas de hasta 5 megavatios en líneas de distribución frente a grandes parques solares, dado el beneficio que aportan: menor impacto paisajístico y medioambiental, cercanía al consumo, inversores de la zona, familias y pymes y redistribución de la riqueza.

También instan a respaldar la «conexión directa a la red de instalaciones agrovoltaicas (que ocupan fincas donde se combina la producción de energía con la actividad agraria) en pequeñas potencias de hasta 500 kilovatios». Y solicitan «seguridad jurídica y compensación por los duros recortes sufridos por las 65.000 familias pioneras fotovoltaicas, cuya problemática sigue aún pendiente de resolverse», pese la anulación del peaje a las renovables en el año 2019 por parte del Ejecutivo nacional.