Patronal y sindicatos rechazan el nuevo sistema de reparto de dinero público

La Confederación Regional de Organizaciones Empresariales (Croem), CC OO y UGT han reaccionado al punto 25 del acuerdo de gobierno PP-Vox, que recoge el compromiso de ambos partidos de modificar «la Ley de Participación Institucional para promover el método de concurrencia competitiva en la concesión de subvenciones, frente al modelo de subvención directa».

La primera en reaccionar fue la patronal a la que el planteamiento de ese punto 25 le genera «dudas» porque en ningún caso es una ayuda directa sino una compensación a la patricipación en un centenar de órganos consultivos regionales.

Esas son las mismas dudas que CC OO espera que le aclare el futuro presidente regional, a quien exigirá «una explicación pormenorizada», mientras UGT afea que con la redacción de ese punto 25 se ponga en duda el trabajo de los sindicatos en beneficio del conjunto de la ciudadanía.

En opinión de Croem, las tres leyes de Simplificación Administrativa, el Pacto por la Estabilidad en el Empleo, el de Economía Sumergida o el de Prevención de Riesgos Laborales y el de Formación Profesional Dual, entre otros, «justifican sobradamente el interés social» del trabajo que lleva a cabo la patronal y que, según explica, «en ningún caso compensa el coste económico al que tiene que hacer frente para llevar a cabo estos fines».

También recuerda la Croem que su representatividad viene recogida en la Constitución, la Ley de Libertad Sindical, el Estatuto de los Trabajadores y la Ley de Participación Institucional de la Región, que se aprobó por amplia mayoría en 2017.

CC OO coincide con la Croem en aclarar que «la compensación económica» que reciben del Gobierno regional no les llega con «carácter finalista» sino por su participación en mesas de negociación, comisiones de segumiento a acuerdos firmados entre el Ejecutivo y los agentes sociales.

Además, «confía» en que el punto 25 del acuerdo PP-Vox no responda «a un ejercicio de marketing político que busque manchar la imagen del trabajo que realizan los agentes sociales» porque la desaparición del diálogo social «supondría un retroceso».

UGT parte de aclarar que en el punto 25 del pacto programático entre PP y Vox se habla de unas subvenciones que no son sino «compensaciones al trabajo llevado a cabo en el ámbito del diálogo social y la negociación colectiva», que no cubren el coste total por lo que el sindicato tiene que aportar recursos propios. Y por eso lamentan que «se pueda poner en duda la labor de las organizaciones sindicales» y confían en que el acuerdo «no anticipe retrocesos en las mejoras conseguidas en el diálogo social» para empresas y trabajadores.

Fernando Gómez, director general de Porexport, ha destacado que el acuerdo PP-Vox está escrito «en un lenguaje muy genérico», pero «aprecian» que se haya tenido en cuenta al sector agrario, la defensa del agua, los agricultores y las empresas agroalimentarias. No obstante, cree que se podía haber concretado algo más a la hora de manifestar la predispoisición de la nueva coalición a proteger al sector no solo «frente a los desarrollos normativos exteriores sino también frente a los nacionales o regionales que comprometan la viabilidad y competitividad del sector». En todo caso confía en que esto se tendrá en cuenta y se mantendrá un diálogo constante con ellos.

A Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central de Regantes (Scrats), le parece «que la música del acuerdo (PP-Vox) es muy buena» en lo que se refiere a los temas de agricultura y agua. «Ahora hay que ver cómo se ejecuta la partitura», aclara. A la entidad que representa le ha gustado que el acuerdo comience hablando de un plan hidrológico nacional que contemple infraestructuras que hagan frente a la amenaza del cambio climático. «Es vital», añade, convencido de que el reto del futuro a medio plazo será la gestión y administración racional del agua. «Y en esto nuestra Región y el Levante español tenemos mucho que enseñar».

También le ha gustado a Jiménez el apoyo al sector agroalimentario, «reconociendo que somos la despensa de Europa». «Este sector agroalimentario y ganadero es de los más competitivos del mundo siempre que nuestros competidores respeten las reglas de juego que tan duramente se nos imponen aquí», insiste Jiménez, satisfecho con un acuerdo que espera «ver convertido en realidad durante la legislatura».

La presidenta del Sindicato Médico, María José Campillo, considera que los puntos 16, 17 y 18 del acuerdo PP-Vox, que recogen compromisos con el sector sanitario como la reducción de las listas de espera, la seguridad de los profesionales, el Plan de Mejora de la Salud Mental, los incentivos para cubrir las plazas de difícil cobertura, el aumento del número de personal médico o de plazas de residentes son temas «bastante generales», que contemplan «las reivindicaciones de siempre». Ahora, queda por delante ver «cómo se materializarán» estos compromisos. «Quedan muchas cosas por concretar», insiste.

Por eso desde el Sindicato Médico no hablan de satisfacción, pero reconocen que «en principio no están mal» los puntos que se han contemplado (en el acuerdo). «La satisfacción vendrá si después se materializan», dijo.

Para el sindicato de enseñanza ANPE era innecesario mencionar en el pacto PP-Vox temas como la libre elección de centros, que es ya una realidad en la Región, donde un porcentaje altísimo de familias consiguen que sus hijos vayan al colegio elegido en primera opción. También les sobra la alusión a la neutralidad ideológica en los centros educativos ya que consideran que es un tema que no representa un problema en la actualidad. «No hacía fralta ni hacer referencia a ello porque nunca ha habido un debate o enfrentamiento por ello».

Sin embargo, ANPE echa de menos que no se haga mención a inversiones en infraestructuras que a día de hoy necesitan los colegios públicos o que se destinen más orientadores a los centros o que al hablar de rebajar la burocracia no se hable también de contratar más personal administrativo en Educación para quitar esa carga a los docentes.

La Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) mostró ayer su inquietud por que Vox vaya a gestionar la Consejería de Fomento, y además en plena tramitación del Plan de Ordenación Territorial del Mar Menor. Esta normativa, que deberá superar una evaluación ambiental, regulará actividades como el urbanismo, la agricultura y la ganadería.

«Es muy preocupante que Vox vaya a ser el responsable de la ordenación territorial en el gobierno que debe aplicar la Ley del Mar Menor, tras haberse mostrado contrario a la moratoria urbanística» impulsada por el PP, con el que ahora pacta, señaló el director de ANSE, Pedro García.

En cuanto a Ecologistas en Acción, su portavoz, Pedro Luengo, señaló que «la entrada de Vox en el Gobierno era algo evidente, tras los resultados de las elecciones autonómicas», y la calificó de «mala noticia, porque entre otras cosas deja en manos de Vox la ordenación territorial en el Mar Menor y «empeora la nefasta actitud del PP en la gestión del ambiente». Ecologistas vigilará que se cumple la Ley del Mar Menor, que el Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente no se usa para aumentar la presión urbanística, agrícola y ganadera y que se atiende la exigencia de la Unión Europea para mejorar el Plan de Gestión Integral de la Red Natura relativo a la laguna.

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