El juzgado da la razón al al Ayuntamiento de Fuente Álamo en el conficto con la empresa Larena

El juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Cartagena ha dado la razón al Ayuntamiento de Fuente Álamo por la resolución del anterior contrato de la guardería municipal y confirma las resoluciones del Consistorio contra la mercantil Larena. La sentencia hace referencia a la actuación del Ayuntamiento «conforme a derecho» y a los «graves incumplimientos»de la mercantil en relación con los términos del contrato. En septiembre de 2021, el Ayuntamiento y Larena habían firmado el contrato de servicios para la gestión del centro municipal de conciliación de la vida laboral y familiar. Sin embargo, pronto llegaron las diferencias sobre la ejecución de los servicios incluidos en el pliego de condiciones. Tras largos meses de escritos cruzados, el Ayuntamiento finiquitó el contrato en enero de 2023 tras adjudicarse uno nuevo a la empresa Salzillo.

Entonces, Larena acusó al gobierno local de contratar el servicio de forma «ilegal» y de dejar una deuda con la mercantil de «alrededor de 100.000 euros», por lo que presentaría una demanda por la vía «contencioso-administrativa», cuya vista se celebró a principios de este año y el fallo se ha conocido ahora.

Por lo pronto, el juzgado de Cartagena confirma la «legalidad» de la actuación del Ayuntamiento cuando decidió la resolución del contrato y la reclamación de deudas a Larena «porque los términos acordados no se estaban cumpliendo». De esta forma, el Consistorio no deberá pagar los «61.495 euros más intereses de demora» reclamados por Larena en concepto de facturas de prestación del servicio entre noviembre de 2021 y mayo de 2022. Más al contrario, la sentencia legitima las cantidades que exige el Ayuntamiento a la mercantil de «55.621 euros más intereses de demora por los conceptos de matrícula y asistencia de alumnos no ingresados en las cuentas municipales entre diciembre de 2021 y mayo de 2022». La sentencia, a la que ha tenido acceso LA VERDAD, no es firme y ha sido recurrida. Según fuentes jurídicas consultadas por esta Redacción, Larena confía en que el Tribunal Superior de Justicia de la Región «le devuelva la razón» cuando falle el recurso de apelación que ha presentado.

El conflicto administrativo comenzó en octubre de 2021, sólo un mes después de firmar el contrato, por las diferencias en la interpretación de las cláusulas respecto al número de profesionales que tenían que prestar el servicio, y el procedimiento de ingreso de las cuotas mensuales de las familias. Durante estos años, una decena de trabajadoras se vieron afectadas por impagos de sus salarios. El Ayuntamiento asumió el abono de varias mensualidades de forma subsidiaria.

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