Una empresa pide un millón de euros al Ayuntamiento de Cehegín por alquilarle una nave con deficiencias

La proyección de la empresa, que vende sus productos en varias regiones de España, y la necesidad de contar con unas instalaciones amplias y acondicionadas para el desarrollo de su amplia gama 'gourmet', animó a este empresario a presentarse a una licitación que publicó el Ayuntamiento en octubre de 2022.

En enero del año siguiente se firmó el contrato de arrendamiento y unos meses más tarde, en mayo, a consecuencia de unas fuertes lluvias se detectan los primeros problemas en la instalación, con filtraciones de agua que brotaban desde el suelo y deficiencias de nivelado que impiden el cierre de las puertas de mercancías.

«Ya habíamos invertido en panel sándwich, encargado los informes necesarios y la redacción del proyecto para adecuar el interior de la nave y cuando estábamos tramitando los permisos de obra e industria, una tormenta provoca una grave inundación», relató Abril.

Tras la toma de posesión de la nueva Corporación, se encargaron sendos informes técnicos a funcionarios municipales. Según la documentación facilitada al empresario, los informes concluyeron que la nave no está en condiciones. Incluso uno –dijo– «avala jurídicamente mi derecho a la suspensión del contrato y de la renta». Un ingeniero industrial emitió un informe, visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de la Región de Murcia, que también concluyó que la nave no reúne las condiciones mínimas de seguridad ni salubridad para ejercer ninguna actividad industrial.

Entonces, en el mes de julio, el empresario solicitó la paralización del contrato y la devolución de las rentas hasta que se reparase la nave, pero el Ayuntamiento denegó su solicitud. Y más tarde pidió la rescisión, pero sin obtener respuesta, por lo que sigue pagando el alquiler cada mes.

A partir de ese momento, viendo que esta vía había llegado a un punto muerto; solicitó un acto de conciliación que el Ayuntamiento recurrió meses más tarde. En el mes de junio del año pasado, Abril descubrió en el suelo de la nave señales de haber realizado unas catas y solicitó al Ayuntamiento que le facilitara las actuaciones realizadas en el hangar desde su construcción.

En la información entregada figuraba un informe de Ceico (Centro de Estudios, Investigaciones y Control de Obras), de octubre de 2015, en el que se concluye que las condiciones de la solera no son adecuadas para el grado de impermeabilidad exigido, que el hormigón es de mala calidad, que no existe una red de drenaje exterior, que la red de pluviales discurre bajo la solera y que no cuenta con la capacidad suficiente para evacuar la aguas de lluvia, entre otras deficiencias. También se le facilitó otro informe de un técnico municipal, de noviembre de 2015, en el que se admite que el pavimento de la nave no está bien ejecutado.

Con toda la documentación a la que ha tenido acceso, el empresario manifiestó «sentirse engañado». «Han estado a punto de arruinarme –afirmó– y han perjudicado la proyección de mi empresa; hoy tengo 14 trabajadores pero podrían haber sido 40».

«El Ayuntamiento tenía mi proyecto desde el primer día y sabía que mi intención era ampliar y contratar más personal», añadió. Abril hizo hincapié en que «gracias a la ayuda y al apoyo económico de mi familia, con mucho esfuerzo, he salido adelante».

«Lo que más tristeza me produce –aseguró– es que amigos de toda la vida no me han llamado ni me han preguntado nada del tema y después se han posicionado en mi contra por defender unas siglas políticas». Abril afirmó que ha tenido ofrecimiento de otros ayuntamientos para instalar su empresa en sus municipios: «Agradezco a quienes se han puesto en contacto conmigo para ofrecerme terrenos y naves para poder llevarme mi empresa a su localidad».

La demanda fue presentada en el mes de marzo y en ella se solicita, entre otras cuestiones, la resolución del contrato de arrendamiento, la devolución de las rentas abonadas (más de 22.000 euros), la indemnización por la adquisición de material para las obras y el alquiler de maquinaria, el importe del seguro de responsabilidad civil que tuvo que contratar, el alquiler y las obras de acondicionamiento que tuvo que realizar en un obrador para poder seguir elaborando sus productos, las pólizas de crédito que ha tenido que suscribir y el lucro cesante. En total más de un millón de euros. Las dos partes han sido citadas a declarar en el juzgado el próximo noviembre.

La alcaldesa de Cehegín, Alicia del Amor, dijo a LA VERDAD que «lamento mucho esta situación; en ningún momento ni este Ayuntamiento ni yo hemos querido perjudicar a esta empresa; al contrario, desde el primer momento he intentado buscar una solución dentro de la legalidad».

«Ante la demanda que se ha presentado quiero aclarar –matizó– que contratar con la administración pública no es igual que un contrato entre particulares; puede tener ventajas, como un alquiler más reducido, pero también implica limitaciones; no gestionamos un patrimonio propio, sino común, público, y por eso no podemos resolver o renunciar libremente; cualquier controversia debe resolverse por los cauces que marca la ley». Y precisó que «en este caso corresponde a la vía civil y será un juez quien determine cómo se resuelve este asunto; el Ayuntamiento, como no puede ser de otra manera, cumplirá lo que dictamine la justicia».

La regidora afirmó que «no se trata de ninguna decisión política; al contrario, siempre he actuado con la voluntad de dar una salida a este problema y de ayudar a la empresa en todo lo que la ley nos ha permitido». «Ni este Ayuntamiento, ni este equipo de gobierno, ni yo como alcaldesa, ni tampoco ninguno de los alcaldes anteriores hemos tenido jamás la intención de engañar o perjudicar a nadie; siempre hemos actuado con seriedad, con transparencia y buscando una solución justa», aclaró la alcaldesa.