«Tengo mis cosas, pero no soy el ciberdelincuente más buscado»

Daniel M. V., el presunto ciberdelincuente de Abarán que fue cazado en Rumanía en febrero pasado por la Policía Nacional y que, según el Ministerio del Interior, era el más buscado de España, niega la mayor y afirma que nunca ha huido a ningún sitio ni ha tenido nada que ver con delitos relacionados, por ejemplo, con las criptomonedas. «Yo no pertenezco a ninguna banda ni nada de eso», manifestó ayer en el transcurso de una entrevista concedida a LA VERDAD, aunque admitió que en un momento de su vida se metió por el camino equivocado. «Reconozco mis culpas, motivadas por cuestiones personales por los que atravesé, pero pido perdón en lo que me haya equivocado», comentó este joven, cuya adolescencia la pasó jugando al fútbol en un equipo base de su pueblo y con un ordenador portátil entre sus manos.

El presunto ciberdelincuente insistió en que, de ser cierto todo lo que se le acusa, «todo esto debería de estar ya en la Audiencia Nacional y no en diferentes juzgados», y aseguró que las causas que tiene abiertas solo son diez o doce. «Yo no pertenezco a ninguna banda. Soy un chico que se ha equivocado, ya que los posibles delitos que he cometido ya los he pagado y los estoy pagando con trabajos a la comunidad y otras cosas», insiste.

Estas afirmaciones son también secundadas por su abogado, José Luis López, quien subraya en que su cliente «podría haber sido objeto de una suplantación de personalidad, ya que tenemos indicios fundados de ello y ya hay sospechosos».

Para su abogado, «el caso está repartido en una docena de causas máximo, y encima, ninguno de esos juzgados ha dictado ni una sola medida cautelar». «Por lo tanto, ni hay retirada de pasaporte ni prohibición de salida del territorio nacional». Según López, «todo esto se ha sobredimensionado y excede la realidad de los hechos». Además, el letrado aclara que sus viajes a Rumanía «corresponden a una situación personal, ya que su actual pareja es de allí».

La denominada 'Operación Kalinka-Tirano' comenzó en agosto de 2021 cuando se personaron en dependencias de la Guardia Civil cinco personas denunciando haber sido estafados previo secuestro de sus cuentas de WhatsApp. Aquello fue solo el principio de una cascada de denuncias por delitos idénticos. Solo ante la Policía Nacional, y según fuentes cercanas a la investigación, por las mismas fechas se personaron otras ocho víctimas.

Las denuncias se referían a suplantación mediante secuestro de cuentas de WhatsApp y solicitud de dinero a contactos; estafa de alquileres vacacionales; contratación de micropréstamos a nombre de terceros; apertura de cuentas bancarias usurpando la identidad de terceros; 'phising' –método para obtener claves bancarias haciéndose pasar por una institución de confianza en un correo electrónico–, y 'smishing' –ataque de ingeniería social que utiliza mensajes de texto móviles falsos para engañar a los usuarios.

En el registro de su domicilio de Rumanía, se intervino una estación de minado de criptomonedas, dos ordenadores portátiles, discos duros, tarjetas bancarias fraudulentas, una impresora industrial para la impresión de tarjetas, más de medio centenar de DNI españoles falsificados, y cientos de soportes de tarjetas para su impresión, según los investigadores.

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