Opositores de Secundaria tildan las pruebas de «subjetivas» y piden un cambio de modelo

Gran parte de estos opositores se han dejado la piel, en los últimos meses e incluso años, para hacerse con alguna de las 506 plazas de profesor de ESO y FP que se ofertan. De ellas, según los datos que maneja Comisiones Obreras, 63 han quedado desiertas: 23 en Inglés, 20 en Física y Química, 2 en Análisis Químico e Industrial, 3 en Cocina y Pastelería, 2 en Estética, 2 en Mecanización y Mantenimiento de Vehículos, 6 en Peluquería, 3 en Procesos Comerciales y una en Carpintería y Muebles. Suponen el 12,4%.

A falta de que la Consejería desgrane, previsiblemente el próximo martes, los resultados de estas pruebas, los interinos se hacen con el 80% de las plazas, según los datos que maneja Comisiones. En algunas especialidades, como Laboratorio, Piano o Fotografía, se adjudican el 100% de los puestos. En Secundaria, Física y Química es de las especialidades donde más peso tienen (82%). El porcentaje de interinos que consiguen plaza se reduce al 41% en el caso de Matemáticas.

La elevada tasa de suspensos en la primera fase de estas oposiciones es un interrogante que se ha repetido en otras comunidades -como Andalucía o Madrid- y al que muchos tratan ahora de encontrar respuesta. Desde las organizaciones sindicales no ofrecen una solución única, pero sí muchas variables que, a su entender, podrían haber generado el caldo de cultivo necesario para este suspenso masivo.

Antonio Candel, responsable de la Federación de Empleados de Servicios Públicos de UGT, carga las tintas sobre las dilatadas jornadas de trabajo de los tribunales de oposición. «Hay compañeros que han entrado a las nueve de la mañana y han salido a las nueve de la noche, corrigiendo en institutos sin aire acondicionado», remarca. «Le pedimos a la Consejería que ampliara al máximo los tribunales, pero nos dijeron taxativamente que no». Candel asegura que los miembros de los tribunales no contaron con el tiempo necesario para una relajada revisión de las pruebas. «La presión sobre los compañeros ha sido la leche».

Diego Fernández, secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, también apoya esta crítica y hace hincapié en el elevado número de aspirantes que se asignaron a algunos tribunales -hasta 99-. «Todo lo que sea más de 60 opositores por tribunal es forzar la máquina», subraya.

Más allá de las condiciones de los tribunales o de las circunstancias en que se produjeron las pruebas, la plataforma Oposiciones Justas y numerosas organizaciones sindicales coinciden en la necesidad de cambiar el modelo. Consideran que la primera fase del actual, basada en exámenes puramente teóricos, supone una barrera de entrada que deja fuera a muchos profesionales y desvirtúa la importancia que la práctica y la experiencia tiene en la docencia.

Diego Fernández, secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, considera que el sistema debería virar hacia una sola prueba con partes no eliminatorias «en la que los opositores puedan demostrar todos sus conocimientos». Además, enfatiza que sería pertinente que el peso de los méritos en la nota final fuese mayor -de hasta un 50%-.

Ángel Luis Hernández, presidente de la asociación de interinos (Aidmur), remarca que la consejera de Educación, Adela Martínez-Cachá, se negó a aceptar la mayoría de reivindicaciones de las organizaciones sindicales, como las pruebas no eliminatorias, criterios de mayor transparencia... «Han conseguido que no se tenga en cuenta la experiencia, ni la formación», incide. «Han pervertido el concurso de oposición». Hernández hizo hincapié en que la Consejería se puso en contra de aplicar estos criterios «y de alguna forma se ha conseguido, aunque de una manera irregular cuando menos».

El presidente de Aidmur hace una comparativa con las oposiciones al SMS celebradas también recientemente. «Aquí lo que han hecho es poner una barrera y unos criterios para que pasen específicamente solo las personas que tienen la plaza». Juan Vera Lorente, profesor del IES Licenciado Francisco Cascales y afiliado al sindicato Sterm, estima que «en un concurso oposición los tribunales no deben tener en cuenta, en ningún caso, el número de plazas que ofertan a la hora de fijar el grado de dificultad de las pruebas o la mayor o menor exigencia al corregirlas». Incide en que «deben permitir que el concurso oposición actúe con todas sus consecuencias ya que, en cualquier otro caso, sería un fraude de ley».