Opositores que rompen barreras

Opositores preparados para iniciar el examen en una de las aulas del campus de La Merced, ayer por la mañana. / javier carrión / agm
Opositores preparados para iniciar el examen en una de las aulas del campus de La Merced, ayer por la mañana. / javier carrión / agm

La Comunidad convoca por primera vez una oferta de empleo público para personas con discapacidad intelectual

Javier Pérez Parra
JAVIER PÉREZ PARRA

David Martínez, de 41 años, se pegó ayer un inusual madrugón para ser domingo. Tenía que llegar a tiempo al campus de La Merced, donde se jugaba el acceso a alguna de las cuatro primeras plazas de funcionario que la Comunidad ha convocado para personas con discapacidad intelectual. No lo tiene fácil, porque a la prueba se presentaron, en total, más de 250 opositores de toda la Región. «Llevamos dos años preparándonos en la asociación de Jumilla, Aspajunide», contaba a las nueve de la mañana, poco antes del llamamiento, acompañado por otros siete compañeros llegados del Altiplano.

Había nervios, pero David ya sabe lo que son unas oposiciones: el pasado mes de septiembre se presentó a otra oferta de empleo público, en esta ocasión de la Administración General del Estado. «Saqué un nueve», cuenta orgulloso. Sin embargo, no obtuvo plaza. Como ocurre con la convocatoria de la Comunidad, la cantidad de puestos a repartir era escasa, y había mucha competencia.

Ya en el aula, David y el resto de aspirantes se enfrentaron a preguntas sobre los órganos directivos de cada consejería, los distintos niveles de Administración en España, las obligaciones de los empleados públicos o cómo evitar la discriminación entre mujeres y hombres. También tuvieron que demostrar su conocimiento de las tareas a las que se asignarán las cuatro plazas a concurso: atención al ciudadano, conserjería, manejo de correspondencia y de fotocopiadoras y otras labores en el IMAS y en la Consejería de Familia e Igualdad.

«Se trata de la primera convocatoria de este tipo por parte de la Comunidad, y sin duda es un verdadero acto de integración social», destacaba Enrique Gallego, presidente del tribunal y exdirector de Función Pública. La ley obliga a las administraciones a reservar un 7% de las plazas a personas con alguna discapacidad. Sin embargo, hasta ahora los puestos iban a parar, prácticamente en su totalidad, a funcionarios con problemas de movilidad física. La única oportunidad de acceso a la administración para las personas con discapacidad intelectual eran los convenios con asociaciones o las becas, normalmente para tiempos limitados.

En 2009, la ley nacional estableció que el 2% de las plazas públicas para discapacidad debían reservarse específicamente a personas con discapacidad intelectual. En 2011, la Comunidad aprobó su propia normativa y, en 2018, se incluyó por fin en los presupuestos regionales la previsión de la oferta pública de empleo por este turno.

«Me encantaría ser conserje»

David Martínez lleva 23 años trabajando en la Fundación J. García Carrión, preparando paquetes para su distribución a los supermercados, pero tener una plaza fija como funcionario es un sueño para él, como para tantos otros. José Javier Jódar, caravaqueño de 34 años, cruzaba también los dedos para conseguir un empleo estable. «He trabajado de mozo de almacén en una fábrica en Moratalla, pero solo los veranos. Me encantaría ser conserje», contaba. Igual de «ilusionada» entró al examen de ayer Teresa López, de Calasparra. A sus 24 años, todavía no ha tenido ningún empleo.

Tras la corrección del examen se iniciará la fase de concurso para quienes hayan aprobado. Todos ellos entrarán en bolsa de trabajo, lo que supone otra novedad importante. Además, la Administración regional baraja que quienes consigan plaza tengan, en el futuro, la posibilidad de promoción interna como auxiliares administrativos.