Las multas a 18 granjas cercanas al Mar Menor por verter purines ascienden a 750.000 euros
Las inspecciones de la CHS y la Guardia Civil acaban en propuestas de sanción por la contaminación del entorno con nitratos y por extraer agua del acuífero
El uso de balsas sin impermeabilizar, las extracciones ilegales de aguas subterráneas, el vertido de purines y la realización de otras actividades contaminantes prohibidas puede ... salir muy caro a los propietarios de dieciocho granjas de cerdos en el entorno del Mar Menor. La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha propuesto para los titulares de estas explotaciones sanciones económicas que, en total, superan los 750.000 euros. Así lo indicaron fuentes del organismo de cuenca, a preguntas de LA VERDAD. Y explicaron que entre las prácticas detectadas por agentes medioambientales y técnicos de la Guardería Fluvial de la Confederación está la deficiente acumulación de excrementos y orines.
Esos residuos orgánicos «son susceptibles de degradar las aguas superficiales y/o subterráneas» con nitratos, fosfatos y metales pesados, por lo que la multa planteada guarda relación con «los daños al dominio público hidráulico». Eso incluye varias ramblas. A modo de pago «indemnizatorio», para compensar estos perjuicios a la naturaleza, la CHS reclama el abono de 169.155,40 euros. Por el resto de las conductas contrarias a la normativa, esta entidad del Ministerio para la Transición Ecológica tramita sanciones que suman 583.851,34 euros.
En ocho de las inspecciones a los cebaderos participaron agentes de la Guardia Civil; en concreto, del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Región de Murcia y de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma), bajo la supervisión del área de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado.
Conectado con la laguna
En mayo, el Instituto Armado informó de la detención de quince personas por vertidos de purines y extracciones de aguas del subsuelo para dar de beber a los animales, entre otras irregularidades. En la 'Operación EEMAME', realizó 54 inspecciones en cebaderos e instalaciones destinadas al abastecimiento de estos en Cartagena, Fuente Álamo, Torre Pacheco, Alhama de Murcia y Totana. La revisión de 255 balsas de almacenamiento de purines y 20 de acopio de estiércol sacó a la luz «un gran número de irregularidades» y motivó la formulación de 118 denuncias administrativas. La Guardia Civil también remitió sus diligencias a la Fiscalía, que estudia la posible responsabilidad penal de empresas y particulares.
La filtración de desechos orgánicos puede degradar las aguas superficiales, como las de las ramblas, y también las subterráneas
En 2019, en el proyecto de 'Vertido cero al Mar Menor', sustituido por otro plan de actuaciones, el Ministerio recogió que «se estima que solo el sector porcino aporta al acuífero alrededor del 14% de nitrógeno». Y añadió: «Existe un alto nivel de contaminación por nitratos y en menor medida por fosfatos y metales pesados, cobre y zinc entre otros». «La mayor parte de los kilos de nitrógeno aportados por la ganadería proceden del sector porcino», señaló. Y estimó un vertido al Cuaternario (acuífero conectado al Mar Menor) de 5.867.505 kilos desde de 446 explotaciones intensivas de porcino. Estas tenían 500 balsas de purines, que ocupaban 160 hectáreas.
El Ministerio calculó en 2019 que el Cuaternario recibió 5,9 millones de kilos de nitrógeno desde 446 cebaderos de cerdos
El Ministerio situó el principal problema en Fuente Álamo y Torre Pacheco, pues concentran «el 76% de la producción porcina total». La Ley de protección y recuperación del Mar Menor prevé multas de 5.001 a 50.000 euros por infracciones graves y de 50.001 a 500.000 euros por las muy graves.
Sin datos de la Comunidad
Mientras, el Gobierno regional sigue sin dar información sobre el número y el tipo de infracciones detectadas en explotaciones ganaderas y las sanciones propuestas. Se limita a indicar en la web Canal Mar Menor: «Se han realizado 212 inspecciones del Plan de Inspección de Explotaciones Ganaderas para el bienio 2022-2023, para el control de las medidas previstas en la Ley 3/2020». Estos controles competen a la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. La Comunidad Autónoma sí que detalla en ese mismo portal sus sanciones a explotaciones agrícolas por vulnerar las normas. De 350 expedientes, ha resuelto 228 y cobrado 358.448,60 euros.
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