Las multas por consumir porros y cocaína en las calles de la Región de Murcia se disparan en solo dos años

El último balance que Interior ha puesto encima de la mesa sobre la implantación de esta polémica norma afianza el llamativo repunte, que ya se percibió el año pasado en la Comunidad, en las sanciones por este tipo de prácticas, perseguidas en la ley con multas de entre 601 y 30.000 euros. Si en el año 2022 las sanciones administrativas por el consumo o la tenencia ilícita de drogas en zonas públicas -lugares, vías, establecimientos públicos o transportes colectivos- rondaban las 1.874 -en años anteriores no habían superado el millar-, en 2024 la cifra se encaramó hasta las 13.745. El incremento en estos dos años ha sido de hasta un 633%.

Solo el pasado año, de acuerdo a los datos que el Ministerio pone encima de la mesa, la batalla contra el consumo de drogas en las calles dejó más de 8,4 millones de euros en sanciones en toda la Comunidad Autónoma. En todo el país las cifras alcanzan también unas dimensiones llamativas. La práctica de consumir o llevar encima pequeñas cantidades de estupefacientes en lugares públicos fue castigada el pasado año con hasta 239.675 sanciones en toda la geofrafía nacional. El Estado se embolsó, solo con esta infracción, alrededor de 155 millones de euros en multas.

La Ley de Seguridad Ciudadana ha cumplido este 2025 su primera década de andadura y lo ha hecho con cifras récord. La implantación de esta discutida norma, aprobada por el Partido Popular en 2015 y refrendada más tarde por el Tribunal Constitucional, permitió el año pasado recaudar en la Región cerca de diez millones de euros, la cifra más alta registrada hasta la fecha. En toda España, ingresaron en las arcas estatales más de 2.000 millones de euros en sanciones.

Esta ley, sobre la que lleva tiempo planeando una reforma que no acaba de llegar, está detrás de hasta 16.583 sanciones impuestas el pasado año en la Comunidad. El grueso de estas sanciones corresponden precisamente a la persecución que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado realizan de ese consumo callejero de drogas. No en vano, las infracciones por esta práctica suponen el 82,9% de todas las multas impuestas en la Comunidad con este norma en la mano.

En su década de andadura, la 'ley mordaza' ha servido a las fuerzas de seguridad como instrumento central para la protección de la seguridad ciudadana. De las hasta 16.583 sanciones que los cuerpos de seguridad impusieron en 2024 en la Región -la gran mayoría de ellas graves- destacan también las cerca de 1.425 que fueron dictadas por «portar, exhibir o usar armas prohibidas o el uso de armas legales de forma negligente o fuera de los lugares habilitados para su uso». Esta práctica permitió recaudar más de 860.000 euros en sanciones en la Comunidad.

Con mucha menor incidencia que en años anteriores, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado también emplearon esta ley para castigar a 442 ciudadanos «por desobedecer o prestar resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, así como por la negativa a identificarse». Esta es una conducta catalogada como grave y que puede llevar aparejada una multa de entre 601 y 30.000 euros. La 'ley mordaza' sanciona también, como infracción leve, las «faltas de respeto o de consideración» a los agentes. Hasta 513 sanciones llegaron a expedirse por este motivo.

Entre las conductas perseguidas con esta norma también se encuentra el hecho de causar desórdenes en las vías, espacios o establecimientos públicos, u obstaculizar la vía pública con mobiliario urbano, vehículos, contenedores, neumáticos u otros objetos. Hasta 212 ciudadanos fueron multados el pasado año en la Región por causar de este modo «una alteración grave de la seguridad ciudadana».

Mucho más minoritarias, pero aun así llamativas, fueron la decena de sanciones dictadas en base al artículo 36.4, que combate los «actos de obstrucción que pretendan impedir a cualquier autoridad, empleado público o corporación oficial el ejercicio legítimo de sus funciones». Un apartado que puede englobar, por ejemplo, los intentos de paralizar desahucios.

La implantación de este norma en la Comunidad no dejó el año pasado, sin embargo, ninguna multa por acciones que la ley considera infracciones muy graves. Entre ellas se encuentran las reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en infraestructuras o instalaciones en las que se prestan servicios básicos para la comunidad; o la proyección de haces de luz, mediante cualquier tipo de dispositivo, sobre los pilotos o conductores de medios de transporte que puedan deslumbrarles o distraer su atención y provocar accidentes.

La estadística que Interior puso encima de la mesa contabiliza el impacto de la norma a lo largo del año y desvela que mayo y septiembre fueron los meses en los que se impusieron más multas, con 1.810 y 1779, respectivamente. Diciembre, con 577 sanciones, y octubre, con 1.100, fueron los meses con una menor aplicación de la 'ley mordaza'.

La batalla que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado libran contra el consumo de drogas en la calle ha variado en los últimos meses. La Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior dictó el pasado mayo una instrucción en la que ordena a los agentes que no sancionen el consumo o tenencia de drogas si este se detecta en vehículos particulares estacionados. Esta decisión, avanzada por Europa Press, se adoptó aludiendo a lo fijado en sentencias del Tribunal Supremo (TS). La instrucción del departamento que dirige Fernando Grande Marlaska advierte a policías nacionales y guardias civiles de que los vehículos particulares gozan de una protección reforzada por pertenecer a la esfera privada de los ciudadanos.

El escrito advierte de que el Tribunal Supremo considera que los vehículos -aunque no son considerados domicilios- son objetos que «por su propia naturaleza guardan estrecha relación con el concepto de intimidad y privacidad de sus titulares, en cuanto son propicios y apropiados para albergar en su interior objetos y elementos reveladores del área más íntima de la persona».