Montero recorta 116 millones al consejero Marín

Desde la Comunidad creen que no deben ser las autonomías quienes cocinen los números de las balanzas fiscales y apuestan por que lo hagan organismos independientes como la AIReF o Fedea para que apliquen la misma metodología a todos o de lo contrario cada uno barrerá para casa.

Desde el departamento de María Jesús Montero advierten, en declaraciones a LA VERDAD, de que «no contemplan un escenario en el que no se cumpla o no se quiera cumplir la Ley de Estabilidad». Sin embargo, en la práctica esto es una quimera. El déficit presupuestario de la Región de Murcia se disparó un 23,3% (133 millones a finales de junio del año pasado) al pasar de la necesidad de financiación de 466 millones al cierre del primer semestre de 2022 a 599 millones en el mismo período de 2023 (últimos datos disponibles en el Ministerio de Hacienda).

Sin embargo, las declaraciones del Ministerio son una respuesta velada al portavoz Marcos Ortuño, que avanzó que el Ejecutivo de Fernando López Miras no tiene intención de modificar el Presupuesto de 2024, aprobado en diciembre, para adaptarlo a un nuevo objetivo de déficit cero, que se impondrá después de que el Senado, con mayoría absoluta popular, haya rechazado en dos ocasiones la propuesta de la ministra Montero para el período comprendido entre 2024 y 2026.

Esto es un paso previo a la presentación de los Presupuestos Generales del Estado. En condiciones normales, ese rechazo en el Senado habría dejado al Gobierno de Pedro Sánchez sin presupuestos hasta el año que viene (como finalmente ha pasado) pero previendo que esto podía ocurrir, Montero había avisado ya de la existencia de un informe de la Abogacía del Estado que da por válida la senda de estabilidad enviada a Bruselas en abril de 2023, que es más restrictiva para las comunidades y los ayuntamientos que las propuestas que tumbó el PP en el Senado. De esta forma, la Administración regional debe adaptar sus cuentas a un déficit cero, frente al 0,1% previsto por el Ejecutivo central, y los municipios pasarían de un objetivo del 0% a un 0,2%. En cualquier caso, la prórroga de los Presupuestos generales tras la convocatoria de las elecciones catalanas no afecta a la senda de estabilidad que el Ministerio mantiene.

Puede que exista un problema, pero la Consejería de Economía y Hacienda asegura que no tiene comunicación del Ministerio sobre el nuevo objetivo de déficit y en todo caso recuerdan que no puede ser una decisión unilateral porque es algo que «debe aprobarse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que no se ha convocado por ahora».

Desde el PSOE, la diputada Carmina Fernández dice que el nuevo objetivo de déficit obligará al Gobierno de Fernando López Miras a gastar 116,7 millones menos y cree que esto se ha hecho por motivos partidistas del PP. Desde el Ejecutivo regional dan por buenas estas cifras, pero aclaran que no se trata de gastar menos o más sino que «al poner el objetivo de déficit cero y reservarse ellos (el Gobierno central) el 3%, es dinero del que nos privan para salud, educación, política social...»

La Consejería cree que ahora tocaría intentar llegar a un acuerdo, pero «la ministra, ante el rechazo del Senado, centra sus esfuerzos en amenazar y vengarse de las comunidades por no poder sacar adelante la senda del déficit». En definitiva, ven esta «imposición» como «un castigo a los ciudadanos».

Uno de los puntos que más incomoda a la Comunidad es el hecho de que el objetivo de déficit que el Gobierno central propuso a Bruselas contempla restricciones para las comunidades (0%) y es más laxo con el Ejecutivo central (3%). Tampoco ha gustado que la ministra tuviera ya en sus manos el informe de la Abogacía del Estado cuando convocó el Consejo de Política Fiscal y Financiera del 11 de diciembre y no lo haya compartido con las comunidades en ese encuentro. La Consejería considera que ese documento «se ocultó de manera malintencionada» hasta que, llegado el momento, tras el segundo rechazo de la senda de estabilidad en el Senado, fue filtrado. Para Marín, «el Gobierno de Sánchez está cambiando las reglas a mitad de partido, lo que supondría un doble castigo para las comunidades autónomas como la Región de Murcia y Valencia, las peor financiadas» y dice que «una vez más, estamos ante una falta total de cogobernanza y una imposición sin precedentes en este país».

En el último Consejo de Política Fiscal, Luis Alberto Marín solicitó a la ministra que a la espera de aprobar el nuevo sistema de financiación autonómica, se fijaran unos objetivos de déficit variables. Él asegura que no recibió respuesta. Sin embargo, un día después del Consejo de Política Fiscal de diciembre, en el que se fijó un objetivo del 0,1% (el aprobado por la Región es del 0,3%) la ministra Montero abrió la puerta a aceptar objetivos diferenciados o asimétricos para aquellas comunidades como Murcia o Valencia que los habían solicitado, al considerar sus problemas de financiación. Además, dijo que se aprobaría en el próximo Consejo de Política Fiscal que no se ha convocado.

Esta es una decisión polémica que no es la primera vez que se plantea. Ha sido muy criticada en el pasado, incluso por el exconsejero murciano Andrés Carrillo, que en el año 2016 dijo que le parecía «poco interesante» plantear objetivos diferenciados. Otras voces criticaron que flexibilizar el objetivo de déficit anima a quienes lo cumplen a incumplirlo.