'Caso de la tienda' en Molina: «Lo mejor que le puede pasar a mi padre es que se muera»

Murió poco después de caer al suelo, mientras vecinos y sanitarios trataban en vano de reanimarlo. Desde entonces, la investigación judicial no solo ha puesto el foco en la violencia de aquel día, sino también en un pasado familiar tormentoso, provocado, en apariencia, por asuntos económicos.

La actual pareja de Felipe y el hermano de la víctima fueron dos de los testigos que relataron ante la Policía Nacional una sucesión de presuntos abusos, amenazas y humillaciones hacia él por parte, supuestamente, de los hijos y de su exmujer, que se prolongaron durante más de una década.

Antonia, que era pareja del comerciante desde hacía ocho años, se presentó en Comisaría al día siguiente del luctuoso suceso y explicó a los investigadores que Felipe vivía bajo un clima de hostilidad permanente. Señaló que él había cedido en vida la mayoría de sus bienes a la sociedad familiar Jopichusa SL, gestionada por su exesposa e hijos para evitar posibles problemas financieros que pudieran tener. Desde entonces, «temía siempre por su integridad física y su vida», declaró.

Añadió que, tras el robo de su ordenador portátil en 2024, cometido por uno de los hijos, Felipe sufrió una crisis de ansiedad que agravó los problemas cardiacos que ya padecía -llevaba una válvula en el corazón por un problema genético y tomaba medicación-, lo que obligó a implantarle un marcapasos.

Este episodio, afirmó, fue el detonante de que instalara una cámara de seguridad en la tienda, «por miedo a represalias de sus hijos». Según consta en el acta, Antonia relató que en múltiples ocasiones vio cómo los hijos le increpaban en plena calle. «A ver si te murieras de una vez», le gritaban, según la mujer.

En su testimonio, concluyó que, a su juicio, los ataques de los hijos estaban «teledirigidos por la expareja» y que buscaban «minar la salud de Felipe hasta provocar su deterioro físico y su muerte».

El hermano del comerciante declaró también el 20 de julio ante la Policía Nacional. En su comparecencia, relató los numerosos incidentes que había sufrido Felipe en los últimos años, como sustracciones de dinero, llaves, objetos personales y episodios de acoso en el propio local. Afirmó que su hermano había llegado a solicitar en varias ocasiones órdenes de alejamiento contra sus hijos, sin que ninguna fuese concedida.

En su declaración, recordó un episodio concreto, cuando estando en una vivienda de La Manga junto a uno de sus sobrinos, Jesús, este le dijo que «lo que mejor que le puede pasar a mi padre es que se muera y así mi madre puede cobrar la pensión».

Este familiar aseguró, además, que creía que el motivo de que sus sobrinos cometieran estos actos de violencia contra su padre durante tantos años era para menoscabar su estado de salud. «Felipe vivía con continuo temor a sus hijos», concluyó.

Ambos testimonios forman parte de unas diligencias en las que constan también varias denuncias previas del comerciante contra sus hijos. Los investigadores comprobaron lo que manifestaron ambos testigos y recabaron numerosas denuncias interpuestas por el fallecido Felipe contra sus hijos.

Ya en 2014, el comerciante denunció ante la Guardia Civil que su hijo mayor le había sustraído las llaves de una vivienda en La Manga del Mar Menor y 500 euros en efectivo. En el mismo escrito, añadió que, desde el 1 de septiembre de ese año, sus hijos se turnaban para acudir al establecimiento Tejidos Hernández, «entorpeciendo su jornada laboral» y provocándole ataques de ansiedad.

Ese mismo año, presentó otra denuncia tras un nuevo episodio con uno de sus hijos, que entró en la tienda y, según relató Felipe, le advirtió de que «voy a venir todas las semanas una vez a incordiarte en el trabajo». En marzo de 2014, tras una visita a la tienda, el mismo hijo lo amenazó con la frase: «No voy a parar hasta que te pase algo», lo que Felipe interpretó como una amenaza directa contra su vida.

Los episodios se repitieron en los años siguientes. En 2016, Felipe denunció que su hijo había entrado en la tienda dando patadas a la puerta y tomando medidas del local «con un metro», negándose a marcharse hasta que intervino una patrulla de la Policía.

Más recientemente, en 2024, volvió a denunciar al mismo hijo por irrumpir en la tienda, insultarle y llevarse a la fuerza su ordenador portátil con información personal y bancaria. Aquel episodio derivó en un agravamiento de sus problemas de corazón, según la familia, y en la necesidad de implantarle un marcapasos.

La última denuncia presentada, ya en 2025, apuntaba directamente a Felipe y Rosario, los hijos ahora investigados. Según relató el comerciante, ambos le empujaron en plena calle para arrebatarle su teléfono móvil antes de huir. En esa ocasión, solicitó de nuevo a los juzgados una orden de alejamiento que nunca llegó a concedérsele.

El 19 de julio, la tensión entre padre e hijos acabó en tragedia. Las cámaras de seguridad grabaron a Felipe hijo golpeando de forma reiterada a su padre en el despacho de la tienda, mientras su hermana observaba la escena. Después, ambos, que están siendo defendidos por el abogado Pablo Martínez, abandonaron el local y explicarían que, cuando se fueron, no pensaron en ningún momento la posibilidad de que la agresión pudiese acabar con la vida de su padre. Pero el comerciante, que alcanzó a salir a la calle ensangrentado y a gritar «me han pegado mis hijos», se desplomó frente al estanco y murió.

La causa instruida en el juzgado número 1 de Molina de Segura mantiene en prisión provisional a Felipe Hernández, hijo mayor de la víctima, mientras que su hermana Rosario está en libertad provisional. Para la actual pareja, cuya acusación particular ha puesto en manos del abogado Eduardo Simó, de Simó Abogados, y para el hermano de Felipe, lo ocurrido no fue un accidente. Fue, aseguraron ambos, la culminación de ataques periódicos durante doce años.