Investigan una presunta falsificación en una oposición
Siete miembros del tribunal, un asesor y un policía local de Molina que habría resultado favorecido declararán como querellados
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Molina de Segura ha admitido a trámite una querella por la presunta falsificación de un expediente administrativo en una oposición, convocada en 2018, para cubrir diez plazas de cabo en la Policía Local del municipio. La demanda, presentada por el concejal no adscrito Estanislao Vidal, va dirigida contra el asesor técnico psicólogo de esta oposición, los siete miembros del tribunal y el subinspector que presuntamente resultó favorecido en la prueba. Todos ellos han sido citados para declarar como querellados el próximo mes de abril.
La juez ofrece, además, al Ayuntamiento de Molina la posibilidad de personarse en la causa como posible responsable civil, «como consecuencia de no haberse adoptado medidas de control y supervisión que evitaran la comisión de los hechos».
La querella, que ha sido admitida a trámite por el juzgado, sitúa el foco en un proceso selectivo que, el pasado octubre, ya puso en entredicho otro juez, en este caso, el titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Murcia. Según avanzó LA VERDAD, en ese caso la magistrada sostuvo que uno de los aspirantes fue descalificado en la primera prueba –la psicotécnica– pese a ser apto, por lo que obligó a revisar el procedimiento.
La querella investigada ahora en el ámbito penal sostiene que se produjo «el favorecimiento de un aspirante en perjuicio del resto, a sabiendas de que no reunía mejores méritos ni capacidades que el resto». Para ello, remarca, «se modifica y manipula el expediente donde constan las pruebas y sus resultados, para dotar de apariencia de legalidad una resolución que es arbitraria e injusta».
«Finalidad torticera»
El escrito incide en que «no estamos hablando de simples irregularidades, sino de una alteración en toda regla de los documentos que componen un expediente administrativo, con una finalidad clara y torticera». Esta parte incluyó, además, presuntos delitos de prevaricación administrativa y estafa procesal en su escrito, pero la juez concreta un supuesto delito de falsedad en documento público.
El letrado del querellante reclama, en su escrito al juzgado, que se imponga a los investigados una fianza de 55.000 euros. Respecto al papel del Consistorio sostiene que es evidente que no se le puede exigir responsabilidad penal, «pero eso no significa que no deba hacerse responsable de indemnizar los daños y perjuicios causados a cuantos perjudicados consten y se declaren en el proceso».
