Más de la mitad de las mascarillas contra la Covid no superan los controles de Consumo

De las 135 intervenciones que Consumo llevó a cabo durante la campaña de 2020 para garantizar la calidad de las mascarillas de protección frente a la Covid, 73 incumplieron la normativa y solo 63 recibieron una valoración favorable. Como resultado de estas inspecciones, tuvieron que ser enviadas para su destrucción 3.738 unidades, ya que no era posible subsanar las deficiencias detectadas en ellas, como filtrado insuficiente o materiales de baja calidad, mientras que 70.325 fueron reetiquetadas, en ocasiones rebajando el nivel de protección anunciado inicialmente, y devueltas al mercado ya con todo en regla.

En algunos casos las autoridades regionales ordenaron a los establecimientos minoristas que comercializaban estas mascarillas devolverlas al importador o fabricante previa comunicación a las autoridades de las comunidades autónomas donde se encontraran los responsables, para que hicieran un seguimiento del control de la mercancía devuelta. El motivo es que, al permitir a los minoristas enviar el producto defectuoso a su proveedor, estos pueden reclamar los importes que abonaron por ellas, trasladando la responsabilidad al gran comercializador y liberando de las pérdidas al pequeño vendedor.

Otra de las grandes preocupaciones Consumo el pasado año fue la calidad de los desinfectantes. Durante la pandemia, decenas de miles de veces cada día, bayetas empapadas en este tipo de líquidos recorren las sillas y las mesas en las terrazas, los productos en los estantes de los supermercados, teclados y ratones en las oficinas, cajeros automáticos y pupitres para garantizar la ausencia de Covid. La cuestión que los inspectores de Consumo se hicieron en 2020, en plena expansión de contagios, fue si estos productos de efecto biocida que se estaban vendiendo como pan caliente en los comercios minoristas ofrecían las garantías necesarias para evitar la transmisión de la enfermedad. Para resolver la pregunta, tomaron 27 muestras al azar en tiendas de la Región de Murcia y las enviaron a analizar al laboratorio. Solo diez estaban en perfecto orden de revista mientras que los otros 17 incumplían la normativa vigente; y de estos últimos, diez lo hacían de tal forma que su efectividad contra virus y bacterias no estaba garantizada, ya que incumplían el citado reglamento estatal de productos biocidas y no estaban declarados en el registro pertinente de Industria, como obliga la ley. Por este motivo, a las empresas responsables se les tramitaron los correspondientes expedientes sancionadores. Algunas de ellas alegaron y continúan, a día de hoy, inmersas en un proceso en el que tendrán que demostrar que cumplían la legalidad. De no poder hacerlo, las sanciones a las que se enfrentan son de hasta 30.000 euros en el caso de incumplimientos tipificados como infracciones graves, o de entre 200 y 5.000 euros si son considerados leves.

Los siete desinfectantes restantes presentaban otro tipo de irregularidades de menor gravedad, sobre todo en lo referente al etiquetado. Cuestiones como tamaños de letra inferiores a los permitidos, datos de los responsables de obligatorio cumplimentado incompletos, o ausencia de alguna de las advertencias exigidas para estos productos. En estos casos, tras el requerimiento a las empresas de que subsanaran las deficiencias, procedieron a ello y los pudieron volver a poner a la venta.

La llegada de la pandemia también se dejó sentir en las denuncias recibidas en la Inspección de Consumo. La drástica reducción de la actividad comercial que la crisis sanitaria provocó hizo que se pasara de 987 en 2019 a 542, un 45 por ciento menos. Del mismo modo, se redujeron los expedientes derivados de los avisos emitidos por la Red de Alertas del Ministerio con repercusión en la Región de Murcia, que cayeron de 94 a 68 en el mismo periodo, y que supusieron la destrucción de casi 3.000 productos que no cumplían en materia de seguridad.

El Plan de Inspección de Consumo de 2021, publicado la pasada semana en el Boletín Oficial de la Región de Murcia se encuentra ya, según informaron fuentes de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, en «avanzado estado de ejecución» con el fin de velar por que los diversos operadores económicos que ofrecen sus productos o servicios a los consumidores de la Región cumplan la normativa legal que les es de aplicación. En él, Consumo contempla la realización de unas 10.000 actuaciones inspectoras este año.

En concreto, la Comunidad está ejecutando actualmente un total de 38 campañas de Inspección en coordinación con las demás autonomías, de las que 14 están centradas en el control de alimentos; 16, en productos industriales y juguetes y ocho, en la inspección de servicios. Además, continúan los controles a mascarillas higiénicas, con atención especial al cumplimiento de la nueva normativa aplicable desde principios de este mes de abril, más restrictiva que la anterior. A ello se añaden nuevas inspecciones a productos limpiadores y virucidas destinados a la higiene y desinfección de uso generalizado en la pandemia y el control que por primera vez se va a realizar de generadores domésticos de ozono.